CHILPANCINGO, Gro; (apro).- La crisis de seguridad en la capital de Guerrero en la que tuvo que mediar el clero mostró la debilidad del gobierno en la entidad, pero también la penetración del crimen organizado en actividades lícitas como el transporte, el comercio y la política.

Sus negocios abarcan desde la venta de pollo, clubes nocturnos y minas hasta el control de corporaciones policiacas, obras públicas y presupuestos de Ayuntamientos, explica el defensor de derechos humanos Filiberto Velázquez.

De hecho, los diputados de todos los partidos representan a distintas organizaciones criminales en el Congreso del estado.

Considera que estas organizaciones también están siendo utilizadas para dar golpes bajos, aunque en la próxima elección, vaticina, la entidad se pintará de color guinda.  

Desde hace una década, Filiberto Velázquez Florencio -desde el Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia Minerva Bello- brinda acompañamiento a familiares de víctimas en la Montaña baja y Centro de la entidad.

La tarde del viernes 16, el sacerdote de 39 años atiende a un grupo de reporteros en una oficina de redacción en el centro de Chilpancingo. Trae consigo una escolta que el gobierno federal le asignó tras un atentado que sufrió cuatro meses atrás en el contexto de labor pastoral en la sierra de Heliodoro Castillo.

—Cuéntenos padre la situación que está viviendo Guerrero con esta polémica que se ha generado con los acuerdos o búsqueda de diálogo que han hecho los obispos (con líderes criminales), se le plantea.

Hay un preámbulo y es el papel que desempeñó Don Salvador Rangel cuando fue obispo de esta Diócesis (Chilpancingo-Chilapa) que abiertamente hablaba de sus encuentros con diferentes líderes del crimen con la justificación de buscar acuerdos que beneficiaran a la población y a los sacerdotes en esta zona de conflicto.

Eso abrió la puerta, hizo un precedente del papel de la Iglesia en esta macro criminalidad que vivimos en el estado donde se afecta a toda la base social de la Iglesia que es el pueblo creyente.

El cura se refiere a la labor pastoral de Salvador Rangel en municipios de la Montaña baja donde recorrió todos los pueblos casi impenetrables por las corporaciones, se reunió con líderes y hasta medió en las elecciones locales junto a caciques como Rubén Figueroa Alcocer.

Fue tanta su influencia que, en la elección de 2021, todos los candidatos a la alcaldía de Chilapa y a diputados le fueron a pedir permiso para hacer proselitismo sin que sufrieran ataques.

En las elecciones de 2015 y 2018 ya se habían acumulado una docena de asesinatos de integrantes de campaña, aspirantes y candidatos tan sólo de municipio.

También al intento que en diciembre hicieron los cuatro obispos de Guerrero, José de Jesús González Hernández, Joel Ocampo Gorrostieta, Dagoberto Sosa y Leopoldo González González, de buscar un diálogo con criminales para pacificar sus regiones.

 Chilpancingo

La capital que alberga los tres poderes formales se paralizó por nueve días -del 5 al 13 de febrero- obligada por los crímenes contra siete choferes y un agente de tránsito, así como la falta de seguridad.

Los orquestaron dos organizaciones criminales ante la ausencia de autoridades y al margen de corporaciones policiacas y militares.

En ese lapso renunció como delegado de transportes de la zona centro Erasto Figueroa Durán después de ser amenazado de muerte por una organización criminal y la fiscal Sandra Luz Valdovinos solicitó permiso por seis meses.

En la entrevista el padre Filiberto reitera que fue el artífice de una tregua entre los líderes Celso Ortega de Los Ardillos y Onésimo Marquina de Los Tlacos.

Intercambió números y la mañana del martes 14 sin emisarios se realizó la llamada que puso fin a la zozobra de 200 mil ciudadanos. Se reclamaron y acordaron no afectar los negocios de uno y de otro.

—¿Y cuáles son?, se le pregunta

La distribución de pollo, de carne, de cerveza, Coca-Cola, clubes nocturnos y demás negocios lícitos que dejan más ganancias por el transporte y la venta de drogas, dice.

El acuerdo precisa no está en el territorio, sino en los negocios porque los comercios que tienen ambas organizaciones están en el mismo mercado.

La “tregua”, dice, presenta un precedente para que se vea la disponibilidad de que La Familia Michoacana y los Tlacos puedan llegar a estos acuerdos en la zona norte.

“Va a depender en que ellos dejen de arreglar sus asuntos con las armas, porque pueden arreglar sus asuntos hablando”.

Años atrás en la región de Chilapa el presbítero tuvo el primer acercamiento con “don Celso” cuando tuvo la necesidad de pedir por la liberación de un joven.

“Preferí rescatar a los jóvenes vivos que andar buscando sus restos”.

Y en 2023 cuando detonó un desplazamiento forzado de pobladores del Nuevo Poblado El Caracol acudió a atender a las víctimas. Ahí recibió un mensaje de agradecimiento del líder criminal de esa región.

