MONTERREY, NL (Proceso).– El asesinato cometido el 31 de julio último contra el director jurídico del Congreso de Nuevo León, Ricardo Flores Suárez, detonó la crispación entra la clase política del estado que señala al gobernador, Samuel García, por generar condiciones para la violencia por razones políticas. 

Estratega legal del Congreso, que controvertía de manera exitosa las acciones y omisiones del mandatario local, Flores Suárez fue ejecutado a balazos en unas canchas de futbol de su propiedad en el municipio de San Nicolás.

Este jueves, durante el homenaje de cuerpo presente a Ricardo Flores, unas 200 personas, entre políticos, compañeros de trabajo, amigos y familiares se congregaron en el vestíbulo del Congreso local.

Sobre el móvil del ataque contra el estratega legal del Congreso ­–quien fue diputado federal por el PAN–, el encargado de la Fiscalía, Pedro Arce Jardón, explicó que, si bien hay avances en las investigaciones, hasta ahora no hay elementos que indiquen que hubiera motivaciones políticas en el asesinato.

Sin embargo, el coordinador de la bancada panista en Nuevo León, Carlos de la Fuente Flores, amigo personal de la víctima–, si bien no señaló directamente al gobernador Samuel García por el homicidio, sí lo denunció como el artífice de la polarización que ha causado desestabilidad política y una consecuente afectación a la seguridad pública en el estado.

“Culpamos al gobernador por la escalada de violencia política y física porque él lo ha dicho en varias ocasiones: son mis peores enemigos. Exigimos una vez más que esta persecución se detenga inmediatamente, y como lo hemos dicho en varias mesas de negociación, teniendo como testigos a la sociedad civil y a los empresarios, ¿en qué ayudamos?”, dijo acompañado por diputados locales y federales, así como alcaldes del PRI y PAN.

Ausencia y silencio

A la ceremonia luctuosa de Ricardo Flores no asistió el gobernador, quien se encuentra en la India en una misión de promoción empresarial.

No obstante, desde que se conoció el crimen, y por lo menos en los tres días siguientes Samuel García no hizo un solo comentario, ni en redes sociales donde suele ser muy activo.

El diputado Waldo Fernández, de Morena, dijo estar preocupado por las condiciones en las que se encontraba el ambiente político en el estado.

“Estos eventos desincentivan en general a la clase política. No se habían presentado en Nuevo León en los últimos años, no era un estado donde la violencia política llega a tal grado. La violencia era de otro tipo, pero no criminal. Esto ya es delicado. 

“Te lo planteas en lo personal: qué necesidad tengo para seguir mientras todo esto está sucediendo, aunque también tiene que ver con la conducta personal dentro y fuera de la política”, dice. 

El morenista dice que en este pleito entre el gobernador y el PRI-PAN “ya se rebasaron los límites de la moralidad” y denuncia que los ataques ahora van dirigidos incluso a las familias. 

En las acusaciones de corrupción contra diversos personajes de la oposición el gobierno del estado involucró a sus esposas en tramas de malversaciones.

En meses recientes varios diputados locales del PRI y PAN han enfrentado problemas legales: la priista Perla Villarreal denunció que su esposo fue acusado ante la Fiscalía General de la República, a Eduardo Leal, panista, le cerraron taquerías de su papá. Zeferino Salgado y Carlos de la Fuente denunciaron que les impusieron sellos de clausura a sus oficinas. 

El PRI denunció que la diputada Ana González es presionada para que deje el puesto y asuma su suplente, Melisa González, de Movimiento Ciudadano.

El coordinador del PAN en el Congreso local declaró al día siguiente del homicidio que desde el gobierno del estado ordenaban espionaje y la siembra de delitos contra diputados opositores.

Al respecto, el secretario general de Gobierno, Javier Luis Navarro Velasco, desestimó los señalamientos. Después de repudiar el crimen “cobarde” contra el estratega legal del Congreso estatal, consideró impropio que los legisladores del PRI y el PAN quieran utilizar la tragedia para obtener beneficio político.

“Está muy lejos de la realidad esa cuestión del espionaje. Ven mucha televisión. No tenemos ningún interés en saber qué hacen, qué piensan. Con el trabajo que tenemos es suficiente. Son calumnias; nos quieren poner como los malos de la película, cuando no lo somos”, dijo el mismo día en que sepultaron a Flores Suárez.

Litigante contra el gobernador                         

A Ricardo Flores Suárez, de 45 años, se le conocía en el Congreso de Nuevo león como El Cubi. La noticia de su homicidio fue impactante pues, decían, además de ser un tipo amistoso, era encomiado por servicial y no se le conocían enemigos.

Formaba parte del primer círculo del Grupo San Nicolás, célula política en la localidad que comanda el exalcalde de ese municipio Zeferino Chefo Salgado Almaguer, que controla desde hace 20 años el PAN en el estado. 

En años recientes, el PAN aceptó aliarse con el PRI en el estado, partido al que prácticamente ya engulló junto con uno de sus líderes de facto, el exalcalde de Guadalupe, Francisco Cienfuegos, coordinador nacional de diputados locales del PRI.

Como parte del Grupo San Nicolás, Ricardo Flores asumió el puesto de director Jurídico del Congreso local, desde octubre de 2021. En su posición fue el encargado de responder, con éxito, las controversias constitucionales y amparos que promovía el gobernador Samuel García para buscar mayor poder y minar al binomio que él llama despectivamente PRI-AN, que forma mayoría en la Legislatura.

Flores promovió la demanda ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que Samuel García publique en el Periódico Oficial del Estado los decretos aprobados en el pleno, la cual ganó. 

El año pasado encabezó la elaboración de la denuncia que hizo el Congreso de Nuevo León ante la Fiscalía estatal contra Samuel por abandonar funciones, al negarse a publicar el presupuesto de este año.

El gobernador presentó una controversia para que no continuara el proceso de designación del fiscal general del estado, debido a que no está de acuerdo con la terna que le presentaron. El Congreso local hizo la respectiva argumentación, encabezada por Ricardo Flores, y el proceso está en espera de una resolución de la Corte.

Como encargado de responder jurídicamente cualquier alegato relacionado con la institución legislativa, Flores Suárez era una pieza clave en el funcionamiento del Congreso en esta 76 Legislatura.

Doctor en el área de Proyectos Estratégicos, Flores fue panista por 21 años y llegó a ser consejero nacional. Como integrante del Grupo San Nicolás fue síndico en se municipio, diputado federal suplente en 2015 y el electo en 2018. 

También fue asesor jurídico de la Secretaría de la Función Pública y asesor técnico en la Legislatura 72.

Al día siguiente del asesinato, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gerardo Palacios, dijo que policías municipales de San Nicolás detuvieron a dos personas en posesión de un arma. 

Horas después el alcalde Daniel Carrillo hizo un pronunciamiento para desmentir al secretario estatal, al señalar que no había registro de detenidos en la Policía Municipal por ese ataque.

El encargado de la fiscalía también dijo que los dos detenidos portaban un arma de calibre que no coincidía con la usada en el crimen, por lo que no se les encontró nexo con el hecho. Y dijo que habían sido aprehendidos por la policía estatal Fuerza Civil, no la nicolaíta.

Hasta ahora no hay detenidos ni se ha mencionado que existan sospechosos ligados al homicidio del estratega legal del Congreso de Nuevo León.