MORELIA, Mich (Proceso).– A más de una década del levantamiento del primer grupo de autodefensas en Michoacán, encabezado por el extinto Hipólito Mora Chávez en La Ruana, municipio de Buenavista, habitantes de ese lugar expresaron su hartazgo ante la violencia y las extorsiones de grupos criminales que continúan operando en la impunidad. Desesperados por la inacción gubernamental, los habitantes están dispuestos a tomar nuevamente las armas.

Sin Hipólito Mora, asesinado por decenas de sicarios a finales de junio último, este brote de descontento social se produjo a escasas dos semanas de que el presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó –en su rueda de prensa del 28 de agosto pasado– los narcobloqueos carreteros e incendios de vehículos y negocios realizados la víspera por bandas del crimen organizado en Buenavista, Apatzingán y Uruapan.

“Fue un acto más que nada publicitario, propagandístico… Hay algunos detenidos”, dijo el mandatario nacional, quien enseguida aseguró que “se recobró la paz y la tranquilidad” en esa región.

Sin embargo, al mediodía del 10 de septiembre pasado quedó exhibida otra cara de la realidad cuando pobladores de La Ruana repicaron las campanas de la parroquia y tronaron cohetes llamando a reunión urgente en la plaza principal, con el propósito de invitar a la población a levantarse en armas contra el narco.

Algunos de los convocantes, que en su momento participaron en las autodefensas lideradas por Hipólito Mora, dijeron que ellos y sus familiares se encuentran amenazados por los grupos delictivos que operan en la región, específicamente el cártel de Los Viagras, y expusieron su decisión de enfrentarlos.

Guadalupe Mora Chávez, hermano del asesinado Hipólito, fue invitado a dar un mensaje a los asistentes, ante quienes se pronunció en favor de un movimiento pacífico, pero también se unió a la exigencia de que las autoridades de los tres niveles de gobierno coloquen retenes en todos los accesos a la localidad y protejan a la población.

En entrevista con Proceso, Guadalupe Mora expone: “Fue sorpresivo, yo no esperaba que estos amigos fueran a convocar al pueblo; hay mucho hartazgo contra la violencia. Dijeron que, si las autoridades no cubren las entradas como lo están pidiendo, sí van a agarrar las armas. Yo también lo dije: ‘Si no nos dan el apoyo, entonces hay que agarrar las armas’, no lo voy a negar”.

La reunión, sin embargo, terminó de manera abrupta cuando a medio discurso de Guadalupe Mora ocurrió un ataque explosivo, lanzado desde un dron, que estalló muy cerca del lugar y perforó una techumbre, pero no hubo personas heridas.

Tras el escándalo generado por este incidente se movilizaron más de cien elementos del Ejército, Guardia Nacional y Guardia Civil en la región, mientras el 11 de septiembre último el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, anunció que el dispositivo de seguridad se mantendrá de manera permanente.

El conflicto de La Ruana le estalló a Ramírez Bedolla unos días antes de que rinda su Segundo Informe de Gobierno, el próximo lunes 18 de septiembre. Y a casi dos años del inicio del sexenio del mandatario morenista, que se cumplen el 1 de octubre, las autoridades estatales y federales no han podido disminuir los niveles de inseguridad y violencia en Michoacán.

Por el contrario, delitos como la desaparición de personas y la extorsión se han disparado y así lo muestran los propios registros oficiales, pese a la atención especial que recibe del gobierno federal, que sostiene que las acciones criminales en puntos como Apatzingán son “actos propagandísticos”.

En ese contexto de violencia se encuentra Michoacán, sin importar la atención especial brindada al estado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien el 9 de octubre de 2021, días después de la toma de protesta del nuevo gobernador, acudió a Morelia con casi todo su gabinete a presentar el Plan de Apoyo a Michoacán, con gran énfasis en el combate a la inseguridad.

Y aunque en estos dos años la Federación ha enviado al estado varios miles de soldados y agentes de la Guardia Nacional, en los hechos esto no se ha reflejado en resultados. 

Si bien el gobierno estatal ha presumido que entre enero y julio de 2023 se registró una baja de 31% en homicidios dolosos en comparación con el mismo periodo del año pasado –de mil 588 a mil 88 víctimas–, también es una realidad que al mismo tiempo las denuncias por extorsiones se elevaron en un 290% –de 33 a 129 casos–, y en lo que va del año la cifra oficial de desaparecidos se disparó 137%, de 280 a 615 casos.

“Estábamos mejor”

La región de Tierra Caliente ha sido la más afectada por las extorsiones, principalmente contra los productores de limón de Apatzingán; mientras que los municipios de Uruapan, Morelia y Zamora son los que han padecido en mayor medida el delito de desaparición.

Evangelina Contreras Ceja, representante del colectivo Desaparecidos de la Costa y Feminicidios de Michoacán (Decofem), busca desde hace más de 11 años a su hija Tania; y el pasado 12 de julio sufrió el asesinato su hijo Leonel.

 Advierte que “es demasiado grave” la situación de violencia e inseguridad en el estado.

“Queremos paz, estoy cansada de ver a Michoacán desangrándose completamente, estamos desesperados de ver tanta desaparición y muerte, ya no es sólo en Tierra Caliente, cada día se va extendiendo más esta ola de violencia”, dice la mujer en entrevista.

