MORELIA, Mich (Proceso).– A dos años y medio de la llegada de Marco Antonio Tinoco Álvarez a la Presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Michoacán los ciudadanos de este estado se sienten indefensos por la deficiente atención que reciben los denunciantes.

En un contexto de violencia causada por los grupos criminales, el defensor de derechos humanos ha sido denunciado por hostigamiento y malos tratos contra el personal del organismo.

La presidenta de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso estatal, Margarita López Pérez, advierte que la ciudadanía se encuentra “en completo estado de indefensión” en materia de derechos humanos, pues la CEDH “ha tenido un desempeño nulo; parece que está acéfala, su titular se la pasa viajando y trata muy mal a su personal y a quienes van a pedir apoyo”.

Madre de Yahaira Guadalupe, desaparecida en 2011, la legisladora dice a Proceso que “hasta ahora en todas las actividades que hemos tenido como madres buscadoras y rastreadoras, Marco Antonio Tinoco jamás se ha interesado en asistir a darnos acompañamiento, cuando es su obligación; los que a veces van son visitadores, pero no el presidente, pese a que se le ha invitado”.

Así también, desde el nombramiento de Tinoco Álvarez como titular de la CEDH, el 18 de agosto de 2021, se registró una notable caída en el número de recomendaciones emitidas por ese organismo hacia autoridades responsables de violación a los derechos humanos.

De acuerdo con los datos difundidos por la propia comisión en su sitio web, el año con el menor número de recomendaciones enviadas por el ombudsperson desde que se tiene registro público fue 2023, con únicamente 12 casos, mientras que en lo que va de 2024 no ha emitido ninguna.

En 2021, por ejemplo, fueron dictadas un total de 52 recomendaciones, pero todas fechadas antes del arribo del actual presidente al puesto, quien durante los cuatro meses y medio restantes del año no produjo ninguna, y a lo largo de 2022 la cifra se redujo a 22, menos de la mitad en comparación con el año previo.

Respecto de los malos tratos al personal, el 16 de noviembre de 2023 la visitadora regional en Morelia, Reyna Lizbeth Ortega Silva, denunció por discriminación a Tinoco Álvarez ante la Fiscalía General del Estado (FGE), donde el expediente se encuentra actualmente en fase de integración.

A partir de esa denuncia, la FGE emitió una orden de restricción mediante la cual prohibió al titular de la CEDH acercarse o intentar establecer trato directo con Ortega Silva.

La denunciante narra en entrevista que desde principios del año pasado empezó a sufrir, de parte del presidente, un trato laboral “discriminatorio, violento, con faltas de respeto, limitando la actividad laboral dentro de la comisión”.

El funcionario, añade Reyna Lizbeth Ortega, “no permitía que nosotros como integrantes de la Visitaduría Regional de Morelia saliéramos a realizar actividades o diligencias establecidas por ley, teníamos prohibido ser muy visibles”, a la vez que le hacía reclamos en el sentido de que ella pretendía sucederlo en el cargo.

Además, el titular del organismo “emprendió una serie de ataques hacia mi persona, con faltas de respeto por mi forma de vestir, por mi aspecto y diversas cosas que en una institución de derechos humanos es lo que protegemos: el derecho a la libre personalidad, la libertad y la dignidad”.

Dos meses después de que interpuso su denuncia, Ortega presentó su “renuncia forzada” a la visitaduría, pues “por estar limitada desde adentro es complicado ayudar a la ciudadanía”.

La ahora exvisitadora considera haber tomado “la decisión más coherente, aunque creo que yo no fui la persona que debió haber salido, pero todo fue con un interés de que la ciudadanía pudiera tener mejor atención y de que el tema legal de la denuncia pueda continuar sin ninguna limitante”.

A principios de noviembre de 2022 trabajadores de la CEDH tomaron las instalaciones del organismo con la exigencia de la renuncia de Tinoco Álvarez, a quien acusaron de violencia de género, hostigamiento, ofensas y vejaciones laborales, entre ellas la reducción salarial a algunos empleados.

Derivado de lo anterior, ocho empleados presentaron ante el Congreso demandas de juicio político contra el ombudsperson, que fueron subidas al pleno por la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura, Laura Ivonne Pantoja Abascal, quien dijo que además de los malos tratos al personal “no se han dado los resultados esperados debido a que más de 80% de las quejas presentadas por los ciudadanos han sido archivadas”.

Las demandas fueron turnadas a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, que posteriormente, sin ir al fondo del asunto, las declararon improcedentes por cuestiones de forma.

Presidente “inamovible” e “intocable”

Este corresponsal solicitó una entrevista con el presidente de la CEDH para conocer su versión sobre los señalamientos en su contra, pero no fue concedida y su oficina de Comunicación Social sólo respondió que todos los asuntos fueron desechados “al no comprobarse los dichos”, aunque no se refirió a la denuncia de la visitadora Reyna Ortega que se ventila ante la FGE.

Precisamente a propósito de esta denuncia, en noviembre último la CEDH emitió un pronunciamiento en el que afirmó que “el proceder con el personal que integra la institución ha sido de respeto y tolerancia a las condiciones propias, para generar un trabajo de calidad y calidez a la ciudadanía, respetando como primer elemento el principio de legalidad y seguridad jurídicas, como pilares del Estado de Derecho”.

El organismo argumentó: “Desde la actual presidencia de la CEDH se están rompiendo inercias al interior del organismo autónomo, lo que trae algunas resistencias a servir a la ciudadanía”.

El posicionamiento puntualizó en su momento que “no se realizarán mayores declaraciones al respecto en tanto la situación se resuelve en tribunales”.

En la solicitud de entrevista también se mencionó entre los temas las diferencias que han trascendido con algunos diputados en torno a la CEDH, pero la vocera del organismo sólo envió por escrito la siguiente declaración de Tinoco Álvarez:

“La relación que tenemos con el Congreso del Estado es institucional y de respeto. Hemos comparecido a aclarar puntos cuando hemos sido llamados y las y los legisladores nos han escuchado cuando hemos requerido de su apoyo, lo que se ha visto materializado, por ejemplo, en materia presupuestal y me refiero a todas y todos los legisladores, hemos tenido su atención y nos respetan en nuestras funciones y atribuciones legales”.

En diciembre último la diputada Laura Ivonne Pantoja declaró que está buscando vías alternas para promover la destitución del presidente de la CEDH, pues “no podemos ver que se ha incrementado la violencia contra otras trabajadoras”, como el caso de la exvisitadora que mantiene su denuncia vigente ante la fiscalía estatal por haber sufrido actos de discriminación, así como la situación de otra trabajadora que también interpuso una denuncia.

A su vez, la diputada Margarita López insiste en que “hay muchísimas anomalías en la CEDH porque alguien debe estar apadrinando a este señor que es inamovible, no se le puede hacer nada, no se le puede convocar a nada, porque es alguien intocable; puede hacer lo que se le pegue la gana, no asistir, tratar mal al personal y a las personas que van a presentar quejas”.

Reyna Lizbeth Ortega espera que, cuando se nombre al próximo ombudsperson, “ojalá los legisladores le pongan atención a los perfiles, no sólo académico o de capacidades, sino de un perfil que tenga realmente esa humanidad para estar al frente”.