PACHUCA, Hgo. (apro).- El primero de junio de 2021, Leobardo Hernández Regino, habitante de la comunidad indígena de Xuchitlán, en el municipio de San Salvador, Hidalgo, fue herido por un proyectil disparado por un elemento de la Agencia de Seguridad estatal cuando campesinos se manifestaban en la sede de Palacio de Gobierno, en Pachuca, para exigir obra pública. Tras quince días en terapia intensiva, el joven de 25 años falleció a consecuencia de esa lesión.

El homicidio de Leobardo derivó en protestas por parte de los pobladores de Xuchitlán, quienes exigieron castigo para los responsables: el agente que disparó y los implicados en la cadena de mando. Asimismo, negociaciones para indemnización a los familiares y obra pública en la localidad, lo cual culminó en acusaciones de despojo, privación ilegal de la libertad y amenazas por parte un delegado, que inició una denuncia contra nueve miembros de la comunidad, y de estos últimos contra el denunciante, a quien acusan de recibir beneficios de la negociación.

El 25 de enero, el secretario general de San Salvador, Diego Pérez Bruno, fue detenido junto con dos personas más de Xuchitlán, acusados de privación ilegal de la libertad y extorsión (causa penal 09/2024). Al día siguiente, pobladores de la comunidad bloquearon la carretera México-Laredo, a la altura de Julián Villagrán, y el tramo Progreso-Ixmiquilpan, en Cocineras, como protesta por las aprehensiones. El funcionario y los otros probables implicados fueron liberados por determinación del juez de control, aunque esta madrugada los vinculó a proceso al encontrar elementos de posible actuar indebido, aunque seguirán su caso fuera de prisión.

Los hechos por los cuales se les acusa datan de 2021 y tienen su origen en la muerte del joven Leobardo Hernández.

Lorenzo Mejía López, quien presentó la denuncia contra nueve personas, incluido el secretario municipal, estaba adscrito a la Dirección General de Investigaciones Política y Sociales del gobierno estatal, además de ser vecino de la comunidad. Él, reconoce, fue un enlace entre ambos, pero posteriormente miembros de Xuchitlán lo acusaron de traición y beneficiarse de los acuerdos con el Poder Ejecutivo.

“Mi misión era informar, mi tarea era concertar para resolver los conflictos sociales, políticos y religiosos. En esos tiempos la comunidad tomó palacio de gobierno, surgió un enfrentamiento y esos hechos conllevaron a mi situación”, narra a Proceso quien como funcionario estaba bajo las órdenes del secretario de Gobierno Simón Vargas Aguilar, en el momento de los acontecimientos.

“La comunidad al ver esos hechos, me pidieron que los asesorara, que los encaminara para buscar un diálogo con las autoridades y buscar la mejor solución al conflicto para deslindar responsabilidad y hallar a los responsables. Accedí. Busqué las formas para tener mesas de diálogo y llegamos a unos acuerdos: se hicieron compromisos. Eso sucedió de junio a diciembre (de 2021). Había hecho gestiones y se pacificó el problema”, afirmó.

Mejía López consideró que se situaba “entre la espada a la pared, yo como funcionario de gobierno y también miembro de la comunidad. En ese inter, yo tenía comunicación con los secretarios del gobierno, con los diputados, en el despacho del gobernador (Omar Fayad). A principios de noviembre, yo fui a imprimir un escrito para el secretario de Gobierno y, no me di cuenta, la dueña del Cyber me robó información de mi WhatsApp, a través del QR; no me percaté que se cerrara (su cuenta)… ella, que está demandada, imprimió toda mi información. Era mi trabajo, era mi chamba: las tarjetas informativas para gobierno…, todo eso estaba en mi WhatsApp.

“En un folder le llevó al delegado municipal, entre el 2 y el 6 de noviembre. Ellos lo vieron como mal. ‘No, es que señor es el que pasa información’, ‘es el que traiciona’, ‘es el cómplice de gobierno’… le dieron un enfoque totalmente diferente. El delegado Gabriel Martínez juntó a la gente, en una reunión extraordinaria el 8 de noviembre, con un aforo de 150 personas, y yo (fui) para tratar de aclarar la información”.

En la asamblea se expuso que él fue el responsable de la muerte y que había recibido un millón pesos del Poder Ejecutivo, lo cual ahora califica de calumnias.

El delegado de Xuchitlán, Justino Martínez, aseveró durante los bloqueos carreteros que Lorenzo traicionó a la comunidad, y pidió al gobierno “que no solape a una sola persona, que tiene más poder que el pueblo” al que pertenecen.

“Al compañero, vecino de la comunidad, le dieron toda la confianza para organizar un grupo de comisionados cuando Leobardo fue violentado por los estatales de Gobernación. La gente le dio confianza que el organizara todas las reuniones, para la negociación, pero el compañero se quiso burlar de la comunidad, traicionó… entonces de ahí parte el problema: la misma gente se molestó y en una reunión firma actas de acuerdo en donde él iba a pagar una multa, cosa que no se ha dado, por lo mismo no entendemos al gobierno”, declaró Martínez a medios estatales.

