CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En un informe enviado al presidente Andrés Manuel López Obrador, el Secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, desmiente a los padres de familia de los 43 estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, desparecidos el 26 de septiembre de 2014, quienes aseguran que esta institución se niega a entregarles información sobre el caso.

“Se ha dado la máxima apertura a la Unidad Especializada para la Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA-FGR), a la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (CoVAJ), al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), así como a las madres y padres de los normalistas, quienes accedieron personalmente a instalaciones militares, a los archivos disponibles y los que ellos mismos solicitaron; los cuales fueron revisados por estos y seleccionaron los documentos que consideraron de su interés, los que les fueron entregados”.

Por tal motivo, señala la Sedena, les debe constar a ellos -padres y madres de los estudiantes-, que la documentación que ahora solicitan, no obra en los archivos de los organismos de esta Secretaría.

No obstante, se realizó una nueva búsqueda basada en el documento que fue entregado por las madres y padres de los estudiantes desaparecidos, el pasado 21 del mes en curso, sin que hasta el momento se hayan encontrado o localizado documentos adicionales a los que ya fueron entregados.

Además, también se revisaron los ya entregados identificándose que los documentos con los números CRFI/687; CRFI/695; CRFI/1194; CRFI/1363 y CRFI/1375, que refieren como no recibidos, sí les fueron entregados en la documentación anteriormente señalada; los cuales se anexan, identificándose que se refieren a:

La revisión de un taxi procedente del Estado de México por la Policía Estatal o Municipal de Iguala, Gro., identificando al conductor como oficial retirado del Ejército; el alertamiento sobre detonaciones de arma de fuego en el área urbana del Municipio de Iguala.

Una presunta conversación entre personas desconocidas de actos de inseguridad en Iguala, Gro., probablemente por los hechos del 26 de septiembre de 2014; una presunta conversación donde se realizan comentarios relacionados con los hechos ocurridos en Iguala, así como, información sobre un grupo de personas inconformes que llegaron a bordo de cuatro autobuses a la Plaza Tamarindos en Iguala y realizaron actos vandálicos.

“Es importante resaltar que se estima que la principal exigencia de dichos documentos versa sobre la necesidad de conocer de manera completa la conversación donde un miembro del grupo criminal “Guerreros Unidos” de nombre Gildardo López Astudillo, instruye al Subdirector de la Policía Municipal de Iguala, Francisco Salgado Valladares le haga entrega de 17 estudiantes en un lugar determinado”.

Al respecto, Sedena considera que el propio López Astudillo puede proporcionar mayor información, en virtud de las conversaciones (Mensajes/Chats) proporcionadas por la DEA, en los cuales se advierte que López Astudillo fue uno de los orquestadores y autores materiales de la desaparición de los estudiantes.

La Sedena asegura que ha realizado múltiples acciones a partir del 4 de diciembre de 2018, fecha en que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se crea la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (CoVAJ), para coadyuvar en la búsqueda y localización de los estudiantes normalistas y al esclarecimiento de los hechos, siendo los siguientes:

Durante las visitas en sitio que realizó el personal del GIEI y de la CoVAJ, a diversas instalaciones de esta dependencia, se les permitió el acceso a cada uno de los archivos de los organismos.

Entre los documentos entregados, señala se ha proporcionado un total acumulado de 18,845 fojas, seleccionadas directamente de los archivos de los organismos militares de la SEDENA, por los propios integrantes de la CoVAJ, GIEI y UEILCA-FGR.

Además en cuanto a la colaboración por comparecencias, indica que facilitó la comparecencia ante la UEILCA-FGR de 51 militares (8 Generales, 4 Jefes, 6 Oficiales y 33 elementos de tropa), con la presencia del entonces GIEI, dado que este grupo solicitó asistir para constatar que el entrevistador realizara los cuestionamientos que habían sugerido, relativos a las actividades efectuadas por el personal militar con respecto a los hechos motivo de su investigación; habiendo confirmado que así se realizó.

Sobre los apoyos en campo, según SEDENA, desde el año 2019 al mes de septiembre 2023, la SEDENA ha proporcionado apoyo a la CoVAJ y UEILCA-FGR en 96 planes de búsqueda en diferentes puntos de los municipios de Iguala, Cocula, Tepecoacuilco, Eduardo Neri, Cuautepec y San Miguel Totolapan en el Estado de Guerrero, con la participación de 2,004 militares, 260 vehículos y 9 unidades de maquinaria pesada; así como con 767 elementos, 80 vehículos y 2 aeronaves de la G.N.

Adicionalmente, dentro de las colaboraciones con la CoVAJ, la SEDENA designó a un Oficial (Teniente) para que en la Oficina de Alejandro Encinas Rodríguez, funja como asesor en aspectos logísticos y administrativos, para la planeación de las búsquedas de los estudiantes desaparecidos, así como enlace con organismos militares para hacer más expedita la colaboración interinstitucional.

Por cuestiones administrativas la SEDENA, ordenó que dicho Teniente fuera reemplazado por otro Oficial de la misma jerarquía, sin embargo, Encinas Rodríguez por conducto del presidente López Obrador, solicitó que no fuera relevado por lo que hasta la fecha presta apoyo en la CoVAJ.

En relación con el oficio presidencial de fecha 12 de agosto de 2022 (se anexa), donde el informe de la CoVAJ señala como presuntos responsables en la desaparición de los jóvenes de la Normal de Ayotzinapa, al General José Rodríguez Pérez, Capitán José Martínez Crespo, Teniente Francisco Macías Barbosa (El Juez no le emitió orden de aprehensión), Subteniente Fabián Alejandro Pirita Ochoa y Soldado Eduardo Mota Esquivel, se giraron las instrucciones correspondientes, a efecto de colaborar con la UEILCA-FGR para cumplimentar las órdenes de aprehensión en su contra como se indica:

El 14 de septiembre de 2022, personal de la Policía Ministerial Militar y Policía Federal Ministerial, cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de un General por delincuencia organizada, así como de un Oficial y uno de Tropa por delincuencia organizada y desaparición forzada, el primero porque presuntamente según un testigo protegido tenía relación con miembros del grupo criminal, y los demás presuntamente por omisos al no haber evitado la desaparición de los estudiantes, cuando encontrándose de servicio acudieron al hospital “Cristina” por la probable presencia de personas armadas, y por ningún motivo por haber participado directamente en los hechos en que desaparecieron los estudiantes; proceso que aún continúa hasta que se defina lo que conforme a derecho corresponda.

El 16 de septiembre de 2022, personal de la Policía Ministerial Militar y Policía Federal Ministerial, cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de 1Oficial, también presunto involucrado en los hechos ocurridos en Iguala, el 26 y 27 de septiembre de 2014.

El 20 de junio de 2023, en cumplimiento a las instrucciones de López Obrador, contenidas en el oficio de 26 de mayo de 2023, y como se informó en la tarjeta 15489 de 31 de mayo de 2023, se ejerció control administrativo, con pleno respeto a derechos humanos, sobre 1 Oficial y 7 de tropa en el activo, hasta que el personal de la Policía Ministerial Militar y Policía Federal Ministerial, cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra, en la citada fecha, por el delito de Desaparición Forzada presuntamente por omisos al no haber evitado la desaparición de los estudiantes, cuando encontrándose de servicio acudieron al hospital “Cristina” por la probable presencia de personas armadas.

Hace énfasis, en que el motivo de la detención fue por “omisión”, por ningún motivo por haber participado directamente en los hechos en que desaparecieron los estudiantes; ya que el proceso aún continúa hasta que se defina lo que conforme a derecho corresponda.