Vicente Zambada Niebla y Jesús Rey Zambada, hijo y hermano del Mayo, en su calidad de testigos protegidos estarían obligados a testificar contra el capo de capos si así son definidos por el juez Cogan. De no aceptar, el acto sería considerado como una violación grave al acuerdo que firmaron.

NUEVA YORK.– La impartición de justicia de Estados Unidos respecto de los narcotraficantes, dando a unos el estatus de testigos protegidos, a otros refundiéndolos de por vida en un calabozo y a otros enviándolos al patíbulo, es hoy un asunto de conflicto de interés familiar y de amistades para el caso de Ismael el Mayo Zambada García.

Más allá del misterio y minucias de la entrega pactada del capo de capos del Cártel de Sinaloa al gobierno de Estados Unidos, su caso es altamente crucial y complicado para el Departamento de Justicia.

El viernes 18 de octubre pasado, el Mayo fue presentado ante el juez Brian Cogan, de la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York, en una audiencia de procedimiento en la que fiscales y la defensa legal del capo expusieron al magistrado algunos de los problemas.

Los fiscales federales que acusan al Mayo de varios cargos de trasiego de drogas, pero que tienen uno muy especial: el de exportación a Estados Unidos de drogas sintéticas elaboradas con fentanilo cuya sustancia mató a ciudadanos estadunidenses, solicitaron al juez que al acusado lo condene con la pena capital si es declarado culpable durante un juicio.

Cogan contuvo la ansiedad de los fiscales y el nerviosismo de Zambada García y su abogado Frank Pérez, quienes ya sabían del pedido que harían los fiscales, al acotar éstos que tendrán que ver si aplicaría la condena.

El juez conminó a las partes a discutir durante otra audiencia el asunto de la pena de muerte como castigo máximo con un fallo de culpabilidad del Mayo en un juicio; posiblemente en una calendarizada para el 15 de enero de 2025 o en el tiempo previo a que se lleve a cabo la sesión.

Conflicto de interés

Otro componente de conflicto de interés y posiblemente el más complejo e interesante del proceso en caso de que el Mayo se vaya a juicio, es que el Departamento de Justicia presente a Jesús Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo, como uno de los testigos incriminadores del acusado.

Anteponiendo la realidad, los fiscales, la defensa y Cogan deberán definir si el Vicentillo, primogénito y consentido del capo de capos, por este lazo familiar quedaría excluido de presentarse en un juicio a testificar contra su padre, lo que es prerrogativa del juez.

No obstante que los fiscales en la audiencia de octubre último no lo mencionaron ni agregaron como otro posible conflicto de interés del caso, queda pendiente por igual si Jesús Reynaldo Rey Zambada García, hermano del Mayo, se investiría igual como testigo acusador.

En ese contexto, los miembros más importantes del clan de la familia Zambada García –sin duda la más poderosa y multimillonaria en la historia mundial del narcotráfico y de México– estarían dándose puñaladas traperas y traicionándose unos a otros en un tribunal federal estadunidense.

Ambos, el Vicentillo y Rey, estarían obligados a presentarse a acusar a su padre y hermano, respectivamente, de ser un narcotraficante desalmado y un asesino de decenas, cientos y hasta miles de estadunidenses, por lo cual merece ser ejecutado en una prisión estadunidense.

Esto no es especulación de Proceso, el encausamiento judicial federal del Departamento de Justicia contra el Mayo, con el número 1:09-cr-00466-BMC-RLM-5, lo dice con precisión: el acusado conspiró para traficar cocaína, mariguana, heroína, anfetaminas, metanfetaminas y fentanilo, con el que mató a ciudadanos estadunidenses.

En un fallo de culpabilidad de un solo delito de conspiración para traficar drogas ilícitas a Estados Unidos, por regla del sistema federal de condenas de ese país, implica en automático la sentencia de cadena perpetua, aunque este punto se determina por prerrogativa del juez.

La acusación al Mayo de “asesinato de ciudadanos estadunidenses” que pueden ser, dos, decenas, centenas o miles de personas, se desprende del hecho de que los finados sucumbieron de una sobredosis con drogas sintéticas elaboradas con fentanilo, sustancia letal que traficó el capo.

La pena de muerte (ejecución en silla eléctrica o por suministración intravenosa de una sustancia letal) se aplica en Nueva York para los asesinos múltiples declarados culpables en un juicio criminal federal y sin importar que dicha condena fuera abolida en la entidad en 2004.

Fragmento del texto publicado en la edición 0017 de la revista Proceso, correspondiente a noviembre de 2024, cuyo ejemplar digital puede adquirirse en este enlace.