CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Estado mexicano reconoció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que no realizó ningún diagnóstico sobre el sistema de justicia para elaborar la reforma judicial que fue calificada como “ejemplo de constitucionalismo abusivo”.

Durante la audiencia ante la CIDH para hablar sobre la reforma judicial, José Antonio Montero afirmó que dicha modificación constitucional era necesaria porque los jueces “han faltado a su deber de impartir justicia”.

“Esta reforma era necesaria para recobrar la confianza ciudadana en los tribunales y en general en el sistema de justicia, toda vez que en México los jueces han faltado a su deber de impartir justicia, han liberado a delincuentes comunes y peligrosos, a narcotraficantes, han dictado sentencias sin perspectiva de género, han legalizado el despojo de tierras de pueblos indígenas y está ampliamente documentado el nepotismo de los poderes judiciales federal y de los estados”, dijo.

Montero fue cuestionado por los comisionados sobre el proceso que llevó a México a realizar la reforma únicamente sobre el Poder Judicial y no sobre todo el sistema de justicia.

“No existe un diagnóstico. Sin embargo, desde el 2017 hay análisis, hay diagnósticos, hay artículos que establecen la necesidad de reformar al Poder Judicial”, respondió el también director general de Consulta y Estudios Constitucionales de la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal.

Luego de escuchar a organizaciones de la sociedad civil, juzgadores y al Estado mexicano en sus primeras intervenciones, el comisionado Carlos Bernal Pulido afirmó que reformas como esta se han visto en los autoritarismos de este tiempo en el mundo entero.

“Esto es un ejemplo de manual de abuso del constitucionalismo, de constitucionalismo abusivo. Cuando un gobierno intenta desmontar los contrapesos, los controles al Ejecutivo. Se ha visto en los autoritarismos de nuestro tiempo en el mundo entero y yo creo que el caso de México es de libro”, dijo. 

El comisionado enfatizó en que reformas constitucionales aprobadas con poco tiempo de deliberación, requieren que el control ejercido por parte de una Corte constitucional sea mayor y lamentó que en México esto no pueda ser una realidad.

“En un país donde hay un constitucionalismo robusto, la única esperanza es una Corte constitucional que declare que esa reforma es inconstitucional, aquí pues no se puede porque los magistrados (ministros) ya renunciaron así que ¿quién defiende a las personas que representaban al Poder Judicial?”, enfatizó.

Por ello, cuestionó las verdaderas intenciones del gobierno mexicano detrás de la elección de juzgadores mediante voto popular.

“Un gobierno que arrasa en las urnas para la Presidencia de la República, que arrasa en las urnas para todos los cargos de elección popular, ¿no es un poco sospechoso que también quiera que sean de elección popular los jueces?”, precisó.

La comisionada Andrea Pochak y la secretaria Ejecutiva Adjunta de la CIDH, María Claudia Pulido pidieron al Estado mexicano precisar cómo hará para garantizar que el crimen organizado o los intereses políticos no interfieran en la elección judicial, entre otras cuestiones.

Pochak recordó que, por el momento, la CIDH no puede intervenir de otra manera en el caso México y la reforma judicial hasta que se agoten todos los litigios pendientes en territorio nacional.

“La Comisión Interamericana está evidentemente muy preocupada por esta situación, esta reforma judicial, por supuesto sabemos que nuestra intervención en el asunto todavía no ha mostrado todas las posibilidades y todas las potencialidades que tiene el sistema interamericano, tiene un sistema contradictorio y contencioso que puede utilizarse cuando se hayan agotado todos los recursos internos y eventualmente la Comisión va a intervenir de otra manera”, indicó.

En entrevista con Proceso, la magistrada María Emilia Molina, presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, quien participó en la audiencia, celebró el reconocimiento de que no existió diagnóstico para elaborar la reforma judicial.

“Nos parece muy benéfico que por fin el Estado mexicano haya aceptado algo que hemos estado diciendo desde el principio, que esta reforma no tiene un diagnóstico y entonces, obviamente, si no hay un diagnóstico pues menos puede haber una solución sensata porque no saben qué era lo que tenían que corregir, entonces pues evidentemente no se corrige nada”, dijo.

“Creo que el hecho de que el Estado mexicano hoy haya reconocido por fin que no tiene un diagnóstico la reforma implica que la propia reforma no es solución a nada y eso pues es un buen posicionamiento también para el tema de la recuperación de la democracia en México”.