El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, propondrá ordenar a la Fiscalía General de la República (FGR), investigar los casos de tortura ocurridos durante la “Guerra Sucia” y que determine en un año si procederá o no contra quien resulte responsable.

El próximo miércoles 20 de marzo, el ministro presentará su proyecto ante la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en el que se busca confirmar un amparo concedido a un grupo de personas que afirman haber sido torturadas en 1972 en el estado de Guerrero.

De esta forma, el ministro prevé revocar una resolución dictada en 2022, en la que la FGR decidió no investigar los hechos denunciados, por considerar que los delitos cometidos en aquellos tiempos ya prescribieron.

Si la Sala aprueba la propuesta, la Fiscalía estará obligada a investigar nuevamente los hechos tomando en consideración los hallazgos de los grupos conformados por el gobierno de Vicente Fox y el actual para conocer lo que realmente ocurrió durante la “Guerra Sucia”.

”El Ministerio Público deberá tomar en cuenta el Informe Histórico realizado por la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, así como el informe final de la Comisión de la Verdad para la Investigación de las Violaciones a los Derechos Humanos Durante la Guerra Sucia de los años 60 y 70’s del estado de Guerrero”, señala el proyecto.

Igualmente ordenará que se atiendan todas las recomendaciones que se hayan emitido, respecto a lo sucedido en aquella época.

“Debido a la importancia que esta Suprema Corte le ha dado a las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en los procesos penales, la autoridad responsable podrá tomar en cuenta todas las recomendaciones que se han emitido respecto a los hechos ocurridos en la `guerra sucia´”, agrega el documento.

En su proyecto el ministro indicó que la FGR contará con un año para determinar si quedó acreditada la tortura denunciada y proceder penalmente contra los responsables.

Esto al considerar que las víctimas tienen derecho a conocer la verdad y que la tortura es un delito de lesa humanidad imprescriptible.

“De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Interamericana, al haber sido la tortura una práctica sistemática constituyó un crimen de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptible. Si bien en aquella época no se tipificaba la tortura como delito, lo cierto es que en la actualidad se debió analizar dicha conducta delictiva”, explica el proyecto.