CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Familiares de víctimas de la Guerra Sucia exigieron a la Fiscalía de Guerrero la entrega de los restos que fueron exhumados hace seis meses, y castigo para los militares responsables de las ejecuciones.

Se trata de los familiares de Bartolo Rojas Nazario, Eduviges Ovillado Ortiz, Francisco Rojas Nazario, Gervasio Bernardino Durán, Pablo Rojas Terán, Apolonio Hernández Bernardino y José Isabel Rojas Bernardino, quienes fueron desaparecidos de manera forzada, asesinados y sepultados en fosas clandestinas entre 1971 y 1974 en la sierra de Ajuchitlán del Progreso y San Miguel Totolapan.

Estas ejecuciones fueron parte del plan Telaraña, una operación del Ejército, la Dirección Federal de Seguridad y la policía motorizada de Guerrero para perseguir y tratar de erradicar a integrantes de organizaciones disidentes al régimen.

Las víctimas de desaparición forzada, tortura y ejecuciones extrajudiciales fueron cientos de campesinos por el sólo hecho de vivir en la sierra de Guerrero o contar con el apellido de los guerrilleros Lucio Cabañas o Genaro Vázquez Rojas.

Este domingo, unos 50 familiares de víctimas del periodo de represión conocido como Guerra Sucia acudieron a las oficinas de la fiscal general, Sandra Luz Valdovinos, para solicitar una audiencia y pedir la entrega de los restos exhumados de siete personas del 4 al 8 de septiembre de 2023 en fosas clandestinas en Ajuchitlán del Progreso.

También solicitaron a la Fiscalía y a las Comisiones estatales de búsqueda de personas la búsqueda y exhumación de José Santos Rojas, cuyos restos se encontrarían en la sierra de San Miguel Totolapan, cerca de la comunidad Palos Altos.

Santos Rojas tenía 22 años cuando fue detenido, torturado y asesinado extrajudicialmente en 1974.

Octaviano Gervacio Serrano, hijo del desaparecido Octaviano Gervacio Benítez y representante del Colectivo de Esposas e Hijos de Desaparecidos y Desplazados de la Guerra Sucia, informó que la fiscal no los quiso recibir justificando que aún se encontraba en la entrega recepción de sus oficinas después de que desistió a su licencia temporal y de correr al vicefiscal que propuso como encargado de despacho.

Las víctimas indirectas provienen de comunidades ubicadas en la sierra de Atoyac, Ajuchitlán y San Miguel Totolapan y permanecerán en la capital del estado hasta que la titular de la Fiscalía los reciba.

En el escrito que entregaron a la fiscalía piden que de manera inmediata se les entreguen los restos de las personas que fueron exhumadas en septiembre de 2023.

Y “que se continúe con las investigaciones para castigar a los militares que ejecutaron sumariamente a nuestros familiares”.

También piden que el Estado mexicano se haga responsable de los gastos funerarios.

Gervacio Serrano aseguró que la Fiscalía de Guerrero no tuvo el equipo ni material científico para analizar las pruebas genéticas, por lo que tuvo que pedir apoyo de la Fiscalía de la Ciudad de México.

“Tenemos información que ya están prácticamente listos los peritajes de identificación genética plena. Ya tenemos la información de que fueron identificados”, dijo.

 

A los familiares, agregó, también se les aplicaron cuestionarios donde dieron características de la ropa, calzado y señas particulares de sus cercanos.

“Sabemos quiénes son, hay plena certeza, hay manera de corroborar”, enfatizó.

Las víctimas indirectas, aseguró, temen que los restos de sus familiares puedan ser extraviados por el exceso de cuerpos y restos que a diario recibe la morgue de la Fiscalía estatal.

“Apelamos a la voluntad de los funcionarios para la entrega de los restos y que se continúen las investigaciones. Los responsables aún están con vida, están jubilados, algunos tienen grados de coroneles y generales en retiro. Gozan de reputación y honorabilidad que no les corresponde”.

 

Acusó que los responsables ni siquiera han sido citados a comparecer.

Plan telaraña

Joel Hernández Rojas asegura que la operación Telaraña se ejecutó por el Ejército en 1971 y que fue una irrupción coordinada en la Costa Chica, la sierra de Atoyac y de Ajuchitlán del Progreso, en las regiones Costa Grande y Tierra Caliente.  

Su padre Apolonio Hernández Bernardino fue mancillado, torturado y masacrado por el Ejército en lo alto de la sierra en 1971, junto a su primo José Isabel Roas Bernardino. Ambos fueron sepultados en una fosa clandestina en el cerro de las Desdichas en el municipio de Ajuchitlán del Progreso.

“La operación estuvo en la Costa Chica, la parte de la Costa Grande en Atoyac y parte de la Tierra Caliente subiendo por Ajuchitlán”.  

 

En el caso de su padre, dice, el ejército salió del cuartel de Iguala y se estableció en los límites de Ajuchitlán para subir a la sierra.

“En ese mismo operativo telaraña, el ejército estuvo en el Ticui en el municipio de Atoyac y subió a la zona cafetalera.

“Y en la Costa Chica, en ese mismo operativo los mismos días, fue en San Luis Acatlán y subió hacía la sierra”.

Añadió que todos los nombres de los militares involucrados y del general que dio la orden en las ejecuciones extrajudiciales, mucho de ellos con vida, están en el expediente que se buscó en la Secretaría de la Defensa Nacional cuando se abrieron los archivos a la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990.