CHIHUAHUA, Chih. (proceso.com.mx).- El excoordinador de Comunicación Social durante la administración de Javier Corral, Antonio P. recibió por liquidación un pago de 165 mil 530 pesos en 2018, presuntamente ordenado por Arturo F. V., exsecretario de Hacienda.

A Antonio P. ayer le formularon cargos por el delito de peculado tras recibir dicha cantidad, la cual no estaba justificada.

Arturo F. se encuentra en calidad de prófugo desde el 9 de mayo, ya que está acusado y con orden de aprehensión por el delito de peculado agravado por la cantidad de 98.6 millones de pesos.

La audiencia de formulación de cargos se llevó a cabo ayer contra Antonio P. quien se desempeñó como coordinador de Comunicación Social durante la administración de Javier Corral desde septiembre de 2016 a diciembre de 2018.

El exfuncionario está preso desde septiembre del año pasado por una acusación de uso indebido de funciones, al presuntamente dar contratos por 9.3 millones de pesos a empresas sin licitaciones, o con licitaciones simuladas.

El agente de la Fiscalía Anticorrupción expuso en la audiencia que Antonio P. recibió un pago en cheque por la cantidad de 160 mil 530 pesos una vez que dejó el cargo, bajo el concepto de Pago por Única Vez, el cual no está justificado en la administración estatal, pero que fue por orden del exsecretario de Hacienda.

Al parecer, este pago fue a manera de liquidación, a pesar de que el imputado renunció a la coordinación que encabezaba y que dejó en medio de los señalamientos por la supuesta entrega de los contratos.

Apuntó que la evidencia señala que además de que recibió el cheque, este fue cobrado, a pesar de que era irregular, lo que representa que el exfuncionario formó parte de este acto de peculado.

La audiencia tuvo un retraso de cuatro horas, debido a que el imputado expuso que no fue notificado que estaría en audiencia, por lo que su abogado no estaba en la ciudad y la jueza decidió esperar en apego al derecho del acusado de decidir respecto a su defensa. La audiencia estaba programada a las 11 de la mañana, pero comenzó alrededor de las tres de la tarde.

La jueza determinó que será el miércoles a las 11 de la mañana cuando inicie la etapa de vinculación a proceso, mientras que impuso la medida cautelar de prisión preventiva, y un plazo de tres meses para las investigaciones complementarias.