Según la denuncia de Lorenzo que derivó en la causa penal en la que están inmersos los nueve habitantes de Xuchitlán, después de que en la asamblea se dieron a conocer sus conversaciones, que, afirma, no tenían ninguna información indebida, lo llevaron a la fuerza a su casa, allanaron su propiedad y lo hicieron entregar todos los expedientes técnicos que poseía sobre las negociaciones. Sostiene que lo metieron en una cárcel clandestina por 26 horas. “Me echaron agua fría por la mañana, me aventaron piedras, dijeron que yo iba a ser colgado en la noche. Al día siguiente, a la una de la tarde me dejaron libre”, rememora.

Dijo que tenía miedo, “pero afortunadamente logré salvar el pellejo”.

En una segunda asamblea, las acusaciones continuaron, además de que, reconoce, se firmó compromiso de pago de un millón de pesos en un plazo de dos años, pero alude que fue bajo amenaza de linchamiento. Sus hijos, aseguró, lo rodearon y fueron quienes signaron el compromiso.

“‘A chingar a su madre, ya no queremos verte en la comunidad’…, afirmó que les dijeron los pobladores. “Mis tierras ya las empezaron a trabajar. Nos fuimos todos, nos dispersamos, unos a México, otros a Pachuca…”.

En marzo siguiente, sumó, tumbaron su casa y la destruyeron totalmente con maquinaria.

“En abril me recuperé, no faltó alguien que me asesorara”, y fue cuando denunció, en mayo.

Los daños que cuenta son una hectárea de riego con todo y siembra, su casa, tumbada, que menciona tiene un valor de 500 mil y el terreno otro medio millón. Asimismo, cuantificó que el despojo equivale a otro millón de pesos en valor comercial.

Cuando era integrante de la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales, expuso, fue responsable de una gestión 20 millones de pesos a raíz de la muerte de Leobardo Hernández, con los cuales, menciona, se construyeron dos sistemas de agua potable para Xuchitlán y Santa Ana. Igualmente, mencionó que se dio una indemnización a la familia, pero no pueda asegurar en qué términos se realizó.

Por las reacciones tras la detención del secretario municipal de San Salvador, Mejía acusó intromisión del alcalde Armando Azpeitia Díaz, de extracción morenista.

“En el momento que detuvieron a su secretario, se sintieron agraviados, y en su dicho confundió a los regidores, a los delegados y al pueblo de San Salvador. En una sesión de Cabildo algunos regidores pidieron que con recursos del ayuntamiento se paguen abogados para la defensa de los implicados”, acusó.

Ante esto, pidió que el presidente “saque las manos” del asunto, que, afirmó, no es políticamente, sino jurídico. Anticipó que solicitará al Congreso el inicio de un proceso administrativo de separación de cargo del secretario municipal, mientras lleva su caso, aunado a que, acotó, el subdelegado municipal, también sigue en funciones y está sujeto a indagatoria.

“Que tengan influencias o que tengan vínculos con algún personaje de la vida política del estado, no (lo cree). Son personas que desconocen la ley. Ellos se basan en los usos y costumbres. Ellos se fundamentan en el artículo segundo constitucional: los preceptos de ley que facultan a los pueblos indígenas sobre sus usos y costumbres, que son mayordomía, faenas, entre otras… El hecho de despojar, se secuestrar de extorsionar, ya no son usos y costumbres”, sostuvo el denunciante, quien negó beneficiarse de las negociaciones, como acusó su contraparte.

En la recomendación R-VG-0002-21, la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDHEH) expuso que hubo una actuación excesiva por parte de los granaderos durante la manifestación en la que fue herido de muerte Leobardo, quien presentó un traumatismo craneoencefálico severo por OMS, Marshal III.

El diagnosticó del grupo de medicina crítica, firmado por el director del nosocomio en el que estuvo internado (Hospital General de Pachuca), especificaba que, por el proyectil, el joven tuvo fractura contuso contundente, penetrante a cráneo; postoperadia de esquirlectomía, plastia dural, reparación de carótida interna, crenealización de seno frontal lateral y fracturas multifragmentarias etmodial, esfenoidal y frontal. Desde el ingreso, el diagnóstico fue “alto riesgo de mortalidad, alto riesgo de discapacidad, alto riesgo de complicaciones postoperatorias como sería neuroinfección, hipertensión endocraneal o herniación de masa encefálica”. 

El gobierno del entonces priista Omar Fayad Meneses afirmó desde el primer instante, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, que actuó en apego a la ley y en respuesta a presuntas agresiones de los campesinos. Después el mandatario matizó y dijo que las actuaciones de los elementos de seguridad que no cumplan con los protocolos establecidos serán investigados y, en caso de ser necesario, sancionados, aunque sugirió que había “manos que mecen la cuna” tanto en la protesta en la que hubo reacción policial –los comuneros pedían obra pública y servicios básicos– como en las acciones siguientes.