CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Los padres y las madres de los estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, precisaron al gobierno federal sus exigencias y expectativas de acceso a la información frente al anuncio efectuado el pasado 29 de diciembre de 2023, sobre la apertura de archivos militares.

Mientras que al presidente Andrés Manuel López Obrador, tras declarar que está a la cabeza de la investigación, los padres y las madres reiteraron su pedido de poder agendar reuniones periódicas de cara al cierre del sexenio, a efecto de revisar continuamente los avances del caso.

En reunión realizada en la Secretaría de Gobernación, los familiares de los estudiantes normalistas reiteraron que la falta de entrega de información militar no es su percepción, sino una realidad objetiva que se ha acreditado a lo largo de todo su proceso de búsqueda de verdad y justicia, durante prácticamente una década.

En ese sentido, insistieron en que entre los documentos pendientes se encuentran alrededor de 800 folios del Centro Regional de Fusión de Inteligencia (C.R.F.I.) que ya operaba en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014, así como transcripciones de llamadas telefónicas realizadas por actores vinculados con los hechos.

A través de un comunicado, los padres y las madres demandaron a la dependencia que la entrega de esos documentos sea el primer paso de la anunciada apertura, descartando acudir directamente a su búsqueda en instalaciones militares, lo que sólo redundaría en una simulación que terminaría protegiendo a la institución castrense, cuando ésta ha sido opaca y poco leal ante el proceso de esclarecimiento.

“Máxime considerando que en el pasado las familias ya visitaron los cuarteles, sin que ello se haya traducido en la entrega de toda la información en poder del Ejército”.

Por ello, las familias expresaron también su exigencia de que en la revisión de los documentos participen las expertas y expertos internacionales que han colaborado en el caso, con la coadyuvancia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ante la necesidad de que una tercera parte revise técnicamente los documentos.

En el marco de la reunión, las familias también expresaron su respaldo a las organizaciones que les han acompañado durante estos años, ante las injustas e infundadas descalificaciones recientes.