COLIMA, Col. (Proceso).- Detrás del brillo de los galardones nacionales e internacionales cosechados por el Ballet Folclórico de la Universidad de Colima (BFUC), que han servido para el fortalecimiento político de los rectores en turno, se esconde una cara oscura y escandalosa relacionada con las condiciones de explotación que prevalecen en ese grupo artístico, a cuyo personal ni siquiera se le reconoce una relación laboral con la institución educativa.

Mientras el rector de la Universidad de Colima (Ucol), Christian Jorge Torres Ortiz Zermeño, tiene asignado un sueldo mensual de 201 mil 605 pesos y varios de sus colaboradores y asesores cercanos cobran entre 100 mil y 150 mil pesos por el mismo periodo, los miembros del ballet —que actualmente se encuentra en gira de 40 días por Italia— sólo perciben una compensación económica de mil 100 pesos cada mes, sin ningún tipo de prestaciones adicionales.

La casa de estudios no asume ninguna responsabilidad ante cualquier posible accidente, lesión o daño personal que pudieran sufrir sus integrantes durante la actividad dancística, ni les cubre todos los gastos económicos derivados de las giras por el extranjero.

La anterior situación quedó evidenciada luego de que Mónica Alejandra Macías Herrera, bailarina del BFUC a lo largo de casi una década, sufrió la rescisión de su contrato tras haber denunciado ante las instancias universitarias una serie de actos de discriminación y violencia de género en su contra.

En entrevista, dice que a través de la Unidad de Atención a la Violencia de Género de la Ucol intentó activar un proceso interno para tratar de detener una situación de violencia sistemática de parte de una compañera, pero dos meses después la queja fue archivada por esa instancia; “enseguida fui acosada y discriminada por los directivos del ballet y, finalmente, el pasado 9 de mayo fui despedida”.

Tras su separación del BFUC, Mónica Macías presentó una queja en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC) y una denuncia en la Fiscalía General del Estado (FGE), además de que a principios de julio demandó a la Ucol por despido injustificado ante el Tribunal de Justicia Laboral del Estado.

Comenta que en el informe rendido ante la CDHEC, la institución educativa rechazó todos los señalamientos y negó haber violentado sus derechos, pero ella se muestra decidida a llegar hasta donde las instancias y los procesos administrativos lo permitan.

“Estoy confiando en que estos procesos se lleven a cabo de manera correcta, apegados a derecho, y espero que las autoridades lleven a cabo una labor comprometida por la dignificación de la danza y la dignificación humana”, advierte.

Fundado en 1980 por el coreógrafo y escultor Rafael Zamarripa Castañeda, el Ballet Folclórico de la Universidad de Colima ha realizado desde entonces cerca de 40 giras internacionales por diversos países de América, Europa y Asia, y se ha presentado en la Plaza de San Pedro en el Vaticano ante 30 mil feligreses y frente a varios presidentes de México, Panamá, Guatemala y Corea.

En su sitio web, la Ucol presume asimismo que su ballet ha representado a México en festivales europeos donde ha sido reconocido como uno de los 10 mejores grupos de danza folclórica del mundo, mientras que en México ha actuado en importantes espacios culturales como el Palacio de Bellas Artes.

Orgullo…y deslinde laboral

El pasado 25 de julio, después de casi cuatro años sin giras internacionales como consecuencia de la pandemia de covid-19, el BFUC viajó a Italia para participar en el circuito del Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folclor y de las Artes Tradicionales, a donde se tiene previsto su regreso a principios de septiembre.

En la ceremonia de abanderamiento, el rector Christian Torres Ortiz dijo al grupo dancístico: “Llevan la representación artística y cultural de un país, del que hay que contrarrestar la imagen negativa que se tiene en muchas partes del mundo; eso hay que revertirlo, díganle a la gente lo bueno de su universidad, del estado y el país”.

En otro encuentro, Torres Ortiz destacó que en la reciente asamblea general de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), a la que acudieron rectores de instituciones educativas de todo el país, se expresó que uno de los embajadores más reconocidos de la Ucol es su ballet.

Sin embargo, el trato que reciben los miembros de este grupo artístico en su relación con la institución educativa no es proporcional con los grandes elogios que les prodigan las propias autoridades universitarias en los discursos ofrecidos en actos públicos.

A cada integrante del BFUC se le hace firmar un contrato civil de prestación de servicios independientes por año, donde además de enfatizar la naturaleza “no laboral” del documento, en la cláusula séptima la Universidad de Colima se deslinda de “toda responsabilidad que pueda surgir de posibles riesgos ocurridos durante la prestación del servicio (…), señalando de manera enunciativa mas no limitativa accidentes, contagios virales o daños causados por caso fortuito o fuerza mayor”.

