CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Mientras la Monumental Plaza México se prepara para reiniciar las corridas de toros en los próximos días, el juez encargado de resolver el amparo contra la realización de este tipo de espectáculos espera diversos informes sobre las afectaciones que sufren dichos animales y el significado social e histórico de estos eventos.

El amparo, tramitado por la organización Justicia Justa, no ha sido resuelto, pues el juez primero de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México, Jonathan Bass Herrera, programó para el próximo 12 de febrero la audiencia constitucional en la que decidirá si concederá o no la protección constitucional para frenar la celebración de las corridas de toros en la Ciudad de México.

En este expediente, identificado con el número 910/2022, el juez había concedido una suspensión definitiva que mantenía frenada la celebración de corridas de toros en la Monumental Plaza México.

Los dueños del lugar impugnaron la medida y el recurso de revisión llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde el pasado 6 de diciembre la Segunda Sala concluyó que la suspensión definitiva estaba afectando los derechos laborales de las personas que participan en la organización de las corridas de toros en la Plaza México.

Por ello, los ministros votaron por revocar la suspensión definitiva concedida, con lo que las corridas de toros reanudarán a partir del 28 de enero próximo con un calendario de nueve eventos.

UNAM e INHA niegan análisis

El juez Primero de Distrito solicitó informes a la Facultad de Veterinaria y Zootecnia de la UNAM y al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) a fin de tener más elementos para resolver el amparo.

A la facultad universitaria le solicitó un informe en materia de zootecnia, en el cual pormenorice las características biológicas de los toros de lidia, utilizados en las corridas; su aportación al ecosistema en el que se desenvuelven, así como los cuidados que científica y legalmente deben recibir de sus cuidadores durante su crianza y y el resto de su vida.

También requirió un informe en materia de veterinaria sobre las posibles afectaciones físicas y emocionales que sufren los toros de lidia con motivo de las corridas y actividades previstas en el Reglamento Taurino para el Distrito Federal.

Al INAH le requirió informar sobre el significado social e histórico de las corridas de toros para la población que reside en la Ciudad de México.

“Deberá analizarse desde una perspectiva intercultural, esto es, incluyendo a las comunidades, pueblos indígenas y barrios originarios de la Ciudad de México y deberá incluir de la manera más detallada posible las etapas o momentos de una corrida de toro, su evolución histórica hasta la actualidad y el significado e implicaciones sociales e históricas de cada una”, precisó el juzgador.

“Se instruye a las personas investigadoras encargadas de los informes que acompañen a estos la mayor cantidad posible de referencias, obtenidas de fuentes nacionales e internacionales, a fin de respaldar sus conclusiones científicas y contribuir de la mejor manera posible en esta búsqueda de información objetiva y obtenida con base en las mejores prácticas de investigación disponible”.

Los informes fueron requeridos desde el pasado 5 de enero y apercibió a los titulares de la Facultad de Veterinaria de la UNAM y del INAH que, si no envían dichos documentos en un plazo de 15 días, sin justificación, les impondrá una multa de 50 a mil días.

El pasado 18 de enero el juez fue informado por el INAH de que no puede remitir el informe requerido, pues no está dentro de sus competencias conocer de la materia en la que se solicitó el análisis.

Por ello, el juez ordenó requerir el informe al Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) para que en el plazo de 15 días designe un equipo investigador que pormenorice el significado social e histórico de las corridas de toros para la capital del país y con el mismo detalle solicitado al INAH.

De acuerdo con los estrados judiciales la Facultad de Veterinaria y Zootecnia de la UNAM dijo estar imposibilitada para rendir los informes que le fueron solicitados por el juez.

Sin embargo, el juzgador insistió en el requerimiento porque consideró que la institución académica no está imposibilitada para realizar los informes y extendió la solicitud al rector de la UNAM, Leonardo Lomelí.

“Este juzgador requiere el apoyo de la institución pública mencionada para la elaboración de un informe que, desde un punto de vista científico y académico y con las mejores prácticas de investigación relativas, recopile la información técnica requerida para contestar la interrogante planteada.

“Por tanto, dado que se solicita la rendición de un informe científico y académico y no así la participación de las y los investigadores en tareas ajenas a su función pública, requiérase nuevamente a la autoridad oficiante para que, dentro del plazo de quince días contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, cumpla con lo ordenado en el proveído mencionado, en la inteligencia de que subsiste el apercibimiento decretado. Más aún, hágase extensivo el requerimiento de mérito al Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México para los efectos conducentes”, insistió el juez.

En consecuencia, si la UNAM y CIESAS no entregan sus informes antes del 12 de febrero próximo, el juez tendrá que retrasar el dictado de la sentencia definitiva y, si no justifican la demora en lo solicitado, podría hacerles efectivas las multas decretadas desde el 5 de enero pasado.