CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Este 2023 se cumplen nueve años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Sin embargo, apenas hace un año el gobierno federal inició los primeros procesos penales contra los militares implicados –por acción u omisión– en los hechos, casos que no registran ningún avance significativo.

Pese a haber estado prófugo de la justicia, tener pasaporte y visa vigentes, y contar con ingresos de más de 50 mil pesos mensuales, la Guardia Nacional (GN) determinó que el general en retiro Rafael Hernández Nieto, señalado por su participación en el caso, tiene un nivel bajo de riesgo, por lo cual logró salir de la prisión militar en la que estuvo apenas un mes.

Así lo determinó el evaluador Saúl Cerrillo González, de la Autoridad de Supervisión de Medidas Cautelares y de la Suspensión Condicional de Proceso de la Dirección General de Seguridad Procesal de la GN.

“Se considera que es más perjudicial para el evaluado sustraerse de la acción penal que permanecer en el proceso, ya que su entorno social es estable y sus lazos laborales y familiares son estrechos”, dijo el evaluador en el oficio GN/UOEC/DGSP/ASMCSCP/CDMX/1991/2023 al que Proceso tuvo acceso.

“Esta autoridad evaluadora de riesgos procesales, derivado del análisis socio-ambiental, según los factores expuestos con anterioridad, advierte un NIVEL DE RIESGO BAJO”.

El documento fue considerado por la juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, Raquel Ivette Duarte Cedillo, durante la audiencia en la que ordenó modificar la prisión preventiva impuesta a Hernández Nieto desde el 29 de junio pasado, fecha de su detención, por la prisión domiciliaria que actualmente cumple en Puebla.

Hernández Nieto está sujeto a proceso penal por el caso Ayotzinapa, acusado de delincuencia organizada y desaparición forzada.

Su evaluación de riesgo fue enviada por Cerrillo González a la juez Duarte Cedillo como parte del cumplimiento una suspensión provisional concedida al mando militar por el juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México.

La suspensión provisional consistía en que la juez Duarte Cedillo debía realizar una audiencia de revisión de la medida cautelar impuesta a Hernández Nieto, quien es el segundo militar de más alto rango implicado en el caso Ayotzinapa.

En la evaluación de riesgo el funcionario de la GN señaló que acudió a entrevistar al mando militar a la prisión de Campo Militar 1, el 19 de agosto de 2023, para entonces Hernández Nieto llevaba un mes recluido.

La entrevista duró 40 minutos en los cuales acreditó estar casado desde febrero de 1984, tener dos hijos mayores de edad y una casa y un automóvil en el estado de Puebla.

“Mantiene una relación de más de 39 años bajo el régimen de sociedad conyugal con quien tiene dos hijos, a través de ello acredita un arraigo familiar”, señaló el funcionario.

“Tiene un domicilio en el cual lleva más de 22 años habitando, a través de ello acredita un arraigo domiciliario”.

Hernández Nieto informó al funcionario que se retiró de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en abril de 2019, año en el que también tramitó su pasaporte y visa, mismos que vencen hasta 2029.

Desde entonces, indicó que ha viajado en cuatro ocasiones a McAllen, Texas, para ir de compras, y que la pensión que recibe como jubilado de Sedena, que asciende a 52 mil pesos mensuales, le permite solventar los gastos de él y su esposa.

Los documentos de Hernández Nieto para salir del país fueron el único riesgo de fuga observado por Cerrillo González.

“Al contar con documentación vigente para viajar al extranjero, existe un riesgo mínimo de sustraerse de la acción de la justicia, en caso de obtener el beneficio de continuar con su proceso en libertad”, indicó el evaluador.

Además de su pensión, Hernández Nieto y su familia pueden tener acceso a los servicios de seguridad social y casa que ofrece la Sedena, pues como no ha sido declarado culpable de ningún delito, es un derecho que le asiste como militar retirado.

La orden de aprehensión contra Hernández Nieto fue emitida el 14 de junio de 2023, ese día se entregaron ocho militares de los 16 que se incluyeron en el pliego de consignación.

El general brigadier en retiro fue considerado prófugo de la justicia hasta el 29 de junio pasado cuando las autoridades lo detuvieron afuera de su domicilio en la ciudad de Puebla.

Pese a ello, el evaluador no tomó en cuenta esto y consideró que su comportamiento procesal ha sido adecuado.

Hernández Nieto fue liberado el 26 de agosto siguiente y desde entonces permanece sujeto a prisión domiciliaria.

El general era comandante de uno de los cuarteles de Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014, fecha en la que ocurrió el ataque contra los normalistas de Ayotzinapa.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Pro), organización que ha acompañado a los padres de los 43 normalistas desaparecidos en la defensa de sus derechos como víctimas, consideró que la liberación de Hernández Nieto es un “golpe de impunidad” y una muestra innegable del sesgo de las autoridades a favor del Ejército.

