CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó pronunciarse sobre la falta de expedición de una ley nacional en materia procesal civil y familiar, porque no puede declarar inconstitucional una ley que no existe.

Por unanimidad de votos, los ministros del Pleno avalaron el proyecto presentado por Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, en el que propuso declarar improcedente emitir una Declaratoria General de Inconstitucionalidad (DGI) sobre la omisión del Poder Legislativo por no emitir dicha ley.

Al respecto, la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña Hernández, argumentó que las omisiones de legislar sobre cualquier temática no pueden ser objeto de una DGI porque el Máximo Tribunal sólo puede pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de leyes que ya han sido emitidas y en vigor.

“Desde una lógica constitucional y una interpretación sistemática y funcional, las omisiones legislativas absolutas no tienen cabida en un instrumento como la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, ya que los efectos de los amparos en estos casos, que responden a la naturaleza de la inconstitucionalidad encontrada, alivian por sí mismo los problemas que buscó atender esta figura”, explicó.

Esta determinación se tomó aunque, en junio de 2023, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que debe entrar en vigor a más tardar el 01 de abril de 2027.

Con esta ley se busca agilizar los juicios en el país y homologar los procedimientos en los estados.

Presupuesto limitado

La aplicación del nuevo código corre a cargo de los poderes judiciales, tanto los locales como el federal, sin embargo, representantes de éstos han señalado que se requiere de mayor presupuesto para poder cumplir esta tarea.

El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo explicó en las Jornadas de Introducción al Estudio del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, organizadas por la Escuela Federal de Formación Judicial en octubre de 2023, que la ley establece obligaciones relacionadas con oralidad, digitalización de expedientes, comunicaciones y notificaciones electrónicas.

Para cumplir con esas obligaciones se requiere modernizar equipo, contratar y capacitar personal, sin embargo, las circunstancias que imperan en la actualidad dificultan esta transición, indicó.

“Siempre existe la posibilidad de que, en el siguiente ejercicio fiscal, no sólo no se aumente el presupuesto, sino que incluso exista una reducción, lo cual, sin duda, dificultaría todavía más el poder dar cumplimiento a lo establecido”, señaló.

Recientemente, la SCJN pidió un aumento de cuatro por ciento al presupuesto para este año con respecto a 2023 y entre sus justificaciones estuvo la implementación de este Código; sin embargo, la Cámara de Diputados no lo aprobó, e incluso redujo los montos de gastos previstos para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pese a las elecciones que se efectuarán en junio.