TOLUCA, Edomex. (apro).- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) emitió la primera recomendación del año al secretario de Seguridad de la entidad, Rodrigo Martínez Celis; al subsecretario de Control Penitenciario y al Director General de Prevención y Reinserción Social, por la violación de una interna en el penal de Tlalnepantla, lo que dio como resultado la concepción y nacimiento de un hijo.

El organismo determinó que estas autoridades vulneraron el derecho de la víctima a una estancia digna y segura, a la integridad personal, y el derecho de la mujer a una vida libre de violencia.

Conforme a la investigación, en marzo de 2020 la mujer fue víctima de violación sexual por parte de una persona privada de la libertad en el Centro de Readaptación Social de Tlalnepantla.

Los hechos ocurrieron un día de visita familiar, mientras ella se encontraba en su celda junto con otras compañeras, momento en el que entraron al dormitorio varios internos varones, quienes les propusieron sostener relaciones sexuales; algunas de sus compañeras accedieron, ella se negó, pero fue agredida por uno de ellos y, derivado de la violación, quedó embarazada.

Las autoridades penitenciarias aseguraron que el 17 de junio de 2020, mediante oficio que no presenta evidencia de recibido, dieron vista a la Fiscalía Regional de Tlalnepantla sobre la violación, pero la FGJEM aseguró que no tenía registro de la presentación y la recepción del documento.

Tampoco se prestaron los servicios médicos ni tratamiento adecuados a la interna, de manera que incluso el personal de custodia desconocía el estado de gravidez de la mujer, del que se percataron sólo cuando fue notorio.

La Codhem también encontró que el 2 de julio de 2020, durante una consulta obstétrica, un interno del penal ingresó al área médica sin autorización y sin que el personal de custodia interfiriera.

Además, la investigación por el delito se inició hasta septiembre de 2022, derivado de una vista de la Codhem; y ese mes nació de manera prematura el hijo de la víctima.

La autoridad penitenciaria justificó que la mujer no fue víctima de abuso sexual porque no se cuenta con alguna denuncia suya, pero no tiene certeza de cómo quedó embarazada sin haber tenido visitas íntimas y tampoco denunció para que el hecho fuera investigado.

En julio de 2021, la mujer y el bebé fueron trasladados al penal Nezahualcóyotl Sur, donde la víctima tuvo su entrevista inicial y reconoció tener pensamientos suicidas; ese mismo año, la mujer informó a las autoridades penitenciarias que presentaba alucinaciones auditivas y kinestésicas, por lo que fue canalizada para recibir atención psiquiátrica, pero sólo se le brindó un tratamiento por insomnio.

Este hecho, advierte la Codhem, evidencia la incapacidad de la autoridad penitenciaria para prestar atención a las mujeres que se encuentran en prisión, incluidos sus hijos, y darles seguridad para que no sean víctimas de abusos que deriven de la inadecuada custodia, el descuido de los controles administrativos, la falta de mecanismos para la prevención, la detección y atención de casos de violencia sexual y la ausencia de canales de comunicación interna.

Por tanto, entre las recomendaciones de la Codhem se incluyen la reparación del daño a las víctimas directa (la interna) e indirecta (su hijo), la obligación de proporcionarle atención psicológica o psiquiátrica para su rehabilitación, siempre que la necesite, de manera inexcusable, y su inscripción en el Registro Estatal de Víctimas para que puedan acceder a sus servicios.

También plantea adecuaciones administrativas para el control y realización de visitas íntimas, para el ingreso y estancia de personas del sexo masculino dentro del área femenil, la contratación de suficiente personal de vigilancia femenino, la implementación de protocolos para visita íntima, y la capacitación del personal.