CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Fiscalía General de la República (FGR) procedió penalmente en contra de Óscar Zamudio Campos, abogado del exdirector de Pemex, Carlos Treviño, por acusar al fiscal Alejandro Gertz Manero de supuesta tortura psicológica contra Emilio Lozoya.

En entrevista con Proceso, Zamudio revela que la FGR ya solicitó ante un juez de control la audiencia para formularle imputación, la que se realizará el martes 8 a las 12:20 en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte.

La FGR busca fincarle el delito de alegar, a sabiendas, hechos falsos o leyes inexistentes o derogadas, falta en la que pueden incurrir abogados patronos y litigantes y que se sanciona con penas de dos a seis años de prisión y multa de 100 a 300 días, así como la suspensión e inhabilitación para ejercer su profesión.

Antecedentes

En julio de 2022, Zamudio Campos acudió a la FGR a denunciar a Gertz Manero y al subprocurador, Juan Ramos, mano derecha del titular de la FGR, por supuesta tortura psicológica y emocional contra Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, con el objetivo de que presentara la denuncia en la que señaló a más de 70 personas por supuestos actos de corrupción.

Entre los denunciados está Treviño, último director de Pemex en el gobierno de Enrique Peña Nieto, a quien Lozoya señaló como supuesto receptor de sobornos de la empresa Braskem, filial de Odebrecht, para que Pemex mantuviera los contratos con Etileno XXI, lo que habría generado pérdidas multimillonarias a la paraestatal.

En su denuncia, el abogado señaló los audios de las llamadas telefónicas que fueron difundidas en redes sociales el año pasado, en los que se escucha al fiscal Gertz Manero presionar a Emilio Lozoya Thalmann, padre de Emilio Lozoya Austin, para que despida a Javier Coello Trejo, exabogado de su hijo, y se desista de un amparo.

Sin embargo, la FGR no sólo no investigó los hechos denunciados por Zamudio, sino que emitió un acuerdo de abstención de investigar bajo el argumento de que el abogado no había sido afectado directamente por la supuesta tortura ejercida contra Lozoya.

Esta decisión fue impugnada ante un juez de control, quien ordenó a la FGR investigar los hechos atribuidos por Zamudio a Gertz y Ramos.

Un ataque que amenaza “a toda la abogacía”

“Esta resolución del juez es lo que genera que hoy yo esté siendo blanco de esos ataques, y no sólo soy yo, es la abogacía en general”, apunta el abogado Zamudio Campos.

“Pretenden sostener que yo ‘alegué’ al denunciar, y eso es completamente incompatible, porque una cosa es alegar y otra cosa es denunciar; alegar se da en procedimientos judiciales frente a un juez, y denunciar se da en una relatoría de hechos que obliga a quien la recibe, que es la fiscalía, a esclarecerlos”, explica el litigante.

“La Fiscalía alegó que no era una resolución que me afectara a mí o a mi cliente, y el juez les dijo que tenían que investigar mínimamente y esclarecer los hechos, y el juzgador dejó claro que, desde su punto de vista, iniciar la carpeta era lo mínimo indispensable.”

Aunque la FGR inició la carpeta de investigación, de nueva cuenta emitió un acuerdo de abstención de investigar, pero ordenó dar vista al fiscal Manuel Granados Quiroz, quien encabeza las investigaciones contra Lozoya y Treviño, 

“El mismo fiscal que controla las indagatorias de Odebrecht y Agronitrogenados es el que está a cargo, sorprendentemente, de también judicializarme a mí”, dice Zamudio.

“Me señalan por haber denunciado hechos falsos; ese es el discurso de la Fiscalía y es lo que le van a decir al juez de control (…), lo que buscan con ese modus operandi es dejar a la gente sin defensa; así lo hicieron con Lozoya y así pretenden hacerlo ahora con Carlos Treviño”, argumenta.

Actualmente, la defensa en el caso Treviño ha intentado acreditar las inconsistencias en la denuncia de Lozoya, pues lo señaló por actos supuestamente cometidos cuando él todavía no era funcionario.

“La Fiscalía fingió creerle a Lozoya para usar una carpeta de investigación como instrumento de persecución penal. Es un asunto que se contrasta con lo que la Fiscalía hizo con Lozoya, a quien acusó formalmente de quedarse con los sobornos que recibió de Odebrecht, y esa versión formal es contradictoria directamente con la versión que Emilio Lozoya plasmó en su denuncia”, afirma Zamudio.

La FGR tiene pendiente la ejecución de una orden de aprehensión contra Treviño, orden que el exfuncionario ya intentó combatir mediante un amparo.

“Esto es principalmente un mensaje para la abogacía, para toda la ciudadanía en general, un mensaje que es muy claro: al fiscal no se le denuncia”, apunta.

De los más de 70 denunciados por Lozoya, la FGR sólo ha procedido penalmente contra Treviño y contra el exsenador Jorge Luis Lavalle Maury, a quien acusó de recibir sobornos para votar a favor de las reformas estructurales del expresidente Enrique Peña Nieto.

Lavalle Maury pasó un año en prisión preventiva justificada y actualmente se encuentra en prisión domiciliaria y vinculado a proceso por lavado de dinero.

La FGR no ha podido avanzar ni en ese caso ni en los dos que tiene contra Lozoya, mientras que Treviño permanece prófugo de la justicia.