CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Durante la discusión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el juicio político en el estado de Tamaulipas, el desafuero del presidente Andrés Manuel López Obrador, las alusiones, descalificaciones y llamados al respeto, evidenciaron la tensión que existe entre los ministros.

Este martes los integrantes del Pleno de la Corte discutieron un proyecto presentado por la ministra Margarita Ríos Farjat que proponía validar un decreto publicado en el periódico oficial tamaulipeco en junio de 2021 mismo que fue impugnado por el presidente López Obrador.

El decreto fue sobre las reformas a los procesos de desafuero por delitos federales contra los funcionarios tamaulipecos en las que se estableció que la última decisión sobre el juicio de procedencia la tendrían los diputados locales, independientemente de lo que considere el Congreso de la Unión, tal como ocurrió con el caso del ex gobernador, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

La propuesta de Ríos Farjat apuntaba a avalar la reforma impugnada al considerar que el desafuero de servidores públicos locales, aunque hubieran cometido delitos federales, tiene un impacto jurídico, político y de gobernanza en la entidad de que se trate.

La ministra Lenia Batres solicitó la palabra, misma que le fue concedida por la presidenta de la Corte, Norma Piña quien no la volteó a ver.

En su intervención Batres manifestó su oposición al proyecto y calificó de ofensivo el planteamiento que realizó.

“Le atribuye a su decisión de manera más que ofensiva, porque contraviene claramente el propio texto constitucional federal, le atribuye a esa decisión local, carácter definitivo e inatacable”, señaló la ministra designada directamente por el presidente López Obrador.

La llamada “ministra del pueblo” finalizó su intervención con una sonrisa irónica dirigida a la presidenta de la Corte.

“Aquí termino mi intervención, señora presidenta. Gracias”, dijo.

Inmediatamente se gestó una lluvia de palabras entre Piña y Batres.

“Aludió usted a una cuestión de discrecionalidad y subjetividad de la Corte. En este caso, los asuntos que se vieron no fueron de la Ministra Ríos Farjat, fue Colima del Ministro Pardo, y en este asunto no estamos viendo procedimiento legislativo, estamos analizándolo, estamos analizando así”, precisó la ministra presidenta.

“Exactamente, una norma, varias normas, presidenta”, replicó Batres, “justamente por eso es que me atrevo a asegurar lo que estoy diciendo, y como ha comentado usted en otros momentos de que no se trata de diálogo, simplemente asumo mi posición y la dejó asentada en ese sentido. Muchas gracias, Ministra”.

Visiblemente molesta y ya sin mirar nuevamente a su interlocutora, Piña recordó que lo que estaban discutiendo en ese momento era el procedimiento legislativo, como se había acordado por el Pleno previamente.

“La respeto, pero lo hemos repetido hasta el cansancio, la primera fase de esta tribuna, en una primera fase, estudiábamos de oficio el procedimiento legislativo; es decir, sin conceptos de invalidez. Posteriormente, por una decisión mayoritaria que, incluso, yo voté en contra, se determinó que sólo existiendo conceptos de invalidez se podía estudiar. Y los que vimos en Colima, jurídicamente fueron explicados en función de cada uno de los asuntos. Para que también quede asentado mi participación”, enfatizó.

En su turno, Luis María Aguilar exhortó a sus colegas -sin mencionar nombres- a siempre considerar conducirse con respeto.

“Podemos o no estar de acuerdo con lo que opinan nuestros compañeros e integrantes también de los órganos colegiados, pero siempre he visto que se ha aceptado eso como una disidencia pero no con argumentos o calificaciones que puedan ameritar adjetivos indebidos, de menosprecio o descalificación de quienes no coinciden con nosotros”, advirtió.

Posteriormente la ministra Piña se dirigió de nueva cuenta a Batres quien acababa de solicitar la palabra.

“Por alusión personal ¿Pide la palabra?”, cuestionó la ministra presidenta.

“No, ministra a menos que se refiera usted a la intervención del ministro y el ministro asuma que se refiera a mí, si no, no sé porqué me pregunta eso”, reviró Batres.

Irónicamente, luego de la intervención de Batres la ministra Piña precisó que ella y Batres pueden no compartir ideas pero se respetan.

Juan Luis González Alcántara Carranca, amenizó el debate pero respaldando el proyecto de Ríos Farjat y recordó cuando en 2005 el presidente López Obrador, quien en esta ocasión impugna la reforma de Tamaulipas, fue sujeto a un proceso de desafuero cuya última palabra la tuvo el Congreso capitalino.

“Recordemos el caso del desafuero del hoy Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador en un asunto similar, es decir, en la controversia constitucional 23/2005, la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal hizo valer que el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, es decir, Andrés Manuel López Obrador debía de recibir el mismo trato constitucional que el resto de los Gobernadores de las entidades federativas y que, por lo tanto, (y enfatizo) en este punto era la Legislatura local quien debía tener la última palabra sobre el proceso de desafuero”, refirió.

Superados los momentos de tensión, los ministros avalaron con mayoría de ocho votos el proyecto de Ríos Farjat y determinaron que el Congreso de Tamaulipas tendrá la última palabra en los casos de desafuero contra funcionarios locales acusados de delitos federales.