CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Pese a que José Antonio Zorrilla Pérez, exdirector de la desaparecida Dirección Federal de Seguridad (DFS) era identificado como autor intelectual de Manuel Buendía, durante su captura no fue esposado, ni se le trasladó en patrulla, por el contrario, se le trató como si aún trabajara en el gobierno federal.

De acuerdo con el expediente de Manuel Buendía, entregado por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) al Archivo General de la Nación (AGN), la captura de Zorrilla Pérez ocurrida el 13 de junio de 1989, cinco años después del homicidio del periodista, fue ejecutada personalmente por el mismo titular de la Procuraduría General de Justicia del DF, Ignacio Morales Lechuga.

A los medios de comunicación la Procuraduría informó que Zorrilla se entregó voluntariamente luego de dialogar con el procurador capitalino.

Sin embargo, de los informes internos se desprende que aproximadamente a las 17:00 horas, efectivos de la policía judicial del Distrito Federal se presentaron en la avenida Paseo de la Reforma 2570 para dar cumplimiento a la orden de aprehensión librada por el juez 34 de lo penal en contra de Zorrilla.

“Ahí se produjo un enfrentamiento sin mayores consecuencias en donde momentos después, llegó el procurador capitalino (Morales Lechuga) ordenando que se retirara el operativo de los agentes investigadores, así como de las ambulancias que habían llegado a ese lugar.

“Una vez que se retiró el dispositivo policiaco el procurador dialogó con Zorrilla Pérez, entregándose este último a la autoridad mencionada procediendo de inmediato a abordar el vehículo del procurador en el que se trasladaron a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal”, señala el informe.

Para lograr este trato “preferencial”, Zorrilla amenazó con matar a algunas personas que se encontraban en el inmueble donde fue detenido y de suicidarse.

Dentro del vehículo, según declaraciones del propio Morales Lechuga, el procurador y el ex director de la DFS, hablaron sobre temas relacionados con Javier Coello Trejo, entonces subprocurador de Justicia de la PGR, sobre delitos del fuero federal y otros del fuero común.

En el edificio sede de la Procuraduría, ubicado en avenida Niños Héroes y Dr. Lavista, en la colonia Doctores, Zorrilla rindió su declaración preparatoria ante cuatro agentes del ministerio público.

Pare ello, el edificio de la PGJDF se encontraba fuertemente custodiado, tanto por elementos de la misma corporación como por agentes de la Procuraduría General de la República (PGR).

Además, el personal administrativo que no tenía nada que ver con el caso, fue desalojado y no se permitió acceso al inmueble. Zorrilla estaba blindado.

Ese mismo día, la procuraduría capitalina dio a conocer que ya tenía elementos para identificar al autor material del homicidio de Buendía y los elementos con los que se consumó el crimen.

La orden de aprehensión contra Zorrilla fue anunciada por el fiscal especial para investigar el caso Buendía, Miguel Ángel García Domínguez, desde el 11 de junio de 1989, y forma parte de un informe rendido por la PGJDF al entonces presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari.

Además, en conferencia de prensa García Domínguez indicó que Zorrilla estaba señalado como autor intelectual del homicidio por lo que de inmediato la PGJ identificó las reacciones en medios de comunicación y de otros probables involucrados en el caso, como los ex elementos de la DFS.

De acuerdo con los documentos del expediente Buendía, el anuncio de la orden de captura contra Buendía provocó gran hermetismo en las filas de la Dirección de Inteligencia, donde había ex elementos de la DFS, pues se prohibió el acceso a las oficinas de dicha dirección que en aquel entonces se ubicaba en el cuarto piso del edificio marcado con el número 32 de avenida Fray Servando Teresa de Mier, lugar donde actualmente se encuentra un inmueble del Poder Judicial de la CDMX que quedó dañado luego del sismo del 19 de septiembre de 2017 y permanece en desuso.

Los elementos identificados y sus mandos dejaron de acudir a dicho edificio y al ex corralón de Tlaxcoaque, lugar donde también solían reunirse, sólo permanecieron guardias en sitios aledaños a los mismos para prohibir el acceso a toda persona, describe el documento.

Por ello, la PGJDF tenía conocimiento de que había temor de que se emitieran órdenes de aprehensión contra los jefes de la Dirección de Inteligencia, principalmente, contra Juventino Prado Hurtado, quien fue comandante de la Brigada Especial de la DFS, cuando era encabezada por Zorrilla.

Ese 11 de junio de 1989, las autoridades catearon el domicilio de Zorrilla ubicado en Teololco 320, pedregal de San Ángel, pero no lo encontraron.

Al día siguiente Prado Hurtado solicitó licencia para separarse por tiempo indefinido del cargo que ostentaba en la Dirección de Inteligencia.

Según la procuraduría capitalina, el comandante fue quien acompañó a Zorrilla a la oficina de Buendía aquel 6 de mayo de 1984, luego de que el periodista fue asesinado.

Ahí, extrajeron los archivos periodísticos que Buendía tenía formados, se apoderaron de expedientes diversos y de los casquillos de balas que se utilizaron para matar al periodista y que todavía meses antes de la detención de Zorrilla, permanecían “extraviados”.

El 14 de junio de 1989, un día después de la captura de Zorrilla quien todavía estaba en las instalaciones de la PGJDF, Prado Hurtado acudió a declarar ante el ministerio público local.

Prado Hurtado llegó a las oficinas de la procuraduría aproximadamente a las 15:00 horas de ese día y permaneció ahí hasta las 17:35.

