CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un juez del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México podría cometer este jueves 4 un “albazo” en beneficio de la trasnacional agroquímica Bayer-Monsanto, en su juicio de amparo contra el decreto que prohíbe gradualmente la importación del herbicida glifosato, emitido por el presidente Andrés Manuel López Obrador, alertó el colectivo Sin Maíz No Hay País.

En ese juicio de amparo, uno de los 37 que empresas de la agroindustria han presentado contra el decreto presidencial del 13 de febrero de 2023, el colectivo pidió integrarse para aportar evidencias sobre los daños que causa el glifosato y sobre los riesgos que el maíz transgénico acarrea para México, país del que el maíz es grano nativo.

Ante una primera negativa del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, la organización solicitó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) interviniera para determinar si puede participar en el juicio como tercero interesado y para apoyar al gobierno mexicano en su defensa contra Bayer-Monsanto; el colectivo estima que el máximo tribunal del país debería dar su decisión en las próximas semanas.

Sin embargo, el magistrado Ricardo Gallardo Vara, del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, indicó que ese tribunal podría dar a conocer mañana su resolución sobre el amparo de Bayer-Monsanto, en la cual retomaría partes de la argumentación de la industria agroquímica para autorizar que el gigante biotecnológico siga importando glifosato, denuncia Mercedes López Martínez, representante de Sin Maíz No Hay País.

Resolución a la medida

En entrevista con Proceso, López recalca que, desde el 15 de noviembre pasado, el juez Gallardo y su secretario, Eric Castillo, “ya tenían preparada una resolución a favor de la empresa, que parece redactada por la industria”.

En esa resolución, agrega, se plantea que el glifosato “no constituye un peligro para el ser humano ni para el medio ambiente”, se reniega del principio precautorio, se refuta un informe de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer y su adscripción a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y, en cambio, se apoyan los estudios “promovidos por las propias empresas”.

“Es toda una dinámica muy perversa en la que las transnacionales están ahora comprando y ligándose a varios jueces”, denuncia López, quien señala que, de los 37 juicios de amparo promovidos por la industria, 17 han sido sobreseídos en tribunales. En este caso, “si se permite que Monsanto siga importando glifosato, pues se da al traste con el sentido del decreto”, advierte la activista.

El colectivo, que desde hace 10 años ha presentado demandas colectivas y recursos legales para impedir en México la siembra de maíz transgénico y el uso del glifosato, también acompaña la defensa del gobierno mexicano en el marco del panel de arbitraje que el gobierno de Estados Unidos convocó contra México en el marco del T-MEC para obligarlo a autorizar la importación del grano modificado y del herbicida.

López recalca que, en medio de esta batalla legal en tribunales nacionales y paneles internacionales, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) tiene dos posturas radicalmente opuestas: su titular, Víctor Villalobos Arámbula, defiende a la agroindustria, mientras que Víctor Suárez Carrera, subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria, “siempre está defendiendo la biodiversidad”.

Víctor Villalobos “incluso en algunas ocasiones hizo declaraciones que contravenían al decreto presidencial, saltándose al presidente”, señala López.