“Escuchas a un ángel o a un diablo que te dice ‘si ya conoces a los dos que están en conflicto, ¿por qué no los reconcilias?’, mis mensajes tuvieron eco y los dos aceptaron”.

Más negocios lícitos

El defensor de los derechos humanos revela que en Guerrero las organizaciones criminales tienen un abanico de negocios lícitos.

De entrada, se apoderan de los ayuntamientos.  

Ponen o sugieren a los directores de Seguridad Pública porque es una manera de controlar la seguridad de esos territorios y de ahí viene lo demás: cargos, regidurías, contratos de obras públicas, maquinaria.

Parecen empresarios de la construcción.

“Al final un municipio tiene un ingreso y un presupuesto donde ellos imponen a las empresas y otorgan concesiones. Entre más municipios tengan, más ingresos generan”.

Las minas reditúan

—¿Por qué el crimen no toca a las mineras que están operando con normalidad en zonas conflictivas?, se le consulta al padre.

No es que el grupo tenga interés en explotar porque no tienen la tecnología ni el conocimiento, pero sí a toda la industria y economía que se genera alrededor.

Las organizaciones manejan la maquinaria, los sindicados y la cuota que se le ponga a la nómina de los trabajadores, indica.

“Esa es la intención de desplazar a la población para que se instalen mineras en su territorio. Controlar las que ya hay y cuando llegue una concesión, estar ahí para negociar esas partes”.

Año electoral

En el poder legislativo pasa lo mismo. En el Congreso del estado de Guerrero están representados la mayoría de los 16 grupos del crimen organizado que operan en el estado.

“En el Congreso están representados todos y sabemos de dónde vienen y cuáles son sus vínculos.

“Te das cuenta por las plazas que controlan y cómo operan en cada municipio, no porque ellos me lo hayan dicho, pero sí por quienes controlan y a quien hay que recurrir cuando hay algún problema”, dice.

En la elección que viene, de acuerdo a lo que ha escuchado de integrantes de grupos criminales, va a haber una tendencia de pintar el estado de guinda, el color Morena, el partido que gobierna el estado y el país.

También considera que la acusación que el líder criminal Celso Ortega hizo al medio Latinus de un supuesto financiamiento de los Zetas a la campaña de Andrés Manuel López Obrador en el 2006 es parte del contexto electoral.

“Estamos en un año electoral, son golpes bajos que se están dando entre partidos y no olvidemos que son los partidos políticos los que están vinculados con cada grupo”.

“Ya pasaron muchísimos años desde el 2006 a la fecha, es una eternidad en tiempos políticos, como para pensar que eso va a generar alguna polémica”, agrega.

Lo que sí generó fue una respuesta de la Fiscalía General de la República (FGE) el domingo 18 de febrero.

En dos párrafos la institución asegura que hay diversos expedientes a la organización criminal Los Ardillos y que se ha abierto un desglose con objeto que Celso O sea localizado.

En lo que eso ocurre, exhorta a aportar pruebas que den sustento a la declaración periodística.

Justicia restaurativa

Al presbítero se le plantea si en el horizonte hay la posibilidad de una amnistía por parte del gobierno para estas organizaciones criminales acepten desarmarse o dejar de realizar actividades ilícitas.

“Para eso se necesita un marco jurídico donde haya garantías para que ellos pudieran legalizar su situación y reincorporarse a una actividad económica legal.

“Es muy complicado porque hablamos de una justicia restaurativa y qué pasaría con las víctimas que ya se les han hecho daño. Aquí ellos tienen que mirar a los ojos a las personas y pedirles perdón.

Faltaría que el Estado ponga de su parte, es el eslabón que falta en esta iniciativa.

En Colombia, ejemplifica, el gobierno y la iglesia hacen labor para pacificar zonas que por décadas han sido muy violentas. Y han tenido éxito.

“Pero es complicado porque estamos hablando de una economía inmoral que tiene su origen, no solamente en Guerrero, que tiene sus brazos en otros países como Estados Unidos y ahí se topa uno.

“Por más interés que tengan los líderes locales para llegar a un cambio de actividades, habrá a ver si los dejan los que están más arriba”.

Para el defensor, es un paso que el presidente de México Andrés Manuel López Obrador haya quitado el estigma que su propio partido en Guerrero le había puesto al tema de los diálogos o pactos para pacificar las regiones.

—Ante la ausencia de las autoridades formales, ¿la gente debe de ver esto como algo normal? que la Iglesia medie para que estas organizaciones se pongan de acuerdo y alcanzar la paz.

“No debería de ser nuestro rol, pero nos toca hacerlo porque así está la situación. Entonces si el Estado hiciera su trabajo pues no teníamos nosotros que hacer esta parte”.

Su labor, dice, no es de abogados o jueces sino de ir a las conciencias.

“Interpelamos a que vean el bien mayor del pueblo que les está dando las riquezas que tienen”, finaliza.