CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El Sistema de Justicia Penal (SJP) de la Ciudad de México, está saturado, por lo que urge se implementen medidas para agilizar los procesos, así lo consideró México Evalúa.

De acuerdo con el informe “Hallazgos desde lo local 2022”, la asociación detectó que la capital tiene una tasa de congestión del 53.7%.

México Evalúa, explicó a Proceso, que lo anterior significa que de un total de 239 mil 595 denuncias en 2022, más de 120 mil no fueron determinadas por el Ministerio Público. 

A esto recomienda implementar audiencias concentradas que permitan la resolución de múltiples casos en un solo evento, para agilizar el proceso judicial.

A la anterior propuesta, agrega la necesidad de revisar la forma en que hoy están distribuidas las atribuciones dentro de la estructura del Ministerio Público local.

“Se fragmentan en múltiples operadores de acuerdo con la etapa o momento procesal del caso (investigación, judicialización, estrategias procesales, litigación, salas etc.), ya que en la práctica esto puede resultar en deficiencias u omisiones en la actuación del Ministerio Público, pues se fragmenta su actividad y se previene que una misma persona o unidad de investigación trabaje de manera diligente un caso de principio a fin”, señala el informe.

También, criticó el reciente procedimiento en el que Ernestina Godoy Ramos, buscó ser ratificada como Fiscal General de la Ciudad de México, del que dijo no fue claro, transparente ni democrático.

“La metodología de evaluación sobre su desempeño no fue clara ni detallada. La cédula de evaluación aplicada no fue transparente ni fue vinculante para la toma de decisiones por parte del Consejo Judicial Ciudadano. Además, el procedimiento no incorporó audiencias públicas en las que pudiera escucharse a la ciudadanía interesada”, menciona el documento. 

Por lo anterior, sugiere “remover del marco jurídico la posibilidad de que el cargo sea ratificado, ya que por su naturaleza se trata de un procedimiento cerrado y que detona incentivos no deseables en las instituciones”.

Otra propuesta que enlista la organización, es “resolver de manera expedita casos susceptibles de acuerdo reparatorio”, modalidad del nuevo sistema penal que la entidad lleva siete años implementando, por el que un delincuente acepta su culpa y conviene con la víctima cómo repararle el daño.

Esto porque los casos resueltos por esta vía, están por debajo del promedio nacional, ya que mientras en todo el país las 227 mil 457 canalizadas a los órganos de Mecanismos Alternativos De Solución De Controversias (OEMASC), un 6.2% se concluyeron por acuerdo reparatorio, en la capital de 6 mil 665 carpetas de investigación levantadas, sólo un 2.9% se resolvió por esta vía.