CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– En el cierre de 2023 existían dos millones 654 mil carpetas de investigación pendientes en la Fiscalía General de la República (FGR) y las 32 procuradurías locales, mientras que los sistemas estatales de justicia tenían cuatro millones 219 mil casos pendientes.

Ese año, cada uno de los fiscales que ejercía sus labores en la FGR y en las fiscalías estatales abrió, en promedio, 127 carpetas de investigación; cerró 106 de ellas y terminó el año con 151 carpetas pendientes. En Guerrero la fiscalía local reportaba mil 143 carpetas de investigación pendientes por fiscal.

Ese mismo año cada juez o magistrado que integraba el sistema judicial mexicano –federal y estatal– conoció 558 asuntos jurisdiccionales y emitió 424 sentencias, en promedio. En el Estado de México, por cada juez y magistrado que labora en el sistema judicial, existen 10 mil 614 casos pendientes de resolución, en Veracruz son ocho mil 151 y en Jalisco y la Ciudad de México hay más de tres mil 300 casos.

Y es que en México ofician seis mil 707 jueces y magistrados, un promedio de 5.2 jueces por cada 100 mil habitantes, menos de una cuarta parte del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Al margen de la candente discusión política en torno a la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, dos reportes recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) exhiben la precariedad de todo el sistema judicial en México, desde las fiscalías hasta las cortes, que explica en parte la tasa de impunidad superior a 90%, la “cifra negra” de actos delictivos no denunciados de más de 92.4%, y los millones de expedientes que se acumulan en las oficinas de las fiscalías y los juzgados.

Rebasados

Así, el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal y Federal 2024, publicado el mes pasado, muestra que algunas fiscalías estatales están inundadas debajo de miles de carpetas de investigación, que colapsan sus capacidades operativas. Un ejemplo: en Guanajuato, el estado con la mayor tasa de violencia homicida del país, se abrieron 143 mil 341 carpetas de investigación en 2023, un año en que apenas 325 fiscales ejercían sus funciones en la entidad.

En seis estados existían más de 500 carpetas de investigación pendientes por fiscal a finales de 2023, con situaciones de rezago particularmente graves en Jalisco, que sumaba 526 mil carpetas inconclusas –equivalente a 660 por cada fiscal–, pero también en Baja California, Coahuila o Nuevo León, donde existían más de 200 mil carpetas pendientes.

De acuerdo con los datos del INEGI, si la fiscalía de Jalisco ejerciera todo su presupuesto de 2023 para resolver las carpetas del pasado, dispondría de apenas cinco mil pesos por expediente. De hecho, a nivel de presupuesto también existen abismos entre fiscalías: mientras la FGR disponía de un promedio de 236 mil 283 pesos por cada carpeta de investigación que abrió en 2023, la fiscalía del Estado de México ejerció menos de 14 mil pesos.

Las fiscalías abrieron dos millones 226 mil carpetas de investigación en 2023, de las cuales ejercieron acción penal en 204 mil 870, es decir, en 9.2% de los casos. El resto lo archivaron “temporalmente”, determinaron el no ejercicio de la acción penal o prefirieron declararse incompetentes. La mitad de las carpetas de investigación abiertas por las fiscalías locales estaba vinculada a robos, violencia intrafamiliar y lesiones, mientras que las de la FGR estuvieron ligadas a armas, robos y huachicoleo, principalmente.

Las fiscalías de 13 entidades ejercieron acción penal en menos de una de cada 10 carpetas de investigación que abrieron en 2023: Baja California Sur, Colima, Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Tamaulipas y Yucatán.

El censo del INEGI muestra enormes disparidades en la procuración de justicia a escala estatal. Así, los datos muestran que algunas fiscalías imputan a muy pocas personas: en Tabasco, por ejemplo, los datos del INEGI muestran que, en las 40 mil carpetas de investigación abiertas, sólo hubo 37 imputados; en Baja California, de 115 mil carpetas aparecieron apenas 481 imputados; en Sinaloa hubo 31 mil 500 carpetas por 926 imputados, y en Tamaulipas 41 mil 648 carpetas y mil 555 imputados.

Las fiscalías locales también están afectadas por casos de corrupción y por deficiencias en su personal. En Guerrero, por ejemplo, más de la mitad de los agentes obligados a pasar controles de confianza no lo hicieron o tuvieron resultados “no probatorios”; aparte, 519 integrantes de la fiscalía fueron denunciadas ese año por la presunta comisión de algún delito.

Escaso presupuesto

Se observan disparidades similares entre tribunales estatales en el Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal 2024, elaborado por el INEGI.

El año pasado, la justicia estatal conoció dos millones 190 mil casos –principalmente en materia civil y familiar–, de los cuales resolvió un millón 377 mil casos, es decir, 63%; en la Ciudad de México, Puebla, Tabasco y Zacatecas la tasa de resolución fue inferior a 34%, mientras en Campeche, Guanajuato o Sinaloa la tasa rebasó 90%; a escala federal los juzgados y tribunales colegiados resolvieron 95.2% de los casos.

El Poder Judicial de la Federación (PJF) erogó 78 mil 159 millones de pesos en 2023, mientras que los poderes judiciales estatales gastaron 49 mil 327 millones de pesos, con enormes brechas entre entidades federativas, desde los 243 millones de pesos ejercidos por Colima hasta los siete mil 869 millones de pesos erogados por la justicia en la Ciudad de México.

Así, cuando el sistema de justicia de Oaxaca erogó, en promedio, 48 mil 855 pesos por asunto jurisdiccional, la de Zacatecas gastó un monto seis veces menor, de apenas ocho mil 962 pesos, y la de Guanajuato destinó sólo 12 mil 402 pesos.

De acuerdo con los datos del INEGI, la gran mayoría de los 270 mil 536 casos penales abiertos en 2023 se resolvieron en tribunales estatales: 254 mil 535 de éstos, o 94%, pasó por los sistemas locales de justicia, especialmente en Baja California, Nuevo León, Ciudad de México, Estado de México, Sonora, Chihuahua y Jalisco. De ese total, 160 mil 227 casos, equivalente a 59%, fueron concluidos, pero solamente 43 mil 921 personas fueron condenadas.