CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un tribunal federal será el que tenga la última palabra sobre el amparo que solicitó el exsenador panista, Jorge Luis Lavalle Maury, para conseguir más tiempo para reunir pruebas a su favor en el proceso penal que enfrenta por asociación delictuosa, cohecho y lavado de dinero por el caso Odebrecht.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en aplicación de un criterio emitido previamente en el que se declaró constitucional el artículo 321 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), ordenó devolver el expediente de Lavalle Maury al Quinto Tribunal Colegiado en materia Penal para que, tomando en consideración dicho precedente y las circunstancias particulares del caso, determine si le concede o no el amparo.

El artículo del CNPP establece que la etapa de investigación complementaria en los casos penales no debe exceder de los seis meses cuando se trate de delitos cuya pena máxima exceda los dos años de prisión, o de dos meses cuando se trate de delitos cuya pena máxima sea menor a los dos años de cárcel.

Dicha etapa también puede ser ampliado para reunir pruebas en favor de los imputados para ejercer el derecho a contar con una adecuada defensa.

El criterio que la Corte ordenó al Tribunal Colegiado aplicar establece que, si el imputado o su defensa solicita una prórroga de la etapa de investigación complementaria, esta no procede cuando ya se alcanzaron los límites máximos establecidos en el artículo 321 del CNPP.

En este caso, Lavalle Maury solicitó un amparo porque el juez de control que conoce de su asunto rechazó ampliar, por segunda ocasión, la etapa de investigación complementaria argumentando que ya se había cumplido el término máximo establecido en el 321 del Código.

El amparo llegó hasta la Suprema Corte, donde la Primera Sala, a propuesta de la ministra Margarita Ríos Farjat, únicamente ordenó la devolución del expediente al Colegiado.

El exsenador panista es el único detenido y vinculado a proceso de los 70 denunciados por Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, por actos de corrupción, como vía para obtener un criterio de oportunidad en el caso Odebrecht.

Fue vinculado a proceso desde abril de 2021 por asociación delictuosa, cohecho y lavado de dinero por 97 millones 190 mil pesos.

Inicialmente el juez de control fijó tres meses de plazo de investigación complementaria, mismos que después fueron ampliados a 90 días más a solicitud de la defensa de Lavalle Maury.

Luego, los abogados del exfuncionario solicitaron una segunda ampliación del término para recabar información sobre Fabiola Tapia Vargas, fallecida en 2014, y quien fue señalada por Lozoya como testigo de la entrega de sobornos a Lavalle Maury.