CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– A unos pasos de Palacio Nacional, desde donde hace casi un mes despacha la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, ocurren todos los males que padece a diario el Centro Histórico de la Ciudad de México: crimen organizado y violencia, comercio informal, mafias locales e internacionales, migración, mendicidad, discriminación, sexoservicio, cierres viales, manifestaciones... 

El atentado armado contra la activista trans y líder de comerciantes informales Diana Sánchez Barrios, el 17 de octubre último, a plena luz del día y en una de las calles peatonales más concurridas de la zona (Motolinía), fue muestra del caos que sufre el corazón político, social y económico no sólo de la capital, sino del país, y que ninguna autoridad ha podido o no ha querido controlar.

El ataque contra la activista, su primo y un conocido, quien murió tras las heridas por arma de fuego, obligó también a la nueva jefa de Gobierno, Clara Brugada, a reaccionar con el reforzamiento policiaco en la zona –330 uniformados más–, operativos de revisión a motociclistas y el nombramiento de un nuevo titular de la Autoridad del Centro Histórico.

Sin embargo, aunque en la zona hay más de tres mil cámaras de videovigilancia, ni los autores intelectuales ni los materiales del crimen han sido detenidos. Además, comerciantes consultados no creen que esas medidas cambien el desorden y el miedo que se vive en las calles de la zona Centro todos los días desde hace años.

?? ¡ATENTADO EN EL CENTRO HISTÓRICO! ?? Diana Sánchez Barrios, líder de comerciantes y diputada del @PRI_Nacional, fue baleada esta tarde. ???? En el violento ataque, su yerno perdió la vida. ?? El suceso ha generado conmoción en la zona y movilización policial. ???? #CDMX… pic.twitter.com/jNYQ2ke5mT

— LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) October 17, 2024

Crimen organizado

Hace dos meses un migrante de 40 años, que pide el anonimato por temor a represalias, llegó del norte de Perú a la Ciudad de México con la idea de cruzar a Estados Unidos y reunirse con su familia en Chicago. En la espera de su cita en el Instituto Nacional de Migración consiguió trabajo de “diablero” con “Los Chinos”. Mientras, ofrece bancos de plástico plegables, termos y otros productos en una calle detrás de Palacio Nacional, recuerda:

“Los chinos me pagaban 250 pesos por todo el día, pero me salí porque era muy pesado. ¡Son unos explotadores capitalistas!”.

Pronto contactó a un mexicano que tiene un puesto ambulante en la zona y le ofreció un pago de 300 pesos por unas horas. Aceptó. Un día, al terminar su jornada, intentó vender mercancía como independiente en otra esquina y le pasó lo inevitable: 

“Llegó la mafia y me quería cobrar 200 pesos por pararme en esa esquina, y si no lo hacía, me iban a levantar. Dijeron que eran de La Unión Tepito. Mejor me quedé en el puesto, aquí el dueño sí les paga 200 pesos por el derecho de piso, pero ya lo conocen, ya es seguro”.

El ciudadano peruano se topó con el poder de dos de los muchos grupos mafiosos que lideran en el Centro Histórico: Los chinos, quienes introducen mercancía presuntamente ilegal al país y la almacenan en cientos de bodegas que acaparan en viejos edificios de la zona, y La Unión Tepito, una de las organizaciones delincuenciales más grandes y violentas que opera en las alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, principalmente.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ha identificado a La Unión Tepito como la que desde hace más de 10 años aterroriza a vecinos, comerciantes y visitantes al cometer homicidios y descuartizamientos, secuestros, levantones, narcomenudeo, extorsión o cobro de derecho de piso. 

Pero no es el único grupo criminal. La SSC tiene registro de actividad delictiva de La AntiUnión Tepito, grupo que surgió para disputar el control de la plaza a La Unión y se caracteriza por ser más violento en sus actos delictivos. 

Comerciantes entrevistados, quienes también piden el anonimato por temor a los delincuentes, mencionan a grupos menores de extranjeros que ya también son mafias: los colombianos, venezolanos y coreanos.

