CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Después de 20 años de recurrir a las Fuerzas Armadas al frente de la seguridad pública en México, la persistencia de la violencia en el país alerta que “esta estrategia ha sido fallida, ya que sólo no ha ayudado a reducir el crimen y la violencia que afecta al país, sino que ha generado un ambiente propicio para que integrantes de las Fuerzas Armadas violen los derechos humanos cuando llevan a cabo sus actividades de seguridad pública”.

Así lo considera Amnistía Internacional en su más reciente informe “Cambiando el paradigma. De la militarización de la seguridad pública a la seguridad ciudadana con enfoque de derechos humanos”.

 El informe hace un recuento de datos duros que evidencian la “estrategia fallida”, implementada de manera intensiva de 2007 a 2024, periodo en el que “al menos 101 mil 933 personas han desaparecido y 452 mil 254 han sido asesinadas, entre ellas 49 mil 100 mujeres, 140 periodistas y 221 personas defensoras del territorio, la tierra y el medio ambiente”.

El documento refiere que la estrategia de militarización sostenida en las últimas administraciones no sólo ha incorporado a los elementos castrenses sino que ha impuesto una doctrina entre las corporaciones policiacas de “obediencia y heroísmo”, privilegiando la contratación de personal con antecedentes militares o pertenencia a las Fuerzas Armadas.

“La decisión de los sucesivos gobiernos de emplear a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública implica abordar los problemas de seguridad con una lógica similar a un conflicto armado. Esto significa que, a partir de la construcción de un enemigo, se privilegia el uso de la fuerza letal sobre otros medios, en lugar de buscar soluciones duraderas en que se respeten y garanticen los derechos humanos en todo momento”, señala el informe.

“El utilizar toda la fuerza del Estado en un espíritu de combare a un enemigo para intentar reducir el crimen y la violencia, sin atender factores sociales y culturales que propicia dichos actos, es una medida que tiene -al máximo- limitados impactos positivos momentáneos y al corto plazo, pero puede contribuir desde el inicio a la comisión de violaciones a los derechos humanos”, evalúa Amnistía Internacional.

Aunado a ello, se advierte que la militarización de la seguridad pública ha implicado “un aumento de los estigmas relacionados con la corrupción policial, la ineficiencia a partir de la falsa idea de que todas las policías deben tener capacidades de ‘combate’ a grupos criminales”.

De hecho, esa narrativa ha servido para justificar la desaparición de la Policía Federal, para transitar hacia una Guardia Nacional, que sí bien en el papel nació en 2019 como una corporación civil, en los hechos se convirtió en un ente castrense, que ahora forma parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a partir de la reforma constitucional de reciente aprobación, una herencia del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Tras una revisión histórica y legislativa del incremento de la presencia de Fuerzas Armadas en la seguridad pública desde el sexenio de Felipe Calderón, la organización hace un recuento del despliegue de las fuerzas castrenses por sexenio: de 2006 a 2012, de 48 mil 500; entre 2012 a 2018, 53 mil y de 2018 a 2022, de acuerdo a los datos más actualizados, se desplegaron a 73 mil 347 elementos castrenses.  

En el caso de la militarizada Guardia Nacional, el informe resalta que hasta noviembre de 2023 este organismo contaba con 128 mil integrantes, se habían edificado 295 cuarteles, había 124 más en construcción y 155 por edificar, además de que la Sedena ya había destinado 100 espacios a la Guardia Nacional.

Amnistía Internacional alerta que la estrategia de militarización de la seguridad pública “incumple las obligaciones internacionales de México en materia de derechos humanos”, entre ellas la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de la desaparición forzada de tres integrantes de la familia Alvarado en Chihuahua, que instruye al país a que en caso de recurrir a las fuerzas castrenses en materia de seguridad ciudadana, se haga “de forma extraordinaria y subordinada, regulada y fiscalizada por una autoridad civil”.

El documento da cuenta de quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), desde 2019 hasta agosto de 2024, contra la Guardia Nacional, mil 893, y contra la Sedena, 2 mil 279, motivadas por actos de privación de vida; tratos crueles, inhumanos o degradantes; actos de tortura, y detenciones arbitrarias.

La organización retoma parte de los expedientes revelados por Guacamaya, en los que se advierte que activistas de organizaciones de la sociedad civil, entre ellos de Amnistía Internacional, fueron objeto de seguimiento por parte de la Sedena, en tanto que en 2023 se dio a conocer que la Sedena utilizó el software Pegasus para espiar a integrantes del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y al presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Raymundo Ramos Vázquez, quienes “se encontraban investigando violaciones graves a derechos humanos cometidas por el Ejército”.  

