CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Cuestionado por sus pares en la ONU sobre la crisis de derechos humanos que permanece en México, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador presumió avances en materia de búsqueda de personas desaparecidas con base en los datos del nuevo censo elaborado por la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), el cual ha sido cuestionado por colectivos de madres buscadoras y por la exdirectora del organismo, Karla Quintana Osuna.

Durante la larga sesión del Examen Periódico Universal (EPU) de México, que se llevó a cabo hoy en la sede del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, la delegación del gobierno mexicano recalcó que el censo impulsado por López Obrador incluyó “nuevas categorías”, y que permitió localizar a 15% de las más de 110 mil personas que figuraban como desaparecidas en el registro original.

Joel Hernández García, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos en la Cancillería, aseveró que el 16% de las personas desaparecidas han sido “ubicadas” con “indicios de vida”, que el 24% “no cuenta con datos suficientes”, y que solamente 11% tiene una denuncia formal.

“No se ha eliminado ningún registro de esta base de datos, y constantemente se están importando nuevos datos”, planteó el funcionario, y agregó: “Expresamos la importancia de haber logrado la localización de miles de personas y reafirmamos nuestro compromiso para reforzar las estrategias de búsqueda”.

Apenas ayer, la organización Quinto Elemento Lab reveló que por lo menos 269 personas desaparecidas estaban registradas en categorías erróneas en el nuevo censo. Entre ellas destacan algunas figuras conocidas, como el profesor nahua Antonio Díaz Valencia, quien aparece como “persona ubicada” a pesar de que sus familiares lo siguen buscando. En el caso de los hijos de la madre buscadora María Herrera, quien fue incluida en la lista de 100 personas más influyentes del mundo por la revista Times, el nuevo censo los tiene registrados bajo la categoría de “se busca reportante”.

En agosto pasado, Karla Quintana Osuna renunció a su cargo al frente de la CNB, pues aseveró que el nuevo censo tenía la intención de reducir artificialmente el número de desaparecidos, especialmente en casos reportados durante el presente sexenio.