CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En un contexto de militarización de la seguridad pública, la detención arbitraria sigue siendo “práctica generalizada” en México, ya sea en las cárceles o en los centros de detención migratoria; concluyó el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria.

A menudo, las personas detenidas sufren “violencia grave y excesiva” durante su arresto, y a veces son sometidas a sesiones de tortura para obtener confesiones, agregó el grupo de expertos internacionales.

Tras sus observaciones sobre la situación de las personas encarceladas en el país, los especialistas expresaron su preocupación por las “presiones” que ejerce el Poder Ejecutivo en contra del Poder Judicial, por ejemplo, mediante el recorte presupuestario o el señalamiento de jueces que emitieron decisiones en sentido contrario a las políticas del gobierno.

Asimismo, reiteraron su exigencia al gobierno de que abandone la práctica de la prisión preventiva oficiosa, que rompe con las obligaciones internacionales a las que se comprometió el Estado mexicano.

“Llamamos a las autoridades de México a remover esa figura; las leyes internas no pueden usarse para evitar las obligaciones internacionales que México ha firmado; es una violación a los derechos humanos”, exhortó el experto Matthew Gillett en respuesta a una pregunta de Proceso.

Aplicada en la actualidad a casi 45 mil personas –de un total de 230 mil personas encarceladas en México–, la prisión preventiva oficiosa es una práctica que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha declarado ilegal, pero que el presidente López Obrador defiende como parte fundamental de su política de seguridad.

Su permanencia, e incluso su ampliación a otros delitos durante el sexenio actual, socava múltiples derechos, aseveraron los expertos en un informe preliminar que presentaron este viernes 29, después de dos semanas de estancia en México.

Arbitrariedad y militarización

En conferencia de prensa, tres expertos del grupo internacional deploraron que la arbitrariedad ocurra en muchas partes del proceso de privación de la libertad, a la par de la que existencia de enormes obstáculos para hacer valer los derechos, por ejemplo, mediante la presentación de juicios de amparo. “Los que nos impactó fue la cantidad de instancias donde ocurren las arbitrariedades”, se alarmó Gillett.

De hecho, en la enorme mayoría de los casos, el hecho de que se reconozca una detención arbitraria no cambia en nada la situación, puesto que, según el documento, en la Ciudad de México, en 83.5% de los casos en que el juez señaló que hubo detención arbitraria, la persona permaneció privada de su libertad.

En su informe preliminar, producto de reuniones con autoridades, organizaciones civiles y con 173 personas detenidas –en una gira donde tuvieron un “acceso irrestricto” a los recintos–, los expertos observaron que el despliegue de más de 100 mil soldados en las tareas de seguridad pública ha acarreado un “aumento de la violencia contra las personas detenidas, en las las desapariciones y en los homicidios”.

“Las personas detenidas por personal militar con frecuencia fueron sometidas a graves actos de violencia y tortura, incluidas golpizas con objetos extraños”, denunciaron, y agregaron que, “aunque se informó que las detenciones arbitrarias cometidas por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y de Marina han disminuido, 60 de las 240 denuncias de detención arbitraria de 2018 a 2023 siguen sin resolverse.”

Aunque reconocieron algunos avances para combatir la arbitrariedad –como la casi desaparición del arraigo–, los expertos advirtieron sobre algunas prácticas violatorias de derechos humanos, como el no contar el tiempo bajo custodia policial como parte del plazo de 48 horas para que un detenido sea presentado ante un juez, o el abuso del concepto de “flagrancia” para llevar a cabo arrestos sin órdenes de aprehensión, o la siembra de delitos.

Los expertos también apuntaron que muchas personas son detenidas en México sin que queden anotaciones en el Registro Nacional de Detenciones, una herramienta lanzada en 2019 para evitar detenciones arbitrarias: determinaron que ni las personas migrantes ni varias de las personas detenidas por soldados –de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Marina y de la Guardia Nacional– aparecen en esa base de datos.

Cárceles sobrepobladas

De manera general, los expertos observaron que la sobrepoblación de las cárceles en México proviene en parte de la política antidrogas que se aplica desde el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, que criminaliza como narcomenudeo la posesión de sustancias.

En el interior de los centros de detención –carcelarios y migratorios–, los expertos recabaron denuncias sobre prácticas de corrupción, falta de atención médica, desabasto de medicamentos, alimentación inadecuada y condiciones inhumanas para dormir; a esto se agregan casos en que los reclusos no pueden salir de sus bloques o son sancionados mediante prácticas de aislamiento.

En materia migratoria, los expertos se alarmaron de que 240 mil extranjeros fueron detenidos en el primer semestre de 2023 y muchos de ellos por más tiempo del plazo legal de 36 horas. El año pasado, más de 126 mil niños migrantes fueron arrestados, y la mayoría fue privada de su libertad, bajo la supervisión del DIF.

Reiteraron que, ante el incendio en las instalaciones de Ciudad Juárez, en marzo de 2023, donde murieron 40 personas y muchas más resultaron heridas, “el Grupo de Trabajo enfatiza que las personas migrantes no deben ser mantenidas a puertas cerradas y deben tener acceso a las áreas al aire libre”.