CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), determinó que el Congreso de Tamaulipas tendrá la última palabra sobre el desafuero de funcionarios estatales, acusados por delitos federales.

Por mayoría de ocho votos, el Pleno aprobó la propuesta de la ministra Ana Margarita Ríos Farjat para validar un decreto publicado en el periódico oficial estatal en junio de 2021, que impugnó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a través de una acción de inconstitucionalidad.

Dicha reforma blindó, en su momento, al ex gobernador de la entidad, Francisco Javier García Cabeza de Vaca contra la declaración de procedencia que el Congreso de la Unión le había emitido y que no fue adoptada por los legisladores tamaulipecos.

En su ponencia, Ríos Farjat explicó que su postura se justifica en que, de una interpretación constitucional, se concluye que los juicios políticos contra funcionarios locales se limitan a la competencia de los estados.

“Si de los delitos locales se encargan los estados, y de los federales la Federación, parecería una ecuación lógica suponer, que la remoción del fuero por delitos locales corresponde a los estados y la remoción del fuero por delitos federales a la Federación”, planteó.

“Esa lógica olvida que la remoción del fuero de un servidor público local, aunque sea por delitos federales, tiene un impacto jurídico, político y de gobernanza en la entidad local, de hecho este es el estándar del artículo 111 constitucional”.

Contra este argumento se posicionó Yasmín Esquivel Mossa, quien consideró que la competencia de legisladores locales o federales en este tipo de asuntos, debe fijarse con base en el tipo de delito de que se trate. 

“En mi opinión, las legislaturas locales no pueden inmiscuirse en la determinación de si procede o no retirar el fuero ni los diputados federales pueden entrometerse en decidir el procedimiento que deba seguirse en cada entidad federativa para cubrir la ausencia del funcionario desaforado, cada órgano legislativo tiene un papel muy distinto en el juicio de procedencia: el federal retira el fuero, el local cubre la ausencia”, manifestó.

En esta misma tesitura se posicionaron Lenia Batres Guadarrama, y Loretta Ortiz Ahlf, el resto de ministros votaron a favor de la propuesta.

En 2022, la Primera Sala sostuvo el mismo criterio al anular una orden de aprehensión contra García Cabeza de Vaca, acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) por lavado de dinero y delincuencia organizada.