CHILPANCINGO, Gro.  (apro).- Un juez federal dictó prisión preventiva pero no vinculó a proceso a dos de los tres policías implicados en la muerte del estudiante de Ayotzinapa, Yanqui Kothan, informó el Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia, Minerva Bello (Centro Minerva).

La noche de este jueves, el director del Centro Minerva, José Filiberto Velázquez, informó el resultado de la audiencia de ocho horas en el Poder Judicial Federal en Acapulco por el caso del homicidio del estudiante ocurrido el 7 de marzo pasado.

El defensor de derechos humanos afirmó que un juez federal sólo dictó prisión preventiva a dos de los tres policías implicados en la muerte del normalista.

Se supo que la defensa de los agentes solicitó la ampliación del término de 72 a 144 horas o seis días.   

Filiberto Velázquez informó que personal de la Fiscalía General de la República les notificó que continúa con la búsqueda del policía estatal prófugo acusado de haber disparado contra el joven de 23 años esa noche en un retén ubicado en el antiguo libramiento de Chilpancingo a Tixtla.

Dijo que la exigencia de la representación legal de los estudiantes y familiares es que las autoridades agilicen la búsqueda del probable responsable.

La noche del jueves 7 de marzo, los agentes del Grupo Centauro de la Policía Estatal apuntaron con sus armas a la camioneta tripulada por dos normalistas de Ayotzinapa. Un tercer estudiante habría bajado a una tienda a comprar, por lo que el vehículo estaba detenido.

Yanqui Rothan decidió dar marcha al vehículo para dar una vuelta en U, fue en ese momento que los policías dispararon a las llantas y contra los estudiantes, uno de los balazos dio en la cabeza de Yanqui quien murió minutos después en un hospital.

El gobierno de Evelyn Salgado a través del secretario de seguridad, el general brigadier, Rolando Solano Rivera y el secretario de gobierno, Ludwing Marcial Reynoso difundieron la versión de que la camioneta tenía reporte de robo y que los estudiantes no quisieron detenerse en un filtro de revisión para recuperar vehículos robados. 

Además, de que los jóvenes habrían disparado primero contra los agentes.

Dos días después la Fiscalía de Guerrero desechó la versión y anunció una investigación contra los agentes estatales como probables responsables de homicidio calificado y que iba a remitir copia de sus actuaciones a la Fiscalía General de la República.

El caso ha provocado protestas radicales de los estudiantes con saldo de cuatro patrullas de la policía estatal y la Guardia Nacional incendiadas, quema de 11 vehículos en la fiscalía estatal, 15 agentes lesionados de la Guardia Nacional y cuatro ministeriales.

Además de la renuncia del secretario de seguridad, Rolando Solano, y del secretario de gobierno, Ludwing Reynoso, así como la petición por parte de la gobernadora de la remoción de la fiscal general, Sandra Luz Valdovinos.