SANTIAGO (AP) — La pobreza en Latinoamérica se redujo en 2023 a la menor tasa registrada desde 1990 al alcanzar un 27,3%. Aunque esto supone una reducción de 1,5% respecto a 2022, aún hay 172 millones de personas que no tienen ingresos para cubrir sus necesidades básicas, informó el martes la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Se trata de la cifra más baja desde que se tienen datos comparables y es 5% menor a la que se registró en 2020, cuando la pobreza en la región se disparó debido a los impactos de la pandemia de covid-19.

Pese a los avances, la Cepal señala en su informe "Panorama Social de América Latina y el Caribe 2024", presentado hoy en Santiago, que del total de 172 millones de personas en pobreza que se registraron el año pasado, 66 millones están en condiciones de pobreza extrema.

El estudio reveló además que aunque la pobreza extrema también se redujo en un 0,5% frente a 2022, alcanzó al 10,6% de la población de la región y se sigue situando por encima de los niveles de 2014, cuando se registró la cifra más baja de las últimas tres décadas.
La disminución de la población latinoamericana en situación de pobreza en 2023 obedece sobre todo a la fuerte reducción de la pobreza en Brasil, donde vive un tercio del total de habitantes de América Latina, y en el que "las transferencias no contributivas fueron determinantes" para la mejora de las condiciones.

"Si en Brasil la población en situación de pobreza no hubiera caído, el promedio regional en 2023 habría sido del 28,4%, apenas 0,4 puntos porcentuales menos que en el año anterior, y la incidencia de la pobreza extrema se habría mantenido sin cambios, en un 11,1%", apunta el informe.

A pesar de que la pobreza alcanzó el año pasado su nivel más bajo desde 1990 en la región, la desigualdad de ingresos se mantiene alta.

Asimismo, las condiciones precarias siguen afectando más a las mujeres que a los hombres en edad laboral, mientras que el porcentaje de niñas, niños y adolescentes en situación de pobreza es considerablemente más alto que el de otros grupos etarios, destacó el secretario ejecutivo de la CEPAL, José Manuel Salazar-Xirinachs, durante la presentación del informe.

El Panorama Social de América Latina y el Caribe 2024 alerta también sobre la persistencia de altos niveles de desprotección social en la región, ya que uno de cada cuatro hogares carece de acceso a la protección social, tanto contributiva como no contributiva, en 14 países de América Latina en 2022.

Esta proporción se eleva a 1 de cada 3 hogares, o 36,5%, en el quintil de menores ingresos y en áreas rurales.

El estudio sostiene que para mitigar la pobreza, sobre todo en la vejez, es fundamental fortalecer los programas de protección social, en especial los no contributivos, es decir aquellos destinados a personas que no han realizado aportes suficientes a sistemas de pensiones o a la seguridad social.

"Enfrentar la crisis del desarrollo en la región requiere avanzar hacia sistemas de protección social universales, integrales, sostenibles y resilientes. Para ello, urge robustecer la institucionalidad social con capacidades técnicas, operativas, políticas y prospectivas", remarcó Salazar-Xirinachs.

Asimismo, es necesario reforzar las políticas para reducir las brechas de género provocadas por "la división sexual del trabajo y la actual organización social de los cuidados" y así, minimizar "los obstáculos que enfrentan las mujeres para la inclusión laboral y protección social".
La Cepal apunta que, en 2023, poco más de la mitad de las mujeres en América Latina y el Caribe estaban vinculadas al mercado laboral. Entre las que se encontraban fuera de la fuerza laboral en la región, el 56,3% declaraba dedicarse exclusivamente al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, frente al 7,3% de los hombres.

Según los cálculos de la agencia de la ONU, para avanzar en la erradicación de la pobreza se requiere establecer un estándar de inversión para la protección social no contributiva de entre 1,5% y 2,5% del PIB o entre 5% y 10% del gasto público total en el ámbito de los ministerios de Desarrollo Social o instituciones equivalentes.

La meta sigue por debajo de los gastos dejados por una veintena de países de la región, pues en promedio, estos gastaban en la protección social no contributiva tan solo el 0,8% del PIB o 3% del gasto público total, según los datos referentes a 2022.