CANCÚN, Q.Roo (Proceso).- Una disputa política y legal se inició por el control del suministro del agua potable en el norte de Quintana Roo, justo donde se ubican los importantes destinos turísticos de Cancún y la Riviera Maya.

En los últimos días del año pasado, la legislatura local, integrada con mayoría de Morena, aprobó concluir de manera anticipada la concesión del suministro de agua potable y saneamiento a favor de Aguakán, una de las empresas beneficiadas por el gobierno del priista Roberto Borge Angulo, hoy preso.

Desarrollos Hidráulicos de Cancún, sociedad mercantil propietaria de Aguakán, había logrado en 2014 un contrato de concesión hasta el año 2053 bajo diversas irregularidades, en los municipios de Solidaridad, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Benito Juárez.

Los cuatro son algunos de los más fuertes económicamente en la entidad y donde se concentran más de 130 mil cuartos de hotel de Cancún y la Riviera Maya.

En este contexto, en vísperas del inicio de las precampañas electorales, los diputados morenistas acordaron dar por concluido el contrato al particular, aunque sin ningún plan de acción para recuperar el servicio a favor del gobierno estatal.

Previo al inicio de los efectos legales para dar por terminada la concesión, marcado para su entrada en vigor el 31 de diciembre pasado, Aguakán tramitó una demanda de amparo indirecto, la cual admitió el Juzgado Octavo de Distrito, de Cancún, con una suspensión provisional.

Inmediatamente el gobierno estatal de la morenista Mara Lezama Espinosa interpuso un medio de impugnación conocido como queja, del cual luego se quiso desistir, pero un Tribunal Colegiado de Circuito local le notificó que ya había sido resuelta la apelación.

Decreto sin efectos

El órgano jurisdiccional negó así retirar la suspensión provisional que, por el momento, deja sin efectos el decreto aprobado por el Congreso del estado de Quintana Roo.

Hasta ahora Aguakán ha señalado como autoridades responsables por violar sus derechos constitucionales a siete entes de la administración pública local, incluido al propio Congreso que aprobó el mandato que le retiró la concesión.

Son constantes las quejas contra la empresa por cobros excesivos, además de que no ha cumplido sus compromisos en el contrato de concesión, como entregar agua de calidad para alrededor de un millón 400 mil habitantes a través de 463 mil tomas.

La empresa niega todo lo anterior. En un comunicado difundido por el particular, informó que han cumplido con sus relaciones contractuales con los municipios de Quintana Roo, además ha pagado los gravámenes millonarios al organismo operador local y a la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Juicio de garantías

Aunque se ha dicho que la empresa ya logró ampararse contra el decreto de la legislatura local, lo cierto es que el juicio de garantías apenas inicia. Tras dos postergaciones de la audiencia incidental del juicio de amparo indirecto del expediente 1323/2023 del Juzgado Octavo de Distrito, a partir de la siguiente semana se podría saber si el particular logra la suspensión definitiva contra el decreto.

Esto traería como efectos legales que no se podría anular la concesión en tanto no se resuelva todo el proceso legal, el cual podría durar años.

Pero el Congreso no sólo reclamó el suministro del agua potable a favor del gobierno de Quintana Roo, sino el destino de un monto económico de más de mil millones de pesos que entregó esta empresa a funcionarios públicos durante la administración de Roberto Borge como contraprestación.

El dinero desapareció y no hay ninguna persona investigada ni mucho menos en prisión por el faltante.

Aguakán, negro historial y bandera política

En Quintana Roo quejarse del mal servicio del suministro de agua potable con cortes y cobros excesivos es una problemática que no tiene solución, afirma el activista Enrique Burton Mendoza.

Desde 1993 Aguakán sólo brindaba el servicio en Cancún y Puerto Morelos, pero en el año 2014, en una sesión privada de cabildo encabezada por Mauricio Góngora (quien luego buscó la gubernatura, perdió la elección y luego fue encarcelado durante la administración estatal de Carlos Joaquín, ahora embajador de México en Canadá), se dio entrada al particular en Playa del Carmen con la ratificación del Congreso del Estado.

Enrique Burton ha encabezado desde entonces una campaña para solicitar la revocación del servicio a la concesionaria, principalmente por las irregularidades con la que se entregó la prestación.

Sin embargo, también opina que la reciente disputa legal podría tener un trasfondo político.

“Siempre va a haber esa percepción, no la descartamos porque ya nos hemos dado cuenta de que es ocupada para banderas electorales y lo reviven con las elecciones. Antes comentaba que más allá de qué hagan el gobierno o los legisladores siempre vamos a estar sometidos a intereses electorales; probablemente haya algo de eso aquí”, sostuvo Enrique Burton.

La salida de Aguakán es un tema que muchos políticos han adoptado como su bandera de luchas; pero fue hasta ahora que los diputados locales de Morena lograron retirar la concesión, aunque debido al juicio de amparo no ha tenido los efectos esperados.

Existe el caso particular de Maribel Villegas Canché, senadora de Morena por Quintana Roo. En 2014 votó siendo diputada local por la extensión de la concesión y su entrada a Playa del Carmen e Isla Mujeres.

En 2022 promovió una consulta pública para retirarla, pero sin lograr el cometido.

Colectivo

A ocho años de que la empresa fue favorecida, Enrique Burton, junto con otros ciudadanos, fundaron el colectivo El agua es un derecho humano, con el cual se mueven principalmente por el norte de la entidad para lograr sacar a Aguakán en definitiva.

Comenta que en caso de que la concesionaria logre ampararse, su lucha continuará, aunque reconoce lo poderosa que es esta empresa y la capacidad de contratar a un sólido equipo jurídico para vencer cualquier traba. Ve distante alejarla de las familias quintanarroenses.

Hasta ahora la empresa sólo ha brindado dos comunicados sobre su situación, centrada en la violación de sus derechos contractuales como concesionario y el supuesto beneficio que ha brindado a los habitantes locales.

La siguiente semana se esperan impugnaciones en caso de que Aguakán gane la suspensión definitiva, han adelantado legisladores.