CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Guardián de Andrés Manuel López Obrador durante sus tres campañas presidenciales, una vez nombrado director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Audomaro Martínez Zapata, protege con celo documentos sobre violaciones a derechos humanos resguardados por el extinto Centro de Información y Seguridad Nacional (CISEN) relacionados con violaciones graves a derechos humanos cometidos de 1965 a 1990. 

La opacidad de la institución comandada por Martínez Zapata, denunciada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para el caso Ayotzinapa en su último informe, ahora es evidenciada por integrantes del Mecanismo para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH) de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990.

Como parte de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia (COVEHJ), creada por decreto presidencial el 6 de octubre de 2021, el MEH elaboró un documento que evidencia el desacato del general Martínez Zapata a la orden presidencial de entregar al Archivo General de la Nación (AGN) todos los documentos históricos “relacionados con violaciones graves de derechos humanos y persecuciones políticas vinculadas  con movimientos políticos”, de acuerdo al decreto presidencial de febrero de 2019.

Si bien el incumplimiento de la indicación presidencial también es compartido por las secretarías de la Defensa Nacional y Marina y la Fiscalía General de la República, de acuerdo al “Informe técnico sobre el archivo DFS-DGISEN-CISEN en el AGN”,  el MEH “no ha podido acceder a los archivos” del extinto CISEN,  antecesor del CIN, y que permitirían “conocer la lógica de la violencia y las estrategias represivas empleadas por el Estado contra sus enemigos y opositores” así como los casos de “personas que fueron detenidas torturadas y desaparecidas (…) durante los años setenta”.

El documento, al que tuvo acceso Proceso, puntualiza que el CNI “tiene bajo su poder documentación de las extintas Dirección Federal de Seguridad (DFS) y Dirección General de Investigación y Seguridad Nacional (DGISEN) que nunca fue transferida al AGN o que, en algún momento estuvo en el AGN, pero que a la fecha ya no se encuentra en el archivo a pesar de estar asentada en distintos instrumentos de consulta o catálogos”.

Asimismo, pone en evidencia las contradicciones entre el AGN y el CNI sobre la entrega o no de documentos, de acuerdo a respuestas a solicitudes de información y peticiones directas en el mostrador del AGN por parte de investigadores del MEH.

Mientras el AGN respondió al MEH que el CIN sólo entregó “un expediente”, el relacionado con el asesinato del periodista Manuel Buendía, ocurrido en 1984, como respuesta a la orden presidencial. De toda la producción documental resguardada en su momento por el CISEN de 1985 a 1990,  la institución encabezada por Audomaro Martínez Zapata, sostuvo que ya “ya realizó la transferencia de documentación al AGN el día 28 de septiembre de 2020”.

El MEH resalta que, “ante la solicitud de las actas de transferencia de esta entrega, el CIN es incapaz de probarlo, pues declara ‘NO SE LOCALIZO (sic) documento alguno que responda a la descripción respecto de’ …copias simples en formato de versión pública, de todas las actas sobre transferencias documentales del CNI al AGN, el año 2012 al día de hoy”.

Al detallar una serie de respuestas contradictorias entre ambas instituciones, el MEH sostiene que “a la fecha, ni el CNI ni el AGN han dado certeza sobre la condición de esta transferencia documental ni han permitido a las personas investigadoras del MEH acceder a esta documentación, a pesar de estar facultados para conocer todo tipo de documentación histórica  relacionada con violaciones graves a los derechos humanos durante el periodo 1965-1990”.   

El MEH refiere que sus investigadores detectaron “expedientes faltantes o incompletos, tarjetas que permiten confirmar la existencia de información que no fue entregada al AGN”, por parte del CISEN desde que en 2001 el ex presidente Vicente Fox emitió un acuerdo presidencial que obligaba a la Secretaría de Gobernación a transferir los archivos de la DFS y de la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales, que custodiaba en ese momento el CISEN.

Como ejemplos de las anomalías, el MEH muestra fotos de ficheros vacíos, por ejemplo en las gavetas rotuladas con las siglas del Partido de la Revolución Democrática, “no hay una sola ficha que se refiera al tema”, pese a que en el periodo que comprende el mandato del MEH al menos se cometieron 100 asesinatos de militantes de  665 denunciados por dicho partido en 2002 ante la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp)

Algo parecido ocurre con la gaveta rotulada con el tema “Campaña presidencial de Manuel Clouthier”, que tiene fichas de otros temas al consignado.

Aunado a ello, al explorar en los catálogos del CISEN que resguarda el AGN, hay evidencias de la existencia de un “registro computacional llamando UNIPLEX” o que fueron “elaborados en una PC” o bien  tarjetas que tienen un código de barras pero la información no está disponible para ser consultada, por lo que “constituyen documentación faltante”.

Ello sin contar con que en el catálogo de la DFS hay evidencia de que desde 1985 los documentos  correspondientes a 1953 a 1979 están microfilmados, de acuerdo a un documento firmado por Vicente Capello Rocha, quien fuera encargado del Archivo de la DFS en el AGN de 2002 a 2011.

Sobre los expedientes de quienes fueran agentes de la DFS, al hacer la búsqueda en el AGN se indica que “no se encuentra físicamente”, a pesar de que “hay fichas personales de agentes” de la corporación y que pudo haber desaparecido cuando en 2019 el CISEN pasó a formar parte del CIN; tampoco se encuentran las “fotografías de la Brigada Blanca, también llamada Brigada Especial, a la que se le atribuyen múltiples desapariciones políticas;

Pese a que hay fichas catalográficas de personajes como Ernesto Fonseca Carrillo, Miguel Ángel Félix Gallardo y Enrique Camarena Salazar, pero “no están disponibles para su consulta en el acervo documental del AGN”, ocurriendo algo parecido en referencias sobre la vigilancia de la DFS a Cuauhtémoc Cárdenas, Rafael Aguilar Talamantes o Manuel Becerra Acosta.

Tras la revisión en el AGN, los investigadores del MEH descubrieron que hay catalogada información que nunca fue entregada, como lo relacionado con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), o los asesinatos de 38 activistas, periodistas y políticos, como Luis Donaldo Colosio

El MEH en su informe reitera que el CNI ha incumplido los marcos legales que le obligan a entregar información al AGN, lo que “obstaculiza el cumplimiento cabal del mandato del VEH que deberá entregar su informe final en septiembre de 2024”.

En sus conclusiones considera que de acceder a los archivos del CNI “será uno de los principales legados del MEH a la sociedad mexicana en materia de verdad, memoria, justicia, reparación y no repetición, así como un reconocimiento del Estado mexicano a la importancia de los mecanismos de verdad y memoria”.