TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis (Proceso).– En medio de una serie de irregularidades, como la falta de transparencia y denuncias de corrupción, la Secretaría de Obras Públicas (SOP) del gobierno de Chiapas insiste en construir una magna obra presupuestada en dos mil 300 millones de pesos, llamada “Circuito Interior Chiapas de Corazón” en la capital del estado, misma que ha enfrentado una resistencia ciudadana que por ahora la mantiene en una serie de litigios. 

Desde marzo de 2022 activistas defensores de derechos humanos, del colectivo Menos Puentes Más Ciudad, descubrieron que el gobierno de Chiapas, mediante la SOP, pretende construir un triple puente en la zona norte poniente de Tuxtla, específicamente en el tramo denominado Reloj Floral, pero que afectaría tres parques, Tuchtlán, Joyo Mayu y el centro recreativo deportivo Caña Hueca. 

La organización civil buscó más información oficial sobre el proyecto, pues el gobierno estatal construía puentes elevados en algunos otros puntos de la ciudad como el Libramiento Norte y el Libramiento Sur, pero se toparon con una falta de transparencia. 

Sin éxito, un grupo de especialistas buscó presentar al titular de Obras Públicas, Ángel Torres Culebro, una contrapropuesta que el 5 de octubre de 2022 ganó el tercer lugar nacional en el Concurso #MejoresCallesMX, integrado por expertos en movilidad, arquitectura y desarrollo urbano sostenible. 

Ese proyecto, “Rediseño de la prolongación de la 5ª Norte Poniente en Tuxtla Gutiérrez”, del colectivo Menos Puentes Más Ciudad, vía el Laboratorio Ciudadano, incluye rediseñar la prolongación de la 5ª Norte Poniente en Tuxtla Gutiérrez, como una contrapropuesta a la iniciativa del gobierno de Chiapas de construir puentes vehiculares para crear un circuito interior vial.

Este proyecto evidencia que, con la obra propuesta por el gobierno, se favorecería de manera desmedida al automóvil y se causarían daños sociales y ambientales, así como afectaciones al espacio público, parques existentes y la movilidad de un segmento importante de las personas residentes en la capital del estado.

La propuesta alternativa también buscaba resolver problemas como las inundaciones, la alta sensación térmica, mejorar la seguridad vial y la conexión en un área del río Sabinal, que alberga al menos 43 especies de árboles y 126 de aves, de las cuales seis están protegidas.

Porfirio Gómez Ojeda, consultor en desarrollo humano y activista del Colectivo Menos Puente Más Ciudad, denunció que siempre ha prevalecido la opacidad en el proyecto, aun cuando bombardearon a las autoridades con diversas solicitudes de acceso a la información. 

Ante la narrativa del gobierno en favor de la construcción de puentes elevados o pasos a desnivel en toda la ciudad, la ong comenzó una campaña informativa y asambleas ciudadanas a la que muchas personas se sumaron para protestar contra el proyecto gubernamental que costó 28 millones de pesos, pagados a una empresa constructora llamada Socton Construcciones. 

Desde febrero de 2023 los manifestantes empezaron con mayor intensidad con actividades lúdicas, campañas en redes sociales, plantones, volanteos, colgando lonas y brigadeando en cruceros, entre otras acciones pacíficas para manifestar su inconformidad ante el proyecto que “nunca incluyó el principio de participación ciudadana”, sobre todo por su impacto en espacios de uso de miles de tuxtlecos, expone Gómez Ojeda. 

El gobierno estatal ya ha construido tres puentes y está en proceso de otro más para los cuales ha erogado al menos mil millones de pesos y se pretende gastar tres mil 800 millones adicionales en puentes vehiculares. El monto representa casi 50% del presupuesto de obras públicas de todo el sexenio.

El colectivo ha señalado que dichos proyectos no constituyen una solución adecuada para la movilidad de la capital del estado; al contrario, es una inversión en infraestructura no incluyente, pues prioriza al vehículo en lugar de otras opciones de movilidad o inversiones orientadas al mayor porcentaje de la población.

Represalias

A la par de las acciones ciudadanas del Colectivo, el abogado Manuel de Jesús Cruz Espinosa interpuso un recurso de amparo ante un juez federal, luego de que el cabildo tuxtleco autorizó a la SOP la tala de más de 587 árboles para el Circuito Interior. 

Le concedieron la suspensión provisional, después la suspensión definitiva, pero el gobierno cambió el concepto en el proyecto de “derribo” a “trasplante”, para evadir ese litigio. 

Sin formar parte de la organización civil, el abogado Espinosa se sumó en defensa del medio ambiente, pues a esos parques siempre llega a caminar o hacer sus rutinas de ejercicio, y alegó que, como usuario de esos parques, el pretendido circuito le afectaba.

Eso le trajo amenazas, acoso y persecución. Su hijo fue despedido de manera injustificada de una dependencia de gobierno estatal donde laboraba, lo que considera una represalia por su activismo jurídico. 

En total, dijo, se promovieron alrededor de 40 recursos de amparo; de esos 40 ha habido concesiones de suspensión y negativas, otros 20 están en la etapa de revisiones y quejas, y de ese número se promovieron facultades de atracción a la Suprema Corte. Y promovidos ante la Corte, al menos en cinco casos, ya se pidió un informe pormenorizado de los expedientes para determinar si ejerce la atracción. 

“Esta es la obra más impugnada jurídicamente en la historia de Chiapas”, asegura el abogado. 

Los defectos del proyecto       

El 2 de agosto último la SOP emitió la convocatoria para la licitación pública SOP-907005975-E15-2023, para la construcción del Circuito Interior Chiapas de Corazón, cuya inversión se estipulaba en 700 millones de pesos del presupuesto de este año y mil 600 millones de pesos del ejercicio fiscal 2024. 

De acuerdo con Porfirio Gómez y Joseliny Omar Díaz Torres, fundador del Laboratorio Ciudadano, “jurídicamente no pueden culminar este proceso de licitación ni adjudicarla a un contratista, mucho menos iniciar la obra por todos procedimientos pendientes en el Poder Judicial Federal”. 

Sin embargo, reconocieron: “Vemos que no hay voluntad política para replantear la obra; por el contrario, se ha incrementado el acoso y hostigamiento a quienes los jueces han otorgado las suspensiones, y eso nos preocupa. 

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales negó la autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental, agregaron. 

Joseliny Díaz pidió al gobierno estatal respetar las suspensiones otorgadas por los jueces como medidas cautelares y a sus promoventes, y exigió al gobierno estatal reetiquetar ese recurso en proyectos que potencien la vocación de Tuxtla, de acuerdo con las leyes de movilidad y seguridad vial, de protección y cuidado del medio ambiente, planificación urbana y espacios públicos, y las buenas prácticas nacionales e internacionales en la materia.

Después de meses, los miembros de la Comisión de Desarrollo Urbano del Colegio de Arquitectos de Chiapas (CACHAC), Carlos León Chanona, Luis Paz y Ricardo Espinosa, tuvieron acceso al proyecto de la obra del Circuito Interior, y tras hacer un minucioso análisis, determinaron que no cumplía con los requisitos para ser una obra viable. 

Los expertos en desarrollo urbano solicitaron al titular de dicha dependencia, Torres Culebro, “replantear el proyecto y la inversión para maximizar los beneficios”.

Entre los defectos del proyecto destaca que éste no se vincula al Plan Estatal de Desarrollo de Chiapas 2019-2024, a los planes y programas de Desarrollo Urbano de la Zona Metropolitana y Urbano, al Plan de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS) y principalmente no beneficia a más de 70% de ciudadanos tuxtlecos que diariamente se desplazan a pie o en transporte público, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

Eso deriva en desigualdad social, de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, y al derecho constitucional de una movilidad sustentable.

En lo técnico, el proyecto no se justifica porque en la hora de máxima demanda se proyecta que apenas 20% de los automovilistas usen la vía elevada, y se prevé una reducción del ancho de carriles, entre otros aspectos.  

En lo ambiental, de acuerdo a la Manifestación de Impacto Ambiental aprobado por la secretaría del ramo, no consideró las siguientes afectaciones: a la vegetación existente en los parques Cañahueca, Tuchtlan y Joyyo Mayu; a las más de 150 especies de aves que habitan en los parques; la contaminación de mantos freáticos por la excavación y cimentación de zapatas y pilotes.     

Tampoco se están tomando en cuenta impactos en la calidad del aire, “isla de calor” por el exceso de concreto, así como otros impactos negativos en el suelo.  

Mientras que en los aspectos social y económico, los expertos en desarrollo urbano prevén conflictos en los accesos y salidas de los parques y negocios; barreras físicas e inseguridad que generan los bajo puentes; degradación de la imagen urbana, así como la pérdida del patrimonio construido y natural.

Al no considerar la obra viable, los expertos de la Comisión de Desarrollo Urbano del Colegio de Arquitectos Chiapanecos, AC, sugirieron al secretario de Obras Públicas del Gobierno de Chiapas, Angel Torres Culebro, “replantear el proyecto y la inversión para maximizar los beneficios”.

Sin embargo, el 4 de septiembre último la SOP continuó con el proceso de adjudicación, aunque declaró “desierta” la licitación pública de la obra (SOP-907005975-E15-2023), que actualmente sigue con una suspensión emitida por un juez federal. 

“La licitación desierta no implica una victoria jurídica; es necesario que la justicia federal ampare y proteja a todos y cada uno de los quejosos”, aclaró el abogado Cruz Espinosa, quien, asegura, mantendrá su litigio. 

A la par, otro puente se gesta en el lado oriente de Tuxtla, en el Libramiento Norte Oriente, a la altura del Hospital Doctor Gilberto Gómez Maza; esa es otra lucha que apenas empieza. 

Torres Culebro denunció que los opositores a la obra son “grupos que estuvieron privilegiados en un pasado, que recibían muchas canonjías. 

Están haciendo algunos artilugios legales. Y algunos jueces, no todos, que están emitiendo resoluciones que no tienen ningún sustento. 

“Son combatibles, a través de las instancias superiores, pero nos llevan tiempo”, dijo Torres Culebro. 

En su más reciente declaración pública sobre la polémica obra, el gobernador, Rutilio Escandón Cadenas, expresó: “Se manifestaron unos grupos que se dicen ecologistas. Y luego nos acusaron que vamos a cortar los árboles del parque deportivo Caña Hueca. 

“Desde aquí digo que eso es falso. Que no vamos a cortar ningún árbol de Caña Hueca. Al contrario, estamos sembrando arbolitos. Pero ya se pusieron de acuerdo con el Poder Judicial Federal. Y a cada rato hay amparos. Y no tienen razón. No tienen justificación jurídica. Lo están haciendo ilegalmente. 

“Pero como son amparos, nos detienen la obra. Les ganamos un amparo, luego viene otro y nos vuelven a detener la obra (…) porque el Poder Judicial de la Federación se opone, se opone y se opone”.