CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La renuncia de Karla Quintana Osuna al frente de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) puso en alerta a defensores de derechos humanos y a familiares de personas desaparecidas que forman parte del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM).

En entrevistas por separado, Grace Fernández, del colectivo Búscame, Martín Villalobos Valencia, de la Fundación Mónica Alejandrina, y Raymundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL), manifiestan sus preocupaciones ante el riesgo de retrocesos, manipulación de cifras de víctimas, criminalización de personas desaparecidas y familiares, e incluso por la integridad de la exfuncionaria.

La salida de Quintana Osuna ocurre en medio de la elaboración de un censo para confirmar el número de personas desaparecidas, ordenado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

A través de un escueto comunicado, la Secretaría de Gobernación informó que, “por instrucciones el presidente de la República”, la titular Luisa María Alcalde Luján emitirá una “convocatoria para seleccionar a la persona titular de la CNB”, sin precisar fecha.

De forma vaga, la titular de la Segob “señaló que continuarán todos los esfuerzos institucionales posibles en las tareas de búsqueda de personas desaparecidas”.

Voces de alerta

Grace Fernández es hermana de Dan Jeremel, desaparecido en 2008 en Coahuila, presuntamente a manos de personal militar. Martín Villalobos, quien también forma parte del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda (CNCSNB), es familiar de Mónica Alejandrina Ramírez Alvarado, estudiante de psicología desaparecida en el Estado de México en 2004.

Ambos alertan en entrevista que habría indicios de que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) sería administrado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que encabeza Rosa Icela Rodríguez, muy cercana al presidente.

“Hasta ahora, el único registro de delitos o víctimas del que no tiene control la SSPC es precisamente el de Personas Desaparecidas, y todo parece indicar que se pretende que el RNPDNO sea manejado por la SSPC, lo que es sumamente riesgoso porque sabemos que desde esa secretaría se manipulan los datos sobre la comisión de delitos”, considera Martín Villalobos.

Al respecto, Grace Fernández resalta que, de pasarse el control del RNPDNO a la dependencia federal, “se estarían pasando por el arco del triunfo la Ley General en Materia de Desapariciones, pues hasta ahora la única institución con facultades para llevar ese registro es la CNB, nadie más”.

La manzana de la discordia

Aun cuando ambos familiares de víctimas señalan que desconocen con precisión qué motivó a Quintana Osuna a renunciar, consideran que, sin duda, el tema del censo de personas desaparecidas ordenado por el presidente y ejecutado por la Secretaría de Bienestar a través de los servidores de la Nación, “fue la manzana de la discordia”.

Esa instrucción del presidente López Obrador, agregan, genera incertidumbre entre los familiares de víctimas, que sospechan que la intención es disminuir el número de víctimas.

Fernández denuncia que integrantes de colectivos de familiares de desaparecidos han informado que, “sin sensibilidad, servidores de la Nación, con supuestos padrones de la aplicación de vacunas contra el covid, llegan a las casas de las víctimas, acusándolas de esconder a nuestros desaparecidos y cuestionando si están involucrados con el crimen organizado”.

Por su parte, Villalobos Valencia cree que, pese a los esfuerzos presidenciales por bajar las cifras de las víctimas de desaparición, “el censo seguramente sólo va a bajar en un porcentaje mínimo el número de personas desaparecidas, porque estamos viendo que el RNPDNO todos los días está creciendo, las desapariciones no paran”.

Llamado a las organizaciones internacionales de DH

Los activistas indican que la gestión de Quintana, iniciada el 8 de febrero de 2019, tiene múltiples claroscuros y deja temas inconclusos; sin embargo, admiten que ha sido la única funcionaria que confrontó a la Fiscalía General de la República (FGR) por su falta de colaboración en la búsqueda de desaparecidos.

Desde Nuevo Laredo, Raymundo Ramos hace un llamado a organizaciones internacionales para “brindar protección” a Quintana Osuna, por considerar que su integridad está en riesgo, toda vez que el poder militar podría haber exigido su renuncia.

“La doctora Karla no sólo se enfrentó a la FGR, también a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que continuamente le negaba su colaboración en la búsqueda de personas desaparecidas por personal militar o naval”, cuenta Ramos Vázquez, quien representa múltiples casos, entre los que destacan los de 47 personas desaparecidas por personal de la Secretaría de la Marina entre febrero y mayo de 2018.

“En al menos cuatro ocasiones la Sedena se negó a resguardar a la CNB, a la FGR y a los familiares de personas desaparecidas, alegando que no tenía personal, en una de esas ocasiones la doctora solicitó apoyo de la Guardia Nacional, que se lo negó señalando que la Sedena le había negado el pedido para ayudar en búsquedas de personas”, apunta Vázquez Ramos.

El defensor de derechos humanos insiste en su petición de que organizaciones internacionales, como la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional y Human Rights Watch, se mantengan pendientes de la integridad de Quintana Osuna.

“Sabemos que, aunque el presidente es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, no tiene la fuerza para pedirle al Ejército que rinda cuentas, de ahí el llamado a que las organizaciones internacionales estén al pendiente de la seguridad e integridad de Karla Quintana”, puntualiza.