Amnistía hace una revisión exhaustiva de los estándares internacionales en materia de derechos humanos y sentencias de la Co IDH contra México, que se contraponen con la estrategia militarizada del gobierno mexicano y que, desde su punto de vista, tendrían que ser tomadas en cuenta en el cambio de paradigma en materia de seguridad pública.

El informe reconoce los esfuerzos de organizaciones de la sociedad civil por presentar públicamente propuestas para superar la militarización, entre los que destacan el colectivo “Seguridad Sin Guerra”, que agrupa a 300 organizaciones, y “Resistencia Feminista Antimilitarista”, que reúne a 106 colectivas feministas.

El informe se basa en el intercambio de experiencias de 28 organizaciones sociales del país, con el objetivo de “recoger perspectivas y propuestas de las organizaciones desde una dimensión local y cercana a las realidades de las comunidades que conviven día con día con las estrategias militarizadas del Estado mexicano”.

Entre las organizaciones que más ha documentado los efectos de la militarización es el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, ciudad fronteriza que se ha convertido en un auténtico escenario de guerra, donde las víctimas civiles sufren los efectos de esa estrategia.

El documento de Amnistía Internacional resalta que en 2023 ocurrieron tres masacres en Nuevo Laredo, ocasionadas por miembros de las Fuerzas Armadas, y que hasta ahora siguen impunes.

Entre las masacres descritas está la ocurrida la madrugada del 26 de febrero de ese año, en la que siete hombres que viajaban en una camioneta “fueron perseguidos y atacados por cuatro vehículos militares aproximadamente a las 4:00 horas”, dejando un salo de cinco hombres muertos, uno gravemente herido, y otro ileso.

“Los soldados obstaculizaron la atención médica de urgencia y presentaron un relato de hechos inverosímil en que afirmaban que se había tratado de un enfrentamiento armado, a pesar de que no hay evidencia de que ocurrió un enfrentamiento ni que las víctimas estuvieran armadas”, refiere.

Otro ejemplo más es el ocurrido el 16 de abril del año pasado en la carretera federal Nuevo Laredo-Piedras Negras, donde “agentes de la Guardia Nacional atacaron una camioneta en que viajaban miembros de una familia”, hechos en los que murieron dos personas, entre ellas una adolescente de 15 años, y resultaron heridas tres personas más.

“El hecho no tuvo un motivo claro y, según testimonio de los sobrevivientes, al percatarse de que no era las personas que suponían, los elementos de la Guardia Nacional los dejaron en el lugar sin brindar asistencia médica”, apunta Amnistía en su informe.

Asimismo, el 18 de mayo de 2023, “cinco personas murieron a manos de integrantes del Ejército mexicano”, hechos que, según la Sedena, se derivaron de la “respuesta a una agresión y que las personas habrían fallecido debido al intercambio de disparos”.

No obstante, “un video de cámaras de seguridad muestra que las personas a bordo de la camioneta ya habían sido sometidas y estaban alineadas junto a una pared cuando lo soldados les dispararon”.

Los casos ocurridos en Nuevo Laredo, “muestran que las fuerzas de seguridad no operaban en la zona con un espíritu de hacer cumplir la ley, sino con una actitud de combate a un enemigo e inobservando su obligación de respetar y proteger la vida”, considera la organización en su informe.

Tras un análisis de la militarización en México y recurriendo a uno de los ejemplos más crudos de las consecuencias de esta estrategia, la situación de derechos humanos en Nuevo Laredo, la organización alienta al gobierno mexicano a tomar medidas para desmilitarizar la seguridad ciudadana.

Para ello, Amnistía Internacional toma en cuenta cuatro principios básicos para cambiar el paradigma militar por uno civil.

Así, Amnistía considera indispensable “diseñar estrategias de seguridad enfocadas en la protección de los derechos humanos”; conducir una reforma policial que se comprometa a que “las funciones de cumplimiento de la ley y labores de seguridad, sean llevando a cabo por un organismo federal con mando, estructura y adscripción de carácter civil con un enfoque de respeto y protección del respeto a la vida, la integridad personal y la seguridad personales”.

Entre los principios fundamentales que Amnistía Internacional recomienda para el cambio de paradigma, destaca la modificación “inmediata” del funcionamiento de la Guardia Nacional “para asegurar el pleno respeto de los derechos humanos en todas sus operaciones”, así como “encaminar una reforma militar para delimitar las funciones de las Fuerzas Armadas bajo un marco normativo que respete y garantice los derechos humanos”.

La organización hace una serie de recomendaciones a los poderes ejecutivo y legislativo, a fin de hacer adecuaciones necesarias y cumplir con los compromisos internacionales adquiridos por México en materia de derechos humanos, incompatibles con la militarización de la seguridad ciudadana, y que implican “un plan específico de retiro de las Fuerzas Armadas de seguridad pública”.