CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El envejecimiento de los campesinos en el sector agropecuario amenaza la producción de alimentos y la seguridad alimentaria en el país. Más de 30% de los campesinos sobrepasan los 65 años de edad, mientras que casi 80% supera los 45 años, según datos del último Censo Nacional Agropecuario.

El problema radica en que la población joven y en edad productiva que se dedica a la actividad agrícola es cada vez más reducida. Según estadísticas nacionales, entre 1970 y 2023, el porcentaje de población de 0 a 14 años disminuyó de 46% a 23%, mientras que la población adulta de 30 a 64 años aumentó de 24% a 43%. Aunque la población de adultos mayores también ha aumentado, este grupo representa solo 10% de la población.

Asimismo, el censo reporta superficies agrícolas sin cultivar porque simplemente no hay quiénes las trabajen.

El presidente de la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos (UMFFAAC), Luis Eduardo González Cepeda, advierte que este fenómeno de envejecimiento se incrementará año tras año, lo que podría llevar al abandono de superficies agrícolas debido a la falta de mano de obra y la pérdida de conocimientos y experiencia en el campo.

Uno de los problemas adicionales que enfrentan los agricultores es la falta de educación formal, ya que alrededor de 50.6% de los productores solo cuentan con educación primaria. Esta limitación en su nivel educativo dificulta el acceso a nuevas tecnologías y procesos productivos, lo que reduce su capacidad para ser competitivos en los mercados.

Además, la UMFFAAC enfatiza la importancia de evitar políticas públicas clientelares basadas únicamente en apoyos sociales, ya que esto no retiene a los jóvenes en el campo y contribuye a la migración hacia Estados Unidos.

González Cepeda, advierte: “No se puede continuar con una política pública clientelar que brinda apoyos sociales insuficientes para retener a los jóvenes en las unidades de producción". El resultado, según González Cepeda, es un crecimiento de las remesas provenientes de los Estados Unidos, lo que “refleja el abandono del campo y la falta de oportunidades para los agricultores”.

En este sentido, la “ideologización” del sector agrícola se ha vuelto un grave error, según González Cepeda. La prohibición del glifosato, sin fundamentos científicos sólidos, pone en riesgo la eficiencia y rentabilidad de la producción agrícola, lo que a su vez afectaría la productividad del campo y la seguridad alimentaria del país.

“Lo que estamos viendo, es la aparición de grupos radicales dentro de las instituciones de la Administración Pública Federal, grupos que sin información verdaderamente científica tratan de prohibir herramientas como, por ejemplo, el glifosato, herbicida que ha sido utilizado por más de 50 años en nuestro país y que es una de las pocas opciones conocidas por su eficiencia y rentabilidad”, explica González Cepeda.