CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– El Paquete Económico 2024, propuesto por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, tendrá doble filo para las finanzas públicas del país: 

Por un lado, en pleno año electoral, abrirá la cartera con deuda incluida al incrementar el gasto en los programas sociales, así como para proyectos prioritarios. 

Por otro, heredará a la próxima administración la necesidad de realizar una reforma fiscal para aumentar los ingresos y reducir la deuda.

De acuerdo con el Paquete Económico 2024, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) entregó al Congreso de la Unión el 8 de septiembre último, el gasto público en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año próximo asciende a 9.6 billones de pesos, 4.3% más que el gasto aprobado para 2023 y 7.8% respecto al calculado de cierre para ese año.

Para el último año del sexenio el gasto en desarrollo social ascenderá a 12.8% del PIB, la cifra más alta desde que se tiene registro, que además supera en 2.7 puntos porcentuales del PIB al dato observado en 2018. Un marcado incremento del gasto en tiempo de elecciones.

Por ejemplo, el gobierno de la 4T presupuestó 465 mil 48 millones de pesos para la Pensión de Adultos Mayores, el cual presenta un incremento de 25%, en el monto de la pensión otorgada, por lo que los beneficiarios alcanzarán un apoyo de seis mil pesos bimestrales a partir de 2024.

En materia de infraestructura económica, el gasto de inversión implica recursos por 1 billón 108.4 mil millones de pesos, de los cuales 80.2% se destinará a la inversión física y a proyectos como el Tren Maya, al que se le inyectarán 120 mil millones de pesos. 

Dicho monto es superior al de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPPC) y representa casi un 30% del presupuesto de Educación (SEP).

De hecho, mientras que el presupuesto para la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y para la Secretaría de Marina (Semar) tienen aumentos superiores a 50%, hay un pírrico incremento de 1% para la SEP y un alza del 2% para la SSPPC.

¿Generadores de inversión?

“No hay prueba alguna de que los principales proyectos de inversión del gobierno generen crecimiento en el tiempo.  Los proyectos de inversión generan crecimiento perdurable sólo cuando tienen una relación de beneficio costo sociales positiva. Ni el tren Maya, ni la refinería de Dos Bocas, ni el proyecto transístmico cuentan con ese estudio –que la ley exige–,” señaló en su análisis el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).

Pero eso no es todo, la agencia calificadora Moody’s Investors Service alertó sobre “la rigidez” del gasto y advierte del poco espacio fiscal que le quedará al siguiente gobierno ante la poca diversidad de ingresos y la mayor recurrencia a la deuda.

“Como ya lo hemos recalcado en el pasado, la estructura del gasto se ha vuelto más rígida a lo largo de esta administración, como resultado de recurrentes apoyos financieros a Pemex, el incremento de las pensiones, la creciente inversión en proyectos emblemáticos, y mayores pagos de intereses. 

“En nuestra opinión, estas dinámicas de gasto le restarán espacio fiscal al gobierno en adelante”, señaló Renzo Merino, senior analyst de la agencia calificadora, Moody’s Investors Service.

Lo anterior se combina con menores ingresos previstos para 2024. La Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación (ILIF) calcula ingresos presupuestarios por 7.3 billones de pesos, 1.8% menos que 2023, lo que equivale a 21.3% del PIB. Este monto es similar a 21.2% del PIB captado en 2018 y, en términos PIB, sería la recaudación más baja desde 2019. 

En comparación con 2018, los ingresos tributarios crecerían 1.7 puntos porcentuales del PIB y los ingresos por energía disminuirían 1.4 puntos porcentuales; lo que implica mayor dependencia tributaria y menor energética, advierte el análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

Es decir, mientras que el gobierno pretende ingresar 7.3 billones de pesos, el gasto asciende a 9 billones. 

“Un sexenio perdido”

Alejandra Macías, directora ejecutiva del CIEP, señaló en conferencia de prensa que llama la atención que, pese a que el crecimiento económico es mejor a lo esperado (del 3% para el 2024), los ingresos públicos no están alcanzando los niveles proyectados.

“Tenemos ingresos públicos que van a ser similares a los niveles de 2018 y esto apunta a que es un sexenio perdido en términos de ingresos públicos. Si esto no es evidencia de que necesitamos una reforma tributaria, ¿entonces cuál es?”, cuestionó la especialista.

En este sentido se prevé que el saldo de la deuda pública se ubique en 48.8% del PIB al cierre del año y un déficit fiscal de 4.9% del PIB.

Según la SHCP, el incremento proyectado en el nivel de la deuda pública para 2024 es de 5.2 puntos porcentuales del PIB respecto de 2018. 

Y aunque el actual gobierno presuma que el aumento es menor respecto al sexenio de Felipe Calderón, cuando la deuda aumentó 7.4 puntos del PIB y durante la administración de Enrique Peña Nieto, 8 puntos como porcentaje del PIB, lo cierto es que para el próximo gobierno ya es insostenible sin una reforma fiscal.

En el caso del déficit público, BBVA Research explicó que el previsto por la SHCP para 2024 resulta preocupante y sorprendente en un contexto en el que la propia dependencia gubernamental proyecta que la economía mexicana crecerá por encima de su potencial (2.6% vs. 2.4%). 

Así lo advirtió Moody’s: “El Paquete Económico contempla que en 2025 la siguiente administración realizará un fuerte ajuste fiscal, principalmente por el lado de los gastos, para reducir el déficit. Aun cuando puede que el gasto de inversión se reduzca una vez se completen los proyectos emblemáticos, los gastos corrientes, como las pensiones, serán difíciles de ajustar a la baja, sobre todo por temas sociopolíticos”. 

Dado este contexto, alertó, la próxima administración enfrentará retos mayores en el ámbito fiscal, incluyendo el referido a considerar una amplia reforma tributaria para recuperar el espacio fiscal perdido.

En el mismo sentido, BBVA concluyó que ante la previsible fragilidad en las finanzas públicas en los próximos años, por las presiones derivadas de los programas sociales, el continuo apoyo a Pemex, el deterioro de la infraestructura debido a la falta de mantenimiento, el costo financiero de la deuda y el pago de pensiones públicas, será necesario que el siguiente gobierno federal diseñe e implemente una reforma fiscal que aumente los ingresos tributarios.