Tras la salida de prisión de José Antonio Zorrilla Pérez para cumplir en su domicilio el resto de la condena que se le impuso por el crimen del periodista Manuel Buendía, dos personajes cercanos a él por sus funciones –Manuel Bartlett, en aquel entonces secretario de Gobernación– y Jorge Carrillo Olea –a su vez subsecretario– tratan de deslindarse de una relación próxima o personal con el que fue titular de la temida Dirección Federal de Seguridad… MÉXICO, D.F. (Proceso).- El regreso del PRI al poder ha traído a escena a muchos personajes del pasado. Ahora surgen, entre otros, el  periodista Manuel Buendía Tellezgirón, asesinado en 1984 por la policía política, y el autor intelectual de su homicidio, José Antonio Zorrilla Pérez, quien desde el 10 de septiembre vivirá bajo prisión domiciliaria los próximos cinco años hasta cumplir su condena. La decisión de la juez de Ejecución de Sanciones del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Belem Bolaños Martínez, de concederle ese beneficio debido al “precario” estado de salud del inculpado, de 71 años, revivió también las pugnas entre quienes fueron los superiores de Zorrilla en la Secretaría de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz, y el exgobernador de Morelos Jorge Carrillo Olea. En entrevista por separado con Proceso, cada uno atribuye al otro la relación con Zorrilla Pérez. Pero el silencio de quien fuera el jefe de la temida Dirección Federal de Seguridad (DFS) ha impedido saber con certeza los móviles del homicidio cometido por agentes de la DFS la tarde del 30 de mayo de 1984 en el cruce de la avenida Insurgentes y la calle de Hamburgo, en la llamada Zona Rosa. Por años, se ha insistido en que fue un asesinato de Estado por la supuesta información que el periodista poseía sobre actos de corrupción del entonces presidente Miguel de la Madrid, fallecido en abril del año pasado. También, sobre la alegada colaboración de autoridades civiles y militares con el narcotráfico. A su vez, el régimen que prohijó a Zorrilla Pérez lo tuvo como jefe partidista, lo hizo diputado federal, secretario de Gobierno de su estado (Hidalgo) y titular del órgano se seguridad del régimen, la Dirección Federal de Seguridad (DFS), mientras que Zorrilla no ha hablado para defenderse, mucho menos para responsabilizar a otros del asesinato de quien era el columnista político de mayor peso en la opinión pública mexicana con su Red Privada. El trabajo periodístico de Buendía fue una de las líneas de investigación del homicidio, pero fue desechada y la averiguación sólo alcanzó al que fuera penúltimo titular de la DFS, quien inicialmente fue condenado a una pena de 35 años de prisión, luego reducida a 29, como autor intelectual. Fue detenido en 1989, en su domicilio de Paseo de la Reforma, en Lomas de Chapultepec, luego de oponer resistencia al operativo que encabezó el entonces procurador de Justicia del DF, Ignacio Morales Lechuga. Zorrilla pasó 24 años de la condena en distintas cárceles de la Ciudad de México, con un breve paréntesis de cuatro meses en 2009, cuando gozó de libertad anticipada, privilegio que perdió porque se negó a ir cada mes a firmar ante la entonces Dirección de Ejecución de Sanciones del Gobierno del Distrito Federal. A su desafío se sumó la pertinaz decisión del columnista político y discípulo de Buendía, el hoy fallecido Miguel Ángel Granados Chapa, de encabezar una campaña pública para que el exdirector de la DFS regresara a la cárcel. La pena se cumple dentro de cinco años, el 29 de octubre de 2018. (Fragmento del reportaje que se publica en Proceso 1924, ya en circulación)