Recientemente se ha mencionado la organización 2 de abril, que tendría su base de operación en los alrededores del mercado del mismo nombre, a espaldas del Teatro Blanquita, cruzando el Eje Central. En una vecindad de esa zona vivían los dos adolescentes de origen mazahua asesinados y descuartizados muy cerca de ahí: en el número 86 de la calle República de Cuba, en noviembre de 2020, en la gestión de Sheinbaum Pardo en la capital del país. 

Comerciantes aseguran que ciertos lugares de la Plaza Santo Domingo, conocida por albergar imprentas donde se falsifican todo tipo de documentos oficiales, sirven como “casa de seguridad” para secuestros exprés de comerciantes que se niegan a pagar la extorsión. En redes sociales abundan videos de los castigos físicos que aplican a sus víctimas.

Caminar más allá de Santo Domingo, rumbo al Eje 1 Norte, por las calles de Cuba, Chile, Argentina, Brasil, Honduras, Belisario Domínguez y Manuel Doblado se torna más peligroso, pues, advierten los comerciantes, varias de sus vecindades están coptadas por el crimen organizado que las usa como “casas de seguridad” y de narcomenudeo. El olor a mariguana es común.

En todas esas calles es habitual observar a jóvenes, solos o en pareja, sin cascos protectores que circulan rápido y en sentido contrario en motocicletas pequeñas y que, según los comerciantes, son quienes cobran las extorsiones. Casualmente ellos no son revisados por los policías en los operativos.

Más: en las entrañas del Centro Histórico también es común observar a migrantes de Venezuela y Cuba, principalmente, que se emplean en los puestos de las calles de mayor venta informal como República de Argentina, de Brasil y de Colombia, así como Correo Mayor, Corregidora y Moneda; las mismas que rodean Palacio Nacional.

También abundan personas de nacionalidad haitiana y africana, quienes, por la dificultad del idioma, se emplean más como “diableros” y cargadores de mercancía de la gente que va a comprar por mayoreo.  

En la esquina de Moneda y Correo Mayor tres jóvenes corpulentos (dos mexicanos y uno sudamericano) vigilan a los vendedores conocidos como “toreros” y se organizan con otros vigilantes mediante un radiocomunicador. “¡Quítalo de ahí, ese no es de nosotros!”, ordena uno en el aparato electrónico. Al lado de ellos, tres elementos de la Policía Bancaria Industrial (PBI) y uno más de la Policía Militar los miran y los dejan seguir con el control de la calle en total impunidad. 

Y pese a ser una de las zonas más visitadas por el turismo nacional e internacional, además de las visitas oficiales que llegan a Palacio Nacional, en sus calles es recurrente la presencia de personas en situación de calle tiradas en el suelo, algunas inconsientes por consumo de droga o dormidas y otras que piden limosna mientras cargan a bebés o niños pequeños.

A las diez u once de la noche y hasta las siete u ocho de la mañana hay una especie de “toque de queda” en el primer cuadro de la capital, cuya razón los policías de las esquinas no saben o no quieren explicar.

La informalidad, sin control

La diputada local Silvia Sánchez Barrios, hermana de la activista Diana, ambas hijas de Alejandra Barrios, histórica lideresa del comercio informal en el centro de la capital, asegura que, a diferencia de hace unos 15 años, cuando se contaban unas 16 agrupaciones de comercio popular que tenían más de 50 años de existencia, “¡ahora hay más de 100, casi uno por cuadra!”.

En entrevista, recuerda los primeros intentos por ordenar al comercio ambulante, en la administración de Marcelo Ebrard, con la adecuación de plazas comerciales que, al final, no dio resultado. Ahora, dice, “ya no hay control, esto se desbordó!”, además de que hay comerciantes que ya no tienen líderes visibles.

Un breve repaso por reportes periodísticos recuerda cómo en el gobierno de Miguel Ángel Mancera creció la presencia del ambulantaje en el Centro Histórico y de las mafias delictivas que lo controlan. Además, comenzó el despojo y apropiación de vecindades y predios, a manos de grupos mexicanos y extranjeros, para hacerlos bodegas o plazas comerciales construidas en no más de tres meses; “elefantes blancos”, les dicen.