Al respecto, Mónica Macías comenta que tanto en ensayos como en funciones del ballet ha ocurrido “un sinfín de accidentes” de los que no se ha hecho cargo la universidad.

Ejemplifica que durante una presentación en el Teatro Universitario, a principios de este año, un bailarín se golpeó la cabeza “de manera muy grave” y “la única atención que recibió fue retirarlo en ese momento y darle los primeros auxilios, pero quienes lo trasladaron a atención médica especializada fueron sus familiares, quienes tuvieron que asumir todos los gastos”.

En otras ocasiones, añade, “yo sufrí dos lesiones de cuidado: una en el hombro y otra en la pantorrilla y también tuve que cubrir absolutamente todos los gastos de mi atención, estudios y rehabilitación, que fueron alrededor de 25 mil pesos; así ha sido con todos los compañeros”.

Macías Herrera subraya también que las instalaciones en las que se trabaja no son las adecuadas, “se han hecho comentarios, pero no ha habido respuesta para que las condiciones lleguen a un óptimo estado para las clases, dinámicas y ensayos; una ocasión una compañera se voló una uña de un pie y muchos compañeros han sufrido caídas y resbalones”.

Contrato leonino

El contrato civil que regula la relación del personal del ballet con la casa de estudios contiene un clausulado favorable en su mayoría a los intereses de la institución educativa, que entre otras cosas se adjudica la posibilidad de concluir anticipadamente la vigencia del documento “sin que tenga que acreditarse causa justificada alguna, con la simple manifestación de la voluntad de la ‘Universidad’, comunicada por cualquier vía a ‘El Prestador’, inclusive de forma verbal o a su correo electrónico, con 15 días naturales de anticipación”.

Tras su despido, comenta Macías, “la universidad dice que nunca formé parte de la nómina, que no tengo registros como trabajadora y eso es obvio, es justamente lo que se está demandando: que a pesar de que existen los elementos y los factores que aseguran o asientan una relación laboral, ellos la están negando”.

Refiere que “por ejemplo, en el contrato de prestación de servicios independientes está señalado que no existe un horario, que no hay subordinación y que el servicio se presta de la manera en que la persona que firma el contrato puede, es decir, desde el espacio y los horarios donde puede brindar esos servicios, y eso es falso”.

La bailarina afirma que dentro de las actividades sí hay subordinación al director del ballet y existe un horario, que habitualmente era de 7:30 de la tarde a 10:00 de la noche, además de las actividades extraordinarias en las que se les solicitaba su presencia y su trabajo, que eran las funciones que se realizaban durante las temporadas.

Por lo tanto, Mónica Macías considera que el contrato “civil” que la universidad hace firmar a quienes participan en el BFUC “tiene muchas fallas, muchos términos falseados y ciertamente no es la realidad, es un contrato laboral disfrazado”.

Macías Herrera señala que a pesar de los bajos honorarios que paga a los integrantes del grupo artístico, la Ucol sólo les cubre una parte de los gastos que se generan en las giras internacionales y ellos deben aportar el resto a través de la venta de boletos para funciones especiales en Colima, así como la comercialización de calendarios, souvenirs o rifas, con la condición de pagar lo que no hubiesen vendido.

En el caso del transporte aéreo, comenta que tampoco se les provee en su totalidad, pues por ejemplo cuando ella estaba en el BFUC tuvo que entregar cinco mil pesos para complementar el pago de su pasaje para una gira a Estados Unidos.

En esa ocasión, añade Macías, la Ucol sí cubrió el gasto completo de hospedaje y alimentación, pero “nos daban casi puras hamburguesas de McDonalds y si uno quería alimentarse mejor tenía que pagar su comida”.

–¿Qué motiva a estar en el BFUC, a pesar de esas condiciones que se enfrentan al interior? –se le pregunta.

–Los espacios para el desarrollo y la proyección de la danza son realmente pocos y este ballet representa una motivación de desarrollo profesional; sin embargo, las condiciones de trabajo que ofrece nos cobran un costo muy elevado, es muy alto el precio que se paga.

El reportero solicitó, a través de la Dirección General de Prensa de la Ucol, la postura de la institución educativa frente a las denuncias realizadas por la bailarina despedida del ballet, pero la respuesta fue que no habría pronunciamiento al respecto.

Mientras espera el avance de los recursos presentados contra la casa de estudios, Mónica Macías considera injusto el trato que reciben quienes forman parte del BFUC, sobre todo por “la participación tan comprometida que hemos aportado cada integrante”.

Para ella, este asunto se ha convertido en “una causa personal por la dignidad y la justicia, por lo que espero que llegue a sentar un precedente para que las siguientes generaciones que integren el Ballet Folclórico de la Universidad de Colima sean reconocidas y tratadas como se merecen: con dignidad y respeto”.