CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Previo a la visita de altos funcionarios del gobierno de Andrés Manuel López Obrador a Washington para discutir sobre el tema migratorio, la organización Human Rights Watch exhortó al presidente mexicano a rechazar cualquier nuevo acuerdo “formal o informal” que “aumente el número de expulsiones de solicitantes de asilo no mexicanos a México, cierre las vías legales existentes para la migración, limite el acceso a la protección internacional o establezca de facto un acuerdo de ‘tercer país seguro’ con Estados Unidos”.

En una carta dirigida al presidente mexicano, Juanita Goebertus Estrada, directora de HRW para las Américas, recalcó que la administración estadunidense de Joe Biden está contemplando un endurecimiento de su política migratoria y de refugio, como parte de sus negociaciones con el Partido Republicano para aprobar el presupuesto 2024 con todo y su partida de más de 100 mil millones de dólares para apoyar a los ejércitos de Ucrania e Israel.

Los cambios que se están considerando en Washington “podrían tener consecuencias devastadoras para los derechos de los migrantes y solicitantes de asilo, socavarían el derecho a solicitar asilo y expondrían a miles de personas a graves peligros”, subrayó Goebertus, quien insistió en que la aplicación de estas nuevas medidas requeriría “el beneplácito del gobierno mexicano”, razón por la cual pidió al mandatario no aceptarlas.

El gobierno de Biden contempla iniciativas que incluyen cierres temporales de la frontera sur y la expulsión automática de solicitantes de asilo a México, una política que hace eco al polémico Título 42, implementado durante la gestión de Donald Trump con la anuencia del gobierno de López Obrador. De hecho, Goebertus aseveró que el debate sigue latente sobre la negociación de un acuerdo de “tercer país seguro”, que obligaría a cualquier persona a solicitar asilo en México antes de iniciar el trámite en Estados Unidos.

El campo republicano, por su parte, está presionando a Biden para poner fin al programa de permisos humanitarios para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, a través del cual los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron la devolución de hasta 30 mil nacionales de estos países a territorio mexicano, a cambio de la emisión de permisos para que el mismo número de personas ingrese regularmente a Estados Unidos.