Otros militares bajo proceso

Desde la desaparición de los normalistas, sus padres han exigido al gobierno federal de Enrique Peña Nieto y al de Andrés Manuel López Obrador que la Sedena entregue toda la información que tiene sobre el caso Ayotzinapa al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y a la Fiscalía General de la República (FGR).

Otra de las primeras exigencias de los padres de los normalistas fue la de abrir investigaciones contra los militares implicados y cuya participación fue señalada por los primeros sujetos detenidos por la extinta PGR, supuestos integrantes de los Guerreros Unidos, organización implicada en el ataque a los estudiantes.

De acuerdo con los correos hackeados a la Sedena por el colectivo Guacamaya, la Defensa Nacional hizo una investigación interna sobre la desaparición de los normalistas en la que interrogó a 43 militares, esta información es la que el gobierno federal no ha querido entregar al GIEI ni a la FGR.

Las declaraciones de los militares fueron recabadas por la Procuraduría General de Justicia Militar y la extinta PGR entre septiembre de 2014 y noviembre de 2015.

Sin embargo, hasta agosto de 2022, a ocho años de los hechos en Iguala, la FGR obtuvo órdenes de aprehensión contra 83 personas por el caso, 20 de ellos eran militares, sorpresivamente días después, los fiscales se desistieron de aquellas que implicaban a 16 elementos castrenses.

Los militares contra quienes quedaron vigentes las órdenes de captura fueron el general Brigadier José Rodríguez Pérez, exjefe del 27 Batallón; el capitán José Martínez Crespo, el subteniente Fabián Alejandro Pirita Ochoa y el soldado de Infantería Eduardo Mota Esquivel.

Algunos de ellos ya estaban presos y otros se entregaron voluntariamente.

Estas nuevas órdenes fueron obtenidas en el contexto de la presentación del informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (Covaj-Ayotzinapa) del gobierno federal, en el que el general José Rodríguez Pérez fue señalado como el responsable de dar la orden de asesinar y desaparecer a seis normalistas.

Además, en el documento presentado por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, se reveló que entre los normalistas desaparecidos se encontraba un soldado infiltrado: Julio César López Patolzin.

Actualmente Rodríguez Pérez está sujeto a proceso penal por delincuencia organizada y desaparición forzada. Encinas mencionó incluso que el Ejército pudo haber actuado y evitado la desaparición de los normalistas “pero no lo hizo”.

Luego de que la FGR desistió proceder contra los 16 militares, Omar Gómez Trejo, fiscal especial del Caso Ayotzinapa, renunció al cargo y era quien lideraba las pesquisas contra los castrenses implicados.

Actualmente se especula que Gómez Trejo huyó a Estados Unidos por temor a represalias por el trabajo que realizó en la FGR.

El 14 de junio de este año la FGR solicitó y consiguió nuevamente las órdenes de aprehensión de los 16 militares, entre ellos general en retiro Hernández Nieto, mismas que fueron emitidas por la juez Raquel Ivette Duarte Cedillo.

Además, la juez Duarte Cedillo ordenó capturar a los soldados Omar Torres Marquillo, Uri Yashiel Reyes Lazos, Gustavo Rodríguez de la Cruz, Juan Sotelo Díaz, Santiago Muñoz Pilo, Francisco Narváez Pérez y Ramiro Manzanares Sanabria.

Asimismo Eloy Estrada Díaz, Juan Andrés Flores Lagunes, Oscar Cruz Román, Ezequiel Carrera Rifas, Joel Gálvez Santos, Felipe González Cano, Roberto de los Santos Eduviges y Enrique Martínez Chávez, todos integrantes de los Batallones 27 y 41 de Infantería en la fecha en que los normalistas fueron desaparecidos.

La investigación que implica a los militares derivó de las declaraciones del testigo protegido “Juan”, quien señaló a los soldados, a quienes mencionó en ocasiones sólo con un apellido, de estar en la nómina de los Guerreros Unidos.

De acuerdo con el testimonio, la noche de los hechos un grupo de personas fue interrogado en el 27 Batallón de Infantería en Iguala y posteriormente fue entregado a los narcos para su desaparición, algunos de ellos, ya estaban muertos.

De estos 16 militares, ocho de ellos se entregaron el 15 de junio pasado, un día después de que la juez Duarte Cedillo emitió las órdenes de aprehensión en su contra. Desde entonces permanecen sujetos a proceso y a prisión preventiva en el Campo Militar 1.

Se trata de Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores Lagunes, Ramiro Manzanares Sanabria, Roberto de los Santos Eduviges, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes Lazos y Juan Sotelo Díaz.

A unas semanas de cumplirse nueve años de la desaparición de los normalistas, el diario estadunidense The New York Times reveló que la DEA proporcionó comunicaciones al gobierno de México el año pasado en las que se reafirman datos de nexos de los Guerreros Unidos con policías y mandos de la Sedena.

El rotativo indicó que un testigo aseguró que algunos de los normalistas fueron incinerados en un crematorio propiedad de la familia de un forense y que estaba coludido con los Guerreros Unidos.