CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las organizaciones civiles que representan a los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos acusaron a la juez Segundo de Distrito de mostrar “un innegable sesgo a favor del Ejército”, al ordenar la prisión domiciliara a favor del general Rafael Hernández Nieto, acusado de delincuencia organizada en el proceso penal.

Al señalar el “innegable sesgo a favor del Ejército”, las organizaciones que representan a los familiares de las víctimas sostuvieron que no tienen antecedentes en otros casos en que a personas acusadas por delincuencia organizada “se otorguen esta clase de beneficios, explicables sólo por la identidad militar el acusado y por el enorme poder que se ha otorgado a las Fuerzas Armadas en el presente”.

Resaltaron que en este caso “de forma extremadamente inusual la Guardia Nacional determinó en menos de 24 horas que el detenido no presentaba riesgo de fuga, celeridad y parcialidad que no se ha documentado en casos  de civiles acusados de delitos, y que resulta sumamente sospechosa”.

Tras conocerse en la víspera que la jueza Raquel Ivette Duarte Cedillo modificó de forma “inusual” la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa para que siga su proceso en prisión domiciliaria,en un comunicado el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez  (Centro Prodh), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, el Centro de Análisis e Investigación Fundar y Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), fijaron su posición sobre “un inusual beneficio” que recibió Hernández Nieto, quien “no es la primera vez que dicho  general recibe un tratamiento preferencial”.

Hernández Nieto, quien en septiembre de 2014 fungía como comandante del 41 Batallón de Infantería con sede en Iguala, y fue acusado por su colusión con la organización del crimen organizado que controla la región norte del estado de Guerrero, Guerreros Unidos, a la que se le atribuye la desaparición de los 43 normalistas.

Las organizaciones firmantes del comunicado resaltaron que Hernández Nieto, que entonces ostentaba el grado de coronel,  “es expresamente mencionado en los mensajes de texto intercambiados por narcotraficantes del grupo involucrado en la desaparición e los normalistas, con menciones que muestran que tenía un trato asiduo de convivencia con la delincuencia organizada”.

Destacaron uno de los mensajes intercambiados entre los narcotraficantes y que sirvieron para su procesamiento: “Voy a ir a telo a traer cosas y ve al coronel nieto para k este bien todo” (sic).

Agregaron que en el expediente judicial “en esos mensajes existen otras muchas alusiones al estrecho trato del grupo del crimen organizado Guerreros Unidos con los miembros del 27 y el 41 Batallón de Infantería, mientras Nieto era la cabeza de este último”.

 Las organizaciones recordaron que, en agosto de 2022 a Hernández Nieto, junto con otras 20 personas, se les dictó auto de formal prisión y más tarde, a petición de la propia Fiscalía General de la Republica (FGR), se canceló dicha medida, lo que motivó la salida de quien fuera el fiscal especial el caso, Omar Gómez Trejo.

Agregaron que los familiares de los normalistas, sus representantes y con el acompañamiento del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) “evidenciaron que esta decisión había sido ilegal”, por lo que se reactivaron algunas de las órdenes de aprehensión, entre ellas la del general, quien fue detenido el 6 de julio de 2023 y se le dictó el auto de formal prisión.

Al señalar que los padres y madres de los 43 normalistas están conociendo los detalles de la determinación, las organizaciones alertaron que el cambio de medida cautelar alimenta la impunidad.

Apuntaron: “es necesario señalar que desde ahora que esta inédita decisión es otro fuerte golpe de impunidad que acredita, como lo hizo la negativa castrense a entregar los documentos requeridos por el GIEI, que el Ejército mexicano se ha convertido en este sexenio en un poder sin contrapesos que obstaculiza impunemente el esclarecimiento de los casos de violaciones de derechos humanos en los que esta misma administración prometió verdad y justicia”.