A la par, por la gentifricación, las rentas de las viviendas comenzaron a subir y hacerse impagables, por ello gran parte de los pocos habitantes originarios del Centro se fueron. Y esos espacios los ocupó el crimen organizado, al mismo tiempo que creció su control y su cobro de piso, no sólo a comerciantes informales, sino a los establecidos. Ninguno se salva.

El poderío creciente de esas mafias, en particular de La Unión Tepito, también se reflejó en el asesinato de al menos 14 líderes de comerciantes ambulantes: Armando Becerril, Óscar Liebre, Raymundo Pérez, Miguel Ángel Lemus, Miguel Ángel Galán y Jaime Vázquez Mendoza, entre otros. La mayoría fueron acribillados a balazos por sicarios a bordo de motocicletas. El mismo modus operandi aplicado contra Diana Sánchez Barrios. 

Estos ataques se registraron entre las administraciones de Miguel Ángel Mancera y Claudia Sheinbaum, aunque la mayoría durante la gestión del primero. 

Ya sin sus líderes, los comerciantes de distintas calles afectados quedaron bajo el yugo de esas mafias y con el control de parte de los millones de pesos que a diario se mueven en la zona. 

Llega la autoridad a “aprender”

Al día siguiente del atentado contra Diana Sánchez Barrios, la jefa de gobierno, Clara Brugada, nombró a Carlos Cervantes Godoy, exdiputado local de Morena y exfuncionario de sus administraciones en la alcadía Iztapalapa, como el nuevo titular de la Autoridad del Centro Histórico.

Se trata de una figura creada en enero de 2007 por el entonces jefe de Gobierno Marcelo Ebrard, con la intención de planear y ordenar el desarrollo territorial, económico y social del Centro Histórico. Según el acuerdo publicado para su creación, tiene atribuciones en materia de Gobierno, Desarrollo Urbano y Vivienda, así como Económico y Social, Medio Ambiente, Transportes y Vialidad, Turismo y Seguridad.

La primera en ocupar el cargo fue la historiadora Alejandra Moreno Toscano y le siguieron Jesús González Schmal, la exdiputada priista Dunia Ludlow y el expresidente del PRD local Manuel Oropeza. 

Sin embargo, para Gerardo Cleto López Becerra, presidente del Consejo para el Desarrollo del Comercio en Pequeño y la Empresa Familiar (ConComercioPequeño SC), esos funcionarios son “como un regente de antes”, pero que “llegan a aprender” de la problemática del Centro Histórico, sin resolverla de fondo. Recuerda que uno de sus objetivos era combatir la corrupción y el desorden, pero al paso de los años, eso no se ha logrado.

En entrevista, evita mencionar la operación de grupos de la delincuencia pues dice que los jefes de Sector de la SSC saben quiénes son y qué calles dominan con sus extorsiones.

Entonces, se enfoca en las preocupaciones de los pequeños comerciantes del Centro Histórico: caída de ventas de hasta 40%, competencia desleal de productos chinos más baratos, exceso de ambulantaje, rentas exorbitantes, falta de alternativas de movilidad, decisiones del gobierno sin consultarles, como la reciente peatonalización del Zócalo, descuido de la autoridad del nodo de giros comerciales: farmacias, clínicas, perfumerías, ópticas, vestidos de ocasión, zapaterías, bicicletas, etcétera.

Líder de pequeños comerciantes formales desde hace años, critica también el constante cierre de vialidades por múltiples motivos, entre los que destaca la seguridad del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador desde que se volvió inquilino de Palacio Nacional.

Esos y otros factores, asegura, han causado que la gente evite ir al Centro Histórico. “El consumidor ha cambiado sus puntos de consumo, ya no va a comer o a pasear porque no hay estacionamiento, roban, la vialidad está obstruida, no puedes llegar ni salir rápido. Por eso prefieren las plazas comerciales”, lamenta.