Ciudad de México (Proceso).- Mientras los índices de violencia en la entidad van al alza, la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGJEM) investiga las presiones políticas al interior del Poder Judicial para liberar o resolver en favor de personas y exservidores públicos acusados de cometer delitos.

El pasado 20 de junio el ahora magistrado en retiro Carlos Arenas denunció públicamente que fue presionado por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Morelos, Luis Jorge Gamboa Olea, para favorecer a Luis Alberto “N”, alias “El Diablo”.

“El Diablo” fue acusado por la Fiscalía General de Justicia de Morelos de dos homicidios y un feminicidio, pero fue liberado luego de que una juez de control decidió no vincularlo a proceso.

La juzgadora Alejandra Trejo Reséndiz indicó que “El Diablo” se autoincriminó porque en una carpeta de investigación en la que tiene calidad de víctima señaló su domicilio, mismo que la fiscalía morelense utilizó para obtener una orden de cateo y de aprehensión y posteriormente intentar imputarle los delitos antes mencionados. Esto, pese a que en el domicilio cateado la fiscalía encontró pertenencias de las tres víctimas de los delitos atribuidos a “El Diablo”.

“El proporcionar el domicilio no lo relaciona con ningún delito, es una obligación procesal que todos tenemos de aportar nuestros datos generales cuando estamos declarando ante el Ministerio Público, ya sea como víctima, imputado o testigo”, explica en entrevista el fiscal general de Morelos, Uriel Carmona.

“Nosotros sostenemos que deben revocar la no vinculación del ‘Diablo’ y dictar la vinculación a proceso porque nosotros sostenemos que aportar el domicilio no implica autoincriminarse”.

De acuerdo con las autoridades de Morelos, “El Diablo” forma parte de Los Netos, una de las principales células generadoras de violencia en Huitzilac, liderada por su primo, Ernesto Ibarra Torres “El Neto”, actualmente vinculado a proceso y en prisión por feminicidio.

Por ello, la fiscalía apeló y el recurso fue enviado a la Segunda Sala del tribunal, donde el 3 de julio pasado el magistrado Arenas dio a conocer a sus compañeros que desde su punto de vista existen elementos suficientes para vincular a proceso y que no existió la autoincriminación alegada por la juez de control.

Arenas contaba con servicio de escoltas por otro asunto que denunció en 2019 y por el que recibió amenazas.

A través de un video difundido en redes sociales, el ahora magistrado en retiro relató que la audiencia de apelación del “Diablo” estaba programada para el 4 de julio pasado, pero que un día antes sus escoltas le fueron retirados sin mayor explicación.

De acuerdo con la denuncia, el día de la audiencia del “Diablo”, misma que se difirió para el 12 de julio siguiente, Gamboa Olea pidió a Arenas que modificara su voto en el caso del “Diablo” bajo el argumento de que el titular de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, el almirante en retiro José Antonio Ortiz Guarneros, le pidió apoyarlo en ese tema que calificó de “complicado” y que fue abordado durante una de las mesas de Construcción para la Paz y Seguridad de Morelos.

En dichas mesas únicamente participan el titular del Ejecutivo local, Cuauhtémoc Blanco; el secretario de Gobierno, Samuel Sotelo; el comisionado Ