CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).–  Sin un plan de negocios que garantice su rentabilidad en el corto y mediano plazo, Mexicana de Aviación, la nueva aerolínea del Estado, que será operada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), levantará el vuelo en diciembre próximo; además lo hará tras las presiones del gobierno en tribunales y el descontento de jubilados.

Sobre la rentabilidad, el titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval González, apenas dijo en la conferencia matutina del jueves 10 de agosto: “El Grupo Aeroportuario Ferroviario Olmeca-Maya-Mexica controlará esas empresas y podrá ir utilizando los recursos para que las empresas puedan desarrollarse de mejor manera y ese punto de equilibrio se alcance entre todas, pues quizá en años, no sé, después del (20) 25, empecemos ya a tener en algunas de ellas una rentabilidad y quizá al (20)30”.

De acuerdo con el general, la aerolínea tendrá una inversión inicial de cuatro mil millones de pesos. Respecto de la flota aérea, Sandoval González reveló que inicialmente se arrendarán 10 aviones Boeing 737-800 de nueva generación, con sus respectivas tripulaciones, de los cuales tres serán entregados durante septiembre, y los otros siete restantes el 30 de octubre del presente año.

Además de que la compañía Boeing proporciona asesoramiento para elaborar el plan de negocios de la Aerolínea del Estado Mexicano, SA de CV, apoya en la obtención del certificado del operador aéreo y la implementación de los elementos necesarios para el inicio de operaciones.

La aerolínea gubernamental, además de no tener un futuro sólido en términos financieros, sus cimientos tuvieron que pasar por los tribunales ante el descontento de los jubilados de la otrora Mexicana de Aviación.

El 6 de julio último el primer Tribunal Colegiado de Trabajo de la Ciudad de México determinó suspender un amparo que había promovido un grupo de 229 sobrecargos jubilados para detener la venta de la marca Mexicana de Aviación y otros bienes inmuebles al gobierno federal.

“No nos escucharon”

Aunque el acuerdo que trascendió desde los sindicatos a inicios de año fue de alrededor de 816 millones de pesos, el presidente dijo que se hizo un avalúo y los trabajadores “van a recibir alrededor de mil millones de pesos”, por lo cual a algunos les tocaría desde 60 mil hasta 100 mil pesos.

“Se trata de una decisión que, debiendo ser sustentada en la argumentación jurídica, con objeto de encontrar en su sentencia justicia y legalidad, no dejó de recibir públicas y desafiantes presiones políticas de parte de los líderes sindicales, así como del Poder Ejecutivo, con el objetivo de mover la balanza contra los jubilados”, denunciaron. Se trata de un recurso dentro de uno de los siete juicios de amparo interpuestos por parte de jubilados.

“Sin habernos escuchado, recibido ni convocado, la retórica sigue siendo la misma: se nos solicita renunciar a un derecho elemental y de subsistencia; se nos pide renunciar a nuestra pensión jubilatoria y al monto que por ella nos adeuda Mexicana. Con los 60 mil pesos que el presidente dijo el día de ayer que recibiríamos no es posible vivir, comer y comprar medicinas para los pocos o muchos años que nos resten de vida. Somos personas de la tercera edad”.

De acuerdo con los sobrecargos jubilados de Mexicana de Aviación, consultados por Proceso, el fallo del Tribunal levantó la suspensión de la venta sin resolver aún el fondo del litigio. Es decir, el juicio sigue su curso hasta la obtención de una resolución de última instancia.

“Los jubilados fuimos testigos de que la justicia se interpreta y aplica de acuerdo con los diferentes momentos y actores políticos. No importa contar con sentencias (laudos) definitivas ni lo que éstos ordenan, sino lo que los gobiernos quieren”, denuncia Iván Enríquez Barragán, representante común de la demanda de los sobrecargos jubilados.

Es decir, el gobierno de Felipe Calderón fue omiso en su vigilancia y permitió la quiebra de Mexicana, quería una aerolínea menos; el de Enrique Peña Nieto nada hizo por vigilar que las autoridades cumplieran con su función y se pagara a sus trabajadores; tampoco fue capaz de poner frente a la justicia a los empresarios artífices de la quiebra; en otras palabras, quiso nadar de muertito. 

Mientras que la autoproclamada Cuarta Transformación quería una marca para operar su propia aerolínea, expusieron los inconformes.