De acuerdo con el registro histórico de la Comisión Nacional de Búsqueda, en el estado actualmente existe un acumulado de cinco mil 411 personas desaparecidas, pero a juicio de Evangelina Contreras, la cantidad puede ser muy superior, pues calcula que la cifra negra es superior en 40 por ciento.

La madre buscadora huyó desde 2016 del poblado Caleta de Campos a causa de amenazas del crimen organizado, y hasta la fecha no ha podido regresar. Hoy se muestra decepcionada de los gobiernos de López Obrador y Ramírez Bedolla.

“Muchos de nosotros creímos en un cambio, queríamos un cambio porque no podíamos vivir así siempre, pero nos equivocamos al haber votado por este gobierno porque ahora estamos peor que cuando pensábamos que estábamos peor”, expresa Contreras Ceja.

Presencia militar sin resultados

Luego de que el 27 de agosto pasado grupos criminales desestabilizaron los municipios de Apatzingán, Buenavista y Uruapan mediante el bloqueo de carreteras con vehículos en llamas y la quema de algunas tiendas de conveniencia, el gobierno federal ha enviado un total de dos mil 700 elementos del Ejército y la Guardia Nacional con la misión de “inhibir las actividades de la delincuencia organizada, así como preservar y garantizar la libertad, el orden y la paz pública”.

Guadalupe Mora Chávez considera que para pacificar la región no es suficiente el envío de fuerzas federales, pues ya se ha hecho esto en ocasiones anteriores, y cuando se han ido los elementos del Ejército y la Guardia Nacional la situación vuelve a su estado anterior.

“El problema es que no van al fondo del asunto; se trata de que hagan su trabajo como debe ser, sin corrupción porque si no, nunca se va a acabar esto. Tiene que hacerse un plan integral con estrategias de seguridad para resolver en definitiva la problemática de violencia en Tierra Caliente, pero si nada más detienen a algunos y después los dejan libres como siempre, de nada sirve que haya tanto gobierno”.

Desde hace varios años, advierte, “hemos estado a merced de los grupos del crimen organizado, que además de extorsionar a los limoneros y a los expendios de bebidas alcohólicas de Tierra Caliente, controlan los precios de la canasta básica mediante el acaparamiento de los productos, que llegan muy caros al consumidor final”.

Guadalupe Mora refiere que en el caso de La Ruana por mucho tiempo ha funcionado una bodega manejada por miembros del crimen organizado, adonde todos los proveedores que visitan el pueblo deben llevar sus productos, y ese lugar es el único autorizado para surtir a precios inflados a los comercios locales.

“La bodega ha estado a la vista de todos, el gobierno lo ha sabido y no hace nada; mi hermano Hipólito había denunciado mucho ese establecimiento y yo ahora que agarré el lugar de él también lo he dicho y he pedido que se quite esa bodega”.

Sobre la afirmación del presidente López Obrador en el sentido de que se había recobrado la paz y tranquilidad en la región de Tierra Caliente, Guadalupe Mora desmiente: “Aquí no se ha recobrado nada de eso, aquí no hay paz; hay pura violencia, amenazas y extorsiones; necesitamos que ya hagan su trabajo como debe de ser, porque no lo están haciendo”.

En una rueda de prensa reciente, el gobernador Ramírez Bedolla reconoció la alta incidencia de extorsiones que sufren los productores de limón de Apatzingán, lo que provocó el paro de actividades de muchos de ellos.

Pero el gobernador justificó que este fenómeno ha ocurrido durante los últimos 20 años, e indicó que este delito se había normalizado, por lo que hizo un llamado a los limoneros a no resignarse a pagar el cobro de piso al crimen organizado.

El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán (CEDH), Marco Antonio Tinoco Álvarez, informó que en los últimos tres meses y medio ese organismo remitió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la Fiscalía General de la República (FGR) cuatro actas por encarecimiento de productos y actos de violencia en la región de Tierra Caliente, en los que se presume omisión por parte de las autoridades competentes. Las actas se refieren a situaciones y hechos en Apatzingán, Buenavista, La Ruana, Tepalcatepec y otras poblaciones de la región.

Control criminal

El diputado federal morenista Carlos Alberto Manzo Rodríguez considera que entre las causas de la ola de violencia actual en Michoacán se encuentra “la disputa que hay entre grupos criminales que operan en el estado, pero también no descartó que la violencia esté acompañada de la complicidad de gobernantes de los municipios donde se dan las disputas. 

“Creo que el crimen organizado tiene mucho territorio ya ganado en Michoacán; controla muchos sectores: ayuntamientos, presupuestos, tramos carreteros, precios de productos de la canasta básica e incide en la política en algunas regiones”.

El legislador recuerda que desde octubre del año pasado presentó ante la FGR una denuncia para que se investigue a funcionarios municipales y estatales que podrían tener vínculos con la delincuencia organizada, pero “no hemos sido escuchados”.

Dice que desde el gobierno federal y los órganos de inteligencia se puede saber quiénes están haciendo crecer sus cuentas bancarias, las cifras de sus bienes y todo lo que se tiene que investigar para saber de dónde proviene la riqueza de muchos políticos.

“Hemos señalado eso en reuniones con el presidente y algunas autoridades del orden federal; les hemos externado la preocupación de lo que está pasando; esperamos que pongan cartas en el asunto, sobre todo en Uruapan, donde han ocurrido muchas extorsiones, asesinatos y desapariciones, y la mayoría de la gente trabajadora está siendo amenazada”, agrega Manzo.