En el lugar estuvieron presentes también el subprocurador Coello Trejo y Manuel Camacho Solís, entonces jefe del Departamento del Distrito Federal (DDF).

Prado Hurtado salió del edificio a bordo de un DART color guinda, acompañado de una persona no identificada. Las autoridades nunca precisaron los motivos de la presencia de Coello Trejo y Camacho Solís pero a las 19:00 horas, Zorrilla fue puesto a disposición del juez 34 penal, Roberto Hernández Martínez, en el Reclusorio Norte.

Para el traslado, el convoy se integró por 12 patrullas de la PGJDF con 4 elementos cada una, el vehículo en el que viajó el ex funcionario se abrió paso entre los representantes de los medios de comunicación para evitar que lo entrevistaran.

Zorrilla llegó a la zona de aduanas del Reclusorio Norte a las 19:25 horas de aquel 14 de junio.

Con uniforme de reo, Zorilla y su declaración

A las 10 de la mañana del 15 de junio de 1989, portando ya el uniforme beige del Reclusorio Norte, José Zorrilla narró lo que pasó aquel 6 de mayo de 1984.

“Yo le dije al secretario de Gobernación, Manuel Bartlett -en 1984- que había recibido la noticia del atentado contra Manuel Buendía y le pregunté qué hacía, a lo que él me contestó: ve a confirmarlo”, relató.

Vía telefónica Zorrilla comunicó a Bartlett la confirmación requerida: “está balaceado, muerto”, dijo.

En la audiencia, el ex funcionario fue notificado del delito que se le acusaba, homicidio calificado, y rechazó responder las preguntas que le realizó el ministerio público, Luis Abazi.

“Se le acusa de ser el autor intelectual de la muerte del periodista Manuel Buendía, además de sustraer los archivos del periodista en sus oficinas pocos minutos después de que este fue asesinado en el exterior, de igual forma se le señala con el narcotráfico ya que el C. Rafael Caro Quintero, se identificaba con credenciales de la DFS firmadas por Zorrilla Pérez”, indica el informe de la audiencia.

La diligencia se realizó en presencia de reporteros de medios nacionales e internacionales que esperaban escuchar la declaración del exdirector del DFS.

“Voy a ofrecer una conferencia de prensa otro día, pero les pido que dejen trabajar hoy a estas personas”, dijo a los reporteros que le cuestionaban sobre quién mató a Buendía.

“No puedo hablar hoy”, leyó su comparecencia, la firmó y posteriormente fue escoltado por tres policías para regresar al área de ingresos del Reclusorio Norte donde debía permanecer hasta que le asignaran una celda.

Luego de concluir la audiencia, el juez 34 penal, Roberto Hernández Martínez, informó que luego de dos días resolvería la situación jurídica de Zorrilla.
Sus abogados, Javier Hernández Cervantes, Guillermo Cueto Domínguez y Alfonso Camacho, coincidieron en que los testimonios que acusaban a Zorrilla eran vagos, imprecisos y frágiles.

A Zorrilla le esperaba un juicio en el que corría el riesgo de ser condenado de 20 a 40 años sin derecho a fianza.

Posteriormente la PGJDF solicitó sumar a la acusación contra Zorrilla los delitos cometidos contra la administración de justicia, ejercicio indebido del servicio público y abuso de autoridad. Por algunos de estos delitos el ministerio público pidió imponerle 22 años de prisión.

De acuerdo con los informes de la PGJDF Zorrilla Pérez negó categóricamente su presunta culpabilidad en el homicidio de Buendía y su relación con narcotraficantes como Rafael Caro Quintero.

“Son puros chismes y elucubraciones para formar una historieta para culparme de estos ilícitos, es una ciencia de la Procuraduría”, dijo.

Aseguró que él llevaba una estrecha relación de amistad con Buendía y rechazó haberse apoderado de los expedientes del archivo personal del periodista.

Explicó que como director de la DFS su función fue la de proteger a los involucrados en el caso y testigos del crimen para que pudieran coadyuvar en la investigación y que el expediente con el que se le acusaba era parte del trabajo que realizó la extinta Dirección.

“Lo hicimos porque tenemos conocimiento de la historia, como lo fue el caso de Kennedy, que habían matado a los principales autores, sin testigos del caso en una cadena interminable de tratar de que se supiera la verdad”, refirió.

Acusó que con todos los argumentos en su contra las autoridades buscaban darles coherencia y racionalidad a hechos separados para “presentar una hipótesis que sea satisfactoria para la prensa y para la opinión pública por un delito que no se ha aclarado”.

Sobre las credenciales supuestamente firmadas por él y utilizadas por Caro Quintero, Zorrilla recordó que la Secretaría de Gobernación, la PGR y el embajador de EU en México, Jhon Gavin, negaron la existencia de las mismas.

El 17 de junio de 1989 a las 14:40 horas, el juez 34 Penal en la Ciudad de México dictó auto de formal prisión contra Zorrilla Pérez por el delito de homicidio calificado.

Hasta febrero de 1993, José Antonio Zorrilla Pérez fue sentenciado a 35 años de prisión al ser encontrado culpable de ser el autor intelectual del homicidio de Buendía.

Como coautores intelectuales fueron sentenciados a 25 años, los ex comandantes de la DFS, Juventino Prado Hurtado y Raúl Pérez Carmona.

Como autores materiales fueron sentenciados también a 25 años de prisión los ex agentes de la DFS, Juan Rafael Moro Ávila Camacho y Sofía Marysia Naya Suárez, el primero de ellos logró revocar su sentencia 15 años después.