CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Cada madrugada y a jornada completa, miles de personas asean las estancias del poder. Lustran los pisos por donde caminan altos funcionarios y burócratas, friegan los baños y mantienen relucientes los ventanales para estar en condiciones cuando inicien actividades.

Así, limpio, deben mantener lo mismo en secretarías de Estado que en ventanillas de atención al público; en hospitales o inclusive en Palacio Nacional. Discretos, apenas se le percibe en tarea cotidiana y su invisibilidad ocurre hasta en el desconocimiento general de que trabajan sin condiciones mínimas, por ejemplo, de seguridad social.

A casi tres años de publicarse el decreto para regular las formas de subcontratación en México, el llamado “oursourcing”, todavía está pendiente la “justicia laboral” prometida por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

A pesar que desde aquel momento se puso en marcha el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados y Obras Especializadas (REPSE), con el objetivo de vigilar a las empresas dedicadas al outsourcing, miles de trabajadores persisten sin acceso a este derecho y a las prestaciones que conlleva, mientras en paralelo se evaden millones de pesos en responsabilidades obrero-patronales y, entre estas, destaca el sector limpieza.

Por ejemplo, Armot Seguridad Privada y Servicios Institucionales es una de las empresas que ilustran lo anterior, con déficit en la inspección y supervisión que realizan la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPyS), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como las propias dependencias en las que opera.

De acuerdo con su Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en Materia de Seguridad Social, con corte al 18 de enero de 2024, resulta que la empresa tiene afiliados a mil 321 trabajadores, sin embargo, hasta esa fecha tendría que haber inscrito como mínimo a dos mil 643.

La suma de afectados ascendería al menos a mil 322, ya que la lista sería todavía mayor de atenernos a lo que ha ofrecido en sus contratos revisados por el reportero.

Para encargarse del aseo del AICM, la empresa debió afiliar desde mayo del año pasado a 702 empleados para la Terminal 1 y a 629 para la Terminal 2, a los que se añaden los que deberían estar activos por el convenio iniciado con el ISSSTE desde la misma fecha, pues se solicitó un mínimo de mil 312 afanadores. Sin embargo, si se considera a los 3 mil 280 fijados como máximo, el personal sin seguridad social ascendería a tres mil 290.

Tanto para el caso del AICM como del ISSSTE, Armot Seguridad Privada y Servicios Institucionales ganó en participación conjunta, en el primero de los casos con Servicios Inmobiliarios Iroa, Aseo Privado Institucional (API) y Joad Limpieza y Servicios; mientras que para el segundo se coronó vencedora de la mano de API, no obstante, se desconoce qué porcentaje de los trabajadores quedó a cargo de cada una de las integrantes, ya que la información no se hizo pública mediante Compranet, portal donde se transparentan las adquisiciones del gobierno.

Aunque de inicio el acuerdo con el Instituto cuyo titular es Pedro Zenteno terminaba en 2023, el 22 de diciembre pasado el servicio le fue adjudicado directamente a Armot y API junto con Servicios Inmobiliarios Iroa y Joad Limpieza y Servicios para todo 2024, por una bolsa que va de los 239 millones 468 mil pesos a los 598 millones 671 mil pesos, como consta en el oficio DAyF/SRM/JSG/01113/2023.

El desfase de afiliados que implicarían las operaciones de la firma en ambos espacios no solo afectaría a los trabajadores, sino al propio IMSS con montos que oscilarían entre tres millones 437 mil pesos y ocho millones 554 mil pesos mensuales. No obstante, este 28 de enero Armot Seguridad Privada y Servicios Institucionales comenzó un nuevo contrato, pero en el Instituto Politécnico Nacional (IPN), en donde la mano de obra estipulada para 145 inmuebles va de los mil 722 a los 4 mil 174 empleados, y quedará únicamente a su cargo, ya que ganó en solitario.

Incumplida vinculada

Desafortunadamente, Armot Seguridad Privada y Servicios Institucionales no es la única de las compañías que incurriría en prácticas irregulares. Limpiacero es otra de las razones sociales que a pesar de estar palomeadas en el REPSE no cumpliría con sus obligaciones, en perjuicio de los que menos tienen.

De acuerdo con el artículo 15 de la Ley del Seguro Social, “los patrones están obligados a: registrarse e inscribir a sus trabajadores en el Instituto, comunicar sus altas y bajas, las modificaciones de su salario y los demás datos, dentro de plazos no mayores de cinco días hábiles”.

En contraste, aunque Limpiacero amarró diversos contratos desde el primer día del año, para el 18 de enero los 776 afiliados ante el IMSS no coincidían con los empleados que debería tener a su cargo por los convenios con la SEP, la Secretaría de Hacienda, Conagua y el Metrobús capitalino.

Fue el 1 de enero pasado cuando los cuatro acuerdos comenzaron su vigencia, por lo que el mínimo de trabajadores que deberían estar inscritos sería de mil 375, de esta forma la evasión mínima llegaría a 599 trabajadores, con cuotas faltantes de más de un millón 557 mil pesos mes a mes, si se toman como base pagos obrero-patronales de 2 mil 600 pesos por cada afanador.

Pero el panorama se agrava al considerar las cantidades máximas, ya que quedarían sin seguridad social mil 152 elementos, con una bolsa de más de dos millones 995 mil pesos que el instituto dirigido por Zoé Robledo ha dejado de percibir mensualmente.

El de la SEP fue el único de los convenios en donde se requirieron como base a 415 empleados y como tope a 968; en la Secretaría de Hacienda se solicitaron a 400; en Conagua a 184; y en el Metrobús a 376 colaboradores, cantidad que se disparó dentro de la convocatoria, ya que dicho total no coincide con los 188 afanadores, 12 supervisores y seis coordinadores que se anotaron para las estaciones de las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.

Así, entre los afectados por ambas empresas se encontraría personal de limpieza asentado en puntos como la Ciudad de México, Nayarit, Veracruz, Puebla, Estado de México, Guerrero y Oaxaca.

La suma de las posibles evasiones mensuales de las dos compañías, el monto sin pagar iría de cuatro millones 994 mil pesos hasta más de 11 millones 549 mil pesos, con un máximo de cuatro mil 442 afanadores sin afiliación, incluso cuando desde el IMSS se prometió que este 2024 se intensificarían los planes de fiscalización.

Los ganones

De acuerdo con fuentes consultadas por este medio de comunicación, que requirieron resguardar su identidad, Armot Seguridad Privada y Servicios Institucionales, así como Limpiacero se encontrarían relacionadas a José Juan Reyes Domínguez y su hijo Luis Gerardo Reyes Mote.

A los dos se relacionan razones sociales como Limpieza Jored, Cleanium, Servicios de Nano Limpieza, Servicios Integrales Retimar, Grupo Puliza, Comercializadora de Servicios Reyson, además de Gerlim y Grupo Relissa Servicios Corporativos, estas dos últimas en donde han sido representantes Reyes Mote y su primo Francisco Javier Rodríguez Mote, respectivamente, por lo que los incumplimientos serían aún más altos.

Según detallaron, todas ellas participan en un esquema para evitar el pago de obligaciones obrero-patronales, aunado a que simularían competencia al presentar pequeñas diferencias de precios en los concursos donde participan, con el objetivo de que una de las opciones se coloque como la más barata.