De acuerdo con los sobrecargos jubilados, el monto recabado no se repartirá equitativamente entre los trabajadores, como lo afirma el presidente, sino que el monto se distribuirá de acuerdo al importe de los últimos salarios devengados, según puesto y categoría, con lo que serán mayormente beneficiados los que en ese momento ganaban más; es decir, entre directivos y pilotos, los menos numéricamente, se llevarán casi dos terceras partes del monto total. 

De los 815 millones 489 mil 759 pesos, los pilotos absorberán 43%, los directivos o personal de confianza 21%, el Sindicato Nacional de Trabajadores de Transportes, Transformación, Aviación, Servicios y Similares 19%, los sobrecargos 12%, los jubilados CMG y los jubilados AJTEAM 2%, respectivamente, mientras que los jubilados Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México el 1 por ciento.

“Este conflicto permitió demostrar que la información que le vierten al presidente es, por decir lo menos, imprecisa. No era posible una compra-venta de Mexicana sin considerar los juicios interpuestos por los trabajadores, tampoco se había llegado a un acuerdo con todos los trabajadores, ni la distribución será pareja ni equitativa; menos aún será justa”, explicaron. 

Los jubilados denunciaron que jamás se consideró su solicitud de audiencia con el titular del Ejecutivo, pese a que fue compromiso de parte de la ahora secretaria de Gobernación, Luisa Alcalde. 

“Es la ley la que ordena que, al venderse los bienes, deben pagarse los adeudos a los trabajadores y así debiera hacerse; la propuesta impulsada por el gabinete del presidente obedece a un acuerdo administrativo que, bajo ninguna circunstancia puede ser considerado como liquidación de nuestros derechos o sustitutiva de las sentencias previas obtenidas”, advirtieron.

Opacidad y pérdidas

No obstante, Mexicana de Aviación será operada por el Grupo Aeroportuario, Ferroviario y de Servicios Auxiliares Olmeca-Maya-Mexica, SA de CV, que también tiene bajo su cargo el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y próximamente el Aeropuerto de Tulum y el Tren Maya. 

Las rutas que la aerolínea del Estado cubrirá son Guadalajara, Ixtepec, Salina Cruz, Lázaro Cárdenas, Ciudad Victoria, Monclova, Palenque, San Luis Potosí y Tijuana, Huatulco, Mérida, Campeche, Chetumal, Ciudad Juárez, Acapulco y León, principalmente.

Proceso solicitó información a la Sedena sobre el presupuesto, el plan técnico, el costo de operación, mantenimiento e ingresos calculados de la aerolínea. Sin embargo, no ha habido respuesta.

El lanzamiento de la aerolínea estatal se da en un contexto en el que México se encuentra en la Categoría 2 de Seguridad de la Administración Federal de Aviación (FAA). Aunque el gobierno mexicano anunció que ya cumplió con los requisitos, aún no hay un dictamen que cambie la categoría.

La Categoría 2 implica que el gobierno mexicano incumple con los estándares de seguridad de la Organización de Aviación Civil Internacional, ya que la autoridad de aviación civil mexicana carece de una o más de las siguientes áreas: experiencia técnica, personal capacitado, mantenimiento de registros, procedimientos de inspección o resolución de problemas de seguridad y leyes o reglamentos de supervisión.

De acuerdo con el análisis de Intercam Banco, durante los últimos dos años las aerolíneas mexicanas no han podido lanzar nuevas rutas hacia Estados Unidos. 

En lugar de eso han reubicado sus esfuerzos en otros lugares y han lanzado operaciones a escala nacional y en América del Sur. Además, las aerolíneas estadunidenses tienen prohibido el mercado y la venta de boletos con sus nombres y códigos de designación en vuelos operados por México, y la FAA aumentó su escrutinio de los vuelos de aerolíneas mexicanas a Estados Unidos. 

Hasta agosto del año pasado la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, por sus siglas en inglés) calculó una pérdida de ingresos de alrededor de 9.32 mil millones de dólares debido a que México perdió el estatus de Categoría 1. 

El Producto Interno Bruto de México también vería siete mil millones de pesos menos debido a la degradación y el país perdería más de 170 mil empleos directos y casi 780 mil indirectos, agregó IATA. No se han dado nuevas proyecciones desde entonces.