CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que el juez que ordenó cancelar el caso del Viaducto Bicentenario fue el mismo que el 29 de junio de 2023 absolvió al ex magistrado de Circuito, Isidro Avelar Gutiérrez acusado de enriquecimiento ilícito.

Este jueves la FGR recordó que el juez Daniel Ramírez Peña, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México “Altiplano”, fue quien dictó sentencia absolutoria a favor del ex magistrado Avelar en la causa penal 519/2019 en una resolución que calificó de “aberrante”.

“En esa aberrante sentencia absolutoria, esgrimió en contra de jurisprudencia expresa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y llegó al extremo de manifestar que era respetable que los jueces realicen actos ilícitos, siempre y cuando sea en el marco de su vida personal”, reprochó la FGR.

En el año 2019 Avelar Gutiérrez fue señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos junto con Roberto Sandoval, ex gobernador de Nayarit, de tener vínculos con el CJNG, por lo que la FGR le imputó y lo llevó a juicio por enriquecimiento ilícito al detectar un incremento en su patrimonio de más de 12 millones de pesos por la venta irregular de un inmueble.

El ministerio público federal señaló que en noviembre de 2011, cuando era magistrado Unitario en Guadalajara, Jalisco, Avelar Gutiérrez recibió en una de sus cuentas tres depósitos por 12 millones 20 mil 474 pesos sin acreditar el origen de esos ingresos.

Sin embargo, el juez Ramírez Peña señaló que el ilícito no lo cometió en el marco de la función pública que Avelar desempeñaba sino en su vida personal, por lo que no encuadraba el delito de enriquecimiento ilícito.

“Siempre un argumento tramposo para absolver a los responsables”, acusó la FGR mediante un comunicado.

Proceso informó que ayer el juez Ramírez Peña rechazó vincular a siete personas, entre ellos ex directivos de OHL-Aleatica por asociación delictuosa y explotación a un bien de la nación en el caso Viaducto Bicentenario.

En ese asunto, la FGR argumentó que la empresa no contaba con una concesión federal para explotar el tramo carretero que construyó, por lo que se generó un daño al erario de 8 mil 403 millones 242 mil 312 pesos, sin embargo, el juez consideró que la Fiscalía no acreditó que existiera un delito.

Por ello, la FGR indicó que ya inició los procedimientos legales correspondientes para acreditar que se condujo de manera “ilegal, abusiva y parcial, en contra de los intereses de la Nación”.