CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Al menos un centenar de organizaciones sociales y activistas en favor de los derechos de las personas en movilidad humana de México y Estados Unidos, alertaron a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre la crisis humanitaria que se avecina “si no se implementan acciones concretas en el corto y mediano plazo”, esto debido a los obstáculos del gobierno de Donald Trump para acceder al asilo y las acciones para detener personas en situación de migración irregular.

En una carta abierta dirigida a Sheinbaum, así como al canciller Juan Ramón de la Fuente y a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, los defensores de derechos humanos manifestaron su preocupación por la alta posibilidad de que el próximo presidente de Estados Unidos materialice sus promesas de campaña de impedir la migración irregular, “aumentar exponencialmente las deportaciones y reducir las vías de migración regular, permisos de residencia y programas de estatus temporal en Estados Unidos”, medidas que “podrían generar un escenario sumamente perjudicial tanto para las personas en movilidad humana en México como para aquellas de ascendencia mexicana que residen en Estados Unidos”. 

Las organizaciones y activistas exigieron a Sheinbaum Pardo garantías a la integridad de estas poblaciones, para lo cual presentaron 14 recomendaciones ante escenarios complicados en materia de migración, ante las posibles detenciones y deportaciones masivas, a través del aumento de controles migratorios y eliminación de programas como la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) y de permisos humanitarios.

Acompañadas de datos duros, los defensores exigieron a la actual administración “rechazar cualquier acuerdo bilateral que viole el derecho internacional de personas refugiadas y los derechos humanos”, así como no colaborar con Trump “en la implementación de expulsiones expeditas hacia zonas fronterizas”. 

Recordaron que, si bien durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se rechazó convertir a México en tercer país seguro, se admitieron políticas “que vulneran el derecho a solicitar y recibir asilo” como Quédate en México, el Título 42, sistema CBP One y diversas órdenes ejecutivas encaminadas a reducir la migración en Estaos Unidos.

Como consecuencia de la aplicación de esas medidas, entre 2019 y 2021 más de 71 mil personas fueran devueltas a México y  se registraran al menos mil 500 casos de violencia contra las personas bajo el esquema de Quédate en México, en tanto que la aplicación del Título 42 derivó en más de 2 millones, el 90% hacia México, “aceptando regresar a personas de El Salvador, Honduras, Guatemala, Venezuela, Nicaragua, Haití y Cuba”, documentándose más de 13 mil 480 casos de agresiones y violencia contra las personas expulsadas. 

Las organizaciones pidieron a Sheinbaum que exija al gobierno de Donald Trump que “respete y promueva el derecho de personas a solicitar y recibir asilo”; que negocie “un proceso gradual y transparente” para que las personas que se registran en el sistema CBP One, en busca de asilo, “puedan presentarse sin dificultades en los puntos de entrada de Estados Unidos”, considerando que cada mes unas 45 mil personas utilizan esta aplicación para intentar ingresar al país del norte. 

Las organizaciones y defensores pidieron al gobierno de Sheinbaum, fortalecer la representación jurídica en los 53 consulados mexicanos en Estados Unidos, y exigirle al gobierno de Trump “crear rutas humanitarias para las personas protegidas por programas como DACA”; aplicar una política de retorno seguro y digno, considerando que aproximadamente 5.1 millones de ascendencia mexicana viven en Estados Unidos; oponerse a la separación familiar, ante la amenaza de la política de “tolerancia cero”, que en su pasada administración generó que “más de 5 mil niñas, niños y adolescentes (NNA) fueran separados , y más mil 400 aúno no se han reunificado”.

De ahí la exigencia de cumplir la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley de Migración y la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político. 

Las organizaciones consideraron indispensable que el gobierno de Sheinbaum respete “el derecho al libre tránsito de las personas en México que buscan protección internacional en Estados Unidos”; que emita la documentación contemplada por la Ley de Migración para “garantizar la internación por razones humanitarias”; facilitar la solicitud de asilo a las personas que quieran permanecer en México, considerando que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) registra una “incapacidad operativa” y suele negar el refugio alegando la extemporalidad de las solicitudes; ante la posible cancelación del CBP One, que dejaría a muchas personas migrantes en México, las organizaciones y defensores urgieron “implementar una política de persecución y sanción” de delitos como secuestros, extorsiones, robos, tortura, desapariciones y violaciones a derechos humanos en agravio de migrantes. 

Las organizaciones manifestaron su preocupación debido a que, ante un escenario adverso, en el Proyecto de Egresos de la Federación para 2025, se redujo en 10% el presupuesto de la Comar, mientras que la reforma a la Guardia Nacional y a la Secretaría de la Defensa Nacional se les ampliaron facultades en materia migratoria, medidas contrarias a las necesidades de fortalecer a la Comar y de evitar la militarización de las fronteras. 

Las organizaciones y defensores pidieron a Sheinbaum “diseñar una política integral de migración y asilo enfocada en la integración duradera en colaboración con la sociedad civil”. Por ello la urgencia que se haga público “su enfoque estratégico de migración y asilo, que debe priorizar acciones hospitalarias, expansión de vías de migración regular y acceso a derechos como vivienda, identidad jurídica, educación, salud, trabajo, etcétera, permitiendo el desarrollo digno para las personas que transita, residen o retornan a México”. 

Al solicitar una reunión para abundar sobre las propuestas, los defensores de los derechos de las personas en situación de movilidad, consideraron que la política migratoria del gobierno de Sheinbaum debe incluir “un diagnóstico riguroso de las necesidades diferenciadas de los flujos migratorios, considerando la interseccionalidad, el interés superior de la niñez, el género, la diversidad sexual y el antirracismo, y asegurar los recursos materiales, humanos y financieros suficientes para su implementación”. 

Entre los firmantes destacan Amnistía Internacional; Al Otro Lado; Alianza Américas; Alliance San Diego; Alma Migrante; Asylum Access México; Bloque Latinoamericano sobre Migración, que integra decenas de organizaciones; Borderlands Resource Initiative; Casa del Migrante en Tijuana; Centro de Acompañamiento a Migrantes; Centro por la Justicia y el Derecho Internacional; Derechos Humanos Integrales en Acción; DREAMers Moms Tijuana, Instituto para las Mujeres en Migración, Otros Dreams en Acción, Sin Fronteras, entre otros.