CIUDAD DE MÉXICO (apro); Un tribunal federal dio seis meses a la Fiscalía General de la República (FGR) para que determine si servidores públicos de dicha institución y del propio Poder Judicial de la Federación (PJF) han bloqueado o no la decisión del reclamo por daño patrimonial del Estado que presentó la actriz Kate del Castillo por 60 millones de dólares.

El Noveno Tribunal Colegiado en materia Penal en la Ciudad de México concedió un amparo a Kate del Castillo para que la FGR ya determine la carpeta de investigación iniciada por una denuncia que la actriz presentó contra seis magistrados federales, cuatro jueces de Distrito y otros servidores públicos de juzgados y tribunales Colegiados en materia Administrativa a quienes señaló de cometer delitos contra la administración de justicia.

La protagonista de La Reina del Sur acusó que esos funcionarios han cometido omisiones y otras irregularidades para dilatar la resolución de la impugnación que presentó contra la decisión de negarle la indemnización que pedía al Estado mexicano por los daños supuestamente ocasionados al vincularla con Joaquín "El Chapo" Guzmán, otrora líder del Cártel de Sinaloa.

Pese a que su denuncia fue presentada desde el año 2019 es la fecha que el ministerio público federal no ha determinado si procederá o no penalmente contra alguno de los funcionarios señalados.

Por ello, tramitó un amparo ante el juez Tercero de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México quien le negó la protección constitucional, pero al impugnar el Noveno Tribunal Colegiado revocó dicha determinación y resolvió a favor de la actriz.

“Este tribunal colegiado advierte deficiencia que amerite ser atendida, con base en la suplencia de la queja. Por tal motivo, lo procedente será revocar la sentencia recurrida y conceder el amparo solicitado”, señala la sentencia emitida en el toca 25/2024.

“Se aprecia que ya ha transcurrido para la autoridad responsable un plazo razonable para que determine la carpeta de investigación”.

Por unanimidad los magistrados concedieron a la FGR un plazo de seis meses para que concluya la investigación contra los funcionarios del PJF y determine si existen elementos suficientes o no para presumir que cometieron delitos contra la administración de justicia.

En la reclamación de daño patrimonial del Estado presentada por Kate del Castillo, la actriz afirmó que sufrió afectaciones a sus bienes y derechos como consecuencia del actuar irregular de diversas autoridades en la integración de la averiguación previa PGR/SEIDO/UEDICS/523/2015 iniciada en su contra.

En dicha indagatoria, la extinta PGR buscó acreditar que la actriz tenía vínculos con el Cártel de Sinaloa, luego de que ella sostuviera un encuentro con “El Chapo” Guzmán para grabar una película de su vida.

Entre los funcionarios señalados en esa reclamación, por la que Kate del Castillo exigió al gobierno el pago de una indemnización por 60 millones de dólares, se encuentra la ex titular de la PGR, Arely Gómez, quien difundió en conferencia de prensa que la actriz era investigada por la Procuraduría y que este seguimiento ayudó a capturar a Guzmán Loera en 2016.