BOGOTÁ (Proceso).- La activista en derechos humanos y especialista en temas de seguridad y defensa, Rocío San Miguel, quien fue encarcelada hace unos días por el régimen chavista de Venezuela de manera “arbitraria”, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), es una dura crítica del proceso de militarización que ha desarrollado el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador a lo largo de su gobierno.

En diferentes entrevistas con Proceso, San Miguel, una respetada dirigente social que es acusada por la fiscalía del régimen del presidente Nicolás Maduro de “traición a la patria” y “terrorismo”, señaló que la creciente participación de las Fuerzas Armadas en tareas de la gestión pública en México es un asunto “muy preocupante” que debe observarse en el “espejo venezolano”.

En febrero de 2021, cuando la militarización en México aún no llegaba a los niveles actuales, aseguró que, desde la experiencia venezolana, “los mexicanos deben estar alertas, porque cuando un gobierno le da soporte pretoriano, soporte militar, a sus políticas públicas, a sus políticas sociales, termina por partidizar a las Fuerzas Armadas”.

San Miguel, una abogada que ha dedicado varios años al estudio del proceso de militarización en Venezuela, explicó que el pretorianismo se entiende como la participación invasiva de los militares en las instituciones civiles y su utilización en proyectos políticos.

De acuerdo con la presidenta de la ONG Control Ciudadano y especialista en política internacional de la Universidad Central de Venezuela, si un gobernante soporta pretorianamente áreas como la seguridad pública, el reparto de ayuda social, la construcción de infraestructura y planes de salud “termina por dañar a la propia Fuerza Armada y a la sociedad y abre una ruta para la militarización de espacios civiles”.

Esto, afirmó, es lo que ocurrió en Venezuela y lo que ha ocurrido siempre que un país echa mano de las Fuerzas Armadas “para resolver los problemas de los políticos de turno”.

San Miguel fue detenida el pasado viernes 9 en el aeropuerto internacional de Maiquetía cuando se disponía a viajara a España con su hija Miranda Díaz, quien permaneció detenida junto con dos de sus tíos y su padre durante casi cuatro días.

La presidenta de Control Ciudadano es acusada por la fiscalía del régimen de participar en un complot cívico-militar para asesinar a Maduro, lo que para más de 200 organizaciones civiles y unos 400 activistas resulta increíble y, más bien, se trata de una presa política más del gobierno, que tiene en la cárcel a unos 270 opositores, dirigentes sociales y militares considerados “rebeldes”.

Agencias de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnistía Internacional, Human Rights Watch y gobiernos de varios países han exigido a Maduro la liberación de la activista, quien goza de gran prestigio por la seriedad de su trabajo en defensa de los derechos humanos y como investigadora de asuntos militares. 

San Miguel, maestra del Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional (Iaeden) de Venezuela, ha señalado al referirse al proceso de militarización en México que involucrar a los militares en labores de civiles termina por afectar un principio básico de la democracia: la subordinación del poder militar al poder civil.

Al final de estos procesos, afirmó, las Fuerzas Armadas se convierten en una megaestructura con enorme presupuesto, con las armas del Estado y con los servicios de inteligencia funcionando a su favor.

“Eso es el fin del Estado democrático”, ha dicho la presidenta de la organización civil Control Ciudadano, que produce informes regulares sobre el papel de los militares venezolanos en las tareas de gobierno.

El año pasado, por ejemplo, esa ONG publicó estudios sobre las personas ejecutadas por militares y policías –100 en sólo dos meses, abril y mayo 2023— y sobre la participación en el gobierno de oficiales de alto rango, los cuales tenían a su cargo el 36% de los ministerios.

En Venezuela, como ocurre en México, los militares están a cargo de los servicios de inteligencia y tienen funciones de policía en todo el territorio a través de la Guardia Nacional.

Una calca

Rocío San Miguel, quien ha sido investigadora del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa de la Nación, asesora del Centro de Estudios Militares Avanzados y profesora de la Escuela Superior de Guerra Naval en Venezuela, consideró hace tres años que el proceso de militarización que se observaba en esa época en México tenía “puntos en común” con el venezolano.

Aunque el gobierno del presidente López Obrador no ha promovido cambios en la doctrina militar ni ha abierto las puertas de Morena a candidatos castrenses, impulsa cambios constitucionales para trasladar la Guardia Nacional, que hoy está adscrita a la Secretaría de Seguridad, a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

López Obrador ha ampliado las funciones de las Fuerzas Armadas a ámbitos que van mucho más allá de la seguridad.

Los militares mexicanos construyeron y operan el Aeropuerto Felipe Ángeles, el Tren Maya, las sucursales del Banco del Bienestar, cuarteles de la Guardia Nacional y hospitales; controlan puertos y aduanas; combaten el “huachicoleo”; entregan ayuda social; reparten libros de texto y operan hospitales y, desde diciembre pasado, la aerolínea Mexicana de Aviación.

San Miguel ha criticado el traslado de estas responsabilidades a las Fuerzas Armadas porque constituye “una simplificación muy peligrosa por parte de políticos, que creen posible reemplazar con militares, con su capacidad logística, estructuras burocráticas del Estado que no funcionan”.

La especialista venezolana dijo que la decisión de López Obrador de entregar a la Armada y al Ejército la administración de las aduanas y los puertos mexicanos es algo que ya vivió Venezuela.

De acuerdo con San Miguel, hay aspectos de la irrupción de los militares mexicanos en áreas tradicionalmente manejadas por civiles “que parecieran estarse copiando al calco de Venezuela”.

Dijo que lo ocurrido en los principales puertos venezolanos, que pasaron en 2009 a control militar, “es exactamente igual” a lo que ocurrió en México.

“Todos los puertos nacionales del país, por donde entra la mercancía lícita, pero también la ilícita, y todos los aeropuertos del país, los controla la Fuerza Armada Nacional”, indicó.

Modelo de exportación

San Miguel señaló que el modelo de militarización “echa mano de las Fuerzas Armadas con el justificante de que la burocracia civil no funciona y de que hay que enfrentar los graves problemas de control territorial”.

Y esto, indicó, lo facilita el hecho de que en varios países de América Latina, México entre ellos, no se ha formado una elite civil para la conducción de políticas de defensa nacional.

En cambio, en naciones como Argentina, Chile y Brasil, donde los ministros de Defensa son civiles, esto sí ha ocurrido.   

La abogada y exprofesora de la Escuela Superior de Guerra Aérea consideró en 2021 que López Obrador estaba “importando” partes del modelo militarista del chavismo. 

“Hay muchos elementos geopolíticos que operan sobre nuestros países, y solo basta explorar comparativamente aquello que resulta exitoso en una parte para después aplicarlo como propio. Eso no es nada nuevo en política”, aseguró.

Y afirmó que, a juzgar por los hechos, tanto el soporte pretoriano del proyecto político como la participación de militares en áreas civiles “parecieran ser del gusto de López Obrador”.

Esto se facilita, dijo, porque las Fuerzas Armadas “no rinden cuentas horizontales, tienen fueros especiales y terminan siendo unas ‘cajas negras’ en nuestras sociedades, lo que facilita que generen focos de corrupción”. 

En Venezuela, aseguró, los tráficos ilegales de drogas, de minerales, de combustibles y de armas “tienen una alta participación de jefes militares”.

San Miguel ha señalado en forma reiterada que sus planteamientos no son antimilitaristas. Las Fuerzas Armadas, ha dicho, son necesarias para cualquier país, pero para que cumplan sus funciones las instituciones castrenses deben estar sujetas a la autoridad civil y a control democrático.  

“Lo que pasa –sostuvo-- es que los sectores de defensa en los países latinoamericanos se han manejado históricamente con opacidad. Los militares no rinden cuentas ni entre ellos. Y el nivel de recelo entre componentes (Ejército, Marina, Aviación) es enorme”.

De acuerdo con San Miguel, “estas experiencias nunca terminan bien”.