pensio´n
Morena busca reducir a 62 años la entrega de pensión de adultos mayores indígenas
La diputada morenista Aleida Alavez Ruiz puntualizó que la consideración, en materia de disminución de la edad para la pensión de adultos mayores, se da ante la llegada, el próximo 8 de septiembre, del Paquete Económico 2024.CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El grupo parlamentario de Morena consideró acompañar y dictaminar la iniciativa presentada por el diputado, Jorge Ángel Sibaja Mendoza, la cual promueve que se reduzca de 68 a 65 años la edad de las personas adultas mayores beneficiarias el programa de Pensión para el Bienestar, y en el caso de indígenas y afromexicanos a partir de los 62 años.
La diputada morenista Aleida Alavez Ruiz puntualizó que la consideración, en materia de disminución de la edad para la pensión de adultos mayores, se da ante la llegada, el próximo 8 de septiembre, del Paquete Económico 2024.
Sibaja Mendoza aseguró que la reforma es viable y explicó que se fundamenta “en el desarrollo pleno de las personas en todas las etapas de su vida” y “evita la corrupción y el derroche del presupuesto”.
Recordó que presentó la iniciativa el pasado 16 de marzo, la cual modifica el artículo cuarto de la Constitución Política, con el objetivo de: “dar certeza jurídica y concordancia con las reglas de operación del Programa de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, que emite la Secretaría de Bienestar”.
El legislador morenista puntualizó que en la actualidad 12 millones de adultos mayores reciben esta pensión, lo cual aseguró, “se traduce en priorizar las políticas públicas y estrategias para atender las necesidades de los que menos tienen”.
Explicó que al avalar dicha reforma, la Carta Magna “aportaría la claridad necesaria con el criterio relacionado con la edad mínima” de los beneficiarios, y enfatizó que el Gobierno de la República busca priorizar a los adultos mayores “pues son quienes han dado su vida en la configuración del país”.
Además, José Ángel Sibaja rememoró: “Hace tres años la Cámara de Diputados aprobó elevar a rango constitucional los programas sociales, garantizando que el Estado brinde apoyos económicos a personas con discapacidad, estudiantes, adultos mayores, indígenas y afromexicanos, con la intención de disminuir la desigualdad de los grupos vulnerables.