PUEBLA, Pue., (apro).- Tras una audiencia que se alargó por 12 horas, el juez de Control, Jorge Eduardo Ramírez Téllez, dictó la no vinculación por el delito de delincuencia organizada  de Yoyari Denise Villasana Monroy,  quien se desempeñaba como titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de Personas Desaparecidas de Nayarit y fue detenida el 8 de septiembre.

De igual forma, la noche del martes fueron puestos en libertad Dora Aimé Carranza Macías, quien era Ministerio Público, y Pavel Emilio Valdez Balbuena, exdirector de averiguaciones previas y extitular del penal estatal Venustiano Carranza en Tepic, mismos que igual fueron capturados la semana pasada en Nayarit.

De acuerdo con la organización Idheas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, los tres exfuncionarios son señalados de estar ligados a desapariciones forzadas de personas ocurridas cuando Edgar Veytia, actualmente preso en Estados Unidos, era fiscal general de Nayarit.

Veytia, en complicidad con el exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, habrían conformado una estructura criminal, coludida con los cárteles de la delincuencia organizada.

Rosa María Jara Montes, representante del colectivo “Por nuestros corazones” y quien estuvo presente en la audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal de Puebla, reconoció que ya veían venir la posible liberación de los exfuncionarios.

Señaló que, desde la detención de Yoyari, en Nayarit había versiones de que la Fiscalía y el gobierno de esa entidad podrían buscar sobornar al juez, por ello emitieron un comunicado la noche del lunes, para hacer un llamado a que el procedimiento fuera apegado a la legalidad.

“Ya se escuchaba que los iban a dejar libres”, refirió a su salida de la audiencia, “sigue habiendo protección del gobierno de Nayarit”. 

Sin embargo, Jara recalcó que este auto de no vinculación se refiere sólo al delito de delincuencia organizada, pero que la FGR no hizo aún imputaciones por otros ilícitos en "donde hay más elementos, víctimas indirectas y pruebas más contundentes”.

Dijo que los familiares de personas desaparecidas en Nayarit tienen la certeza que estos exfuncionarios están ligados a las desapariciones de personas ocurridas en los últimos años en esa entidad.

“Esto no se acaba aquí, vamos a seguir y vamos a aportar las pruebas, hay mucho que perseguir”, expresó. 

Agregó que, aunque por una parte los familiares salieron decepcionadas de la audiencia, por otro tienen la confianza de que se puede aún buscar castigo para estos exfuncionarios.

“El juez dio la opción de que la Fiscalía podría reponer la imputación, pero con datos más precisos y una investigación más amplia y por otros delitos”, apuntó.

Esas imputaciones, que el propio juez consideró con mayores elementos --precisó-- se refieren a ilícitos como la destrucción de indicios, obstaculización de investigación, encubrimiento y la propia desaparición de personas.

“Yo creo que la FGR tendría que ser más precisa en las acusaciones que tiene y nosotros, las víctimas, ser más directos. Yo entiendo que hay muchos familiares que tienen mucho miedo y queda claro que la mano del gobierno sí es algo fuerte, pero es momento de que nos fortalezcamos en nuestros dichos”, declaró Jara.

Sólo un vinculado

El juez Ramírez Téllez consideró que la FGR sólo aportó suficientes elementos para vincular a proceso por delincuencia organizada a Miguel Ángel Ríos, quien no desempeñó ningún cargo público. 

Ríos es señalado de haber participado de 2017 a la fecha en “levantones” de personas en Nayarit bajo aquiescencia de comandantes de la Fiscalía de esa entidad.

Cabe referir que este mismo juez de Control fue señalado durante la mañanera del 22 de agosto por resolver seis casos de manera “desfavorable a los intereses de la justicia”.