Armas de fuego
Hay más muertes por martillazos que por balas, dicen armerías demandadas por México
En una audiencia judicial, las armerías estadundienses argumentaron que sus acciones son protegidas por la Ley de Protección al Comercio Legal de Armas; México asegura que dicha ley no puede aplicarse en nuestro territorio.CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Las empresas fabricantes de armas a las que México demandó por el tráfico ilícito de sus productos a territorio nacional, afirmaron que hay más muertos por martillazos y otras causas que por heridas de arma de fuego.
Este jueves se realizó una audiencia ante la Corte Federal de Tucson, Arizona, en Estados Unidos, en la que en las armerías expusieron sus argumentos sobre la solicitud que presentaron para desechar la demanda de México.
Proceso informó que las cinco tiendas demandadas, Diamondback Shooting Sports, Inc. (Tucson); SNG Tactical, LLC (Tucson); Loan Prairie, LLC a.k.a. The Hub Target Sports (Tucson); Ammo A-Z, LLC (Phoenix); Sprague's Sports, INC. (Yuma), indicaron que México no tiene derecho a demandarlas, debido a que en Estados Unidos prevalece la Ley de Protección al Comercio Legal de Armas (PLCAA) que les da inmunidad contra los reclamos por los daños ocasionados por sus productos.
En tanto, el gobierno mexicano insistió en la importancia del litigio, en el que ha señalado que estas empresas son cómplices indirectas de la delincuencia organizada y que la PLCAA no tiene efectos extraterritoriales, porque los daños reclamados se ocasionan en México.
El equipo legal mexicano, encabezado por el director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Alejandro Celorio, añadió que en el caso de Tucson, Arizona, el vínculo entre las tiendas cerca de la frontera y México es mucho más fácil de identificar para atribuir la responsabilidad alegada.
Durante la diligencia, la jueza de Arizona destacó la resolución de una corte federal en Boston, que determinó que el caso planteado por México sí debe continuar al considerar que las empresas no gozan de inmunidad cuando con sus prácticas comerciales negligentes facilitan el tráfico ilícito de armas a México.
La jueza deberá determinar en los próximos meses si el litigio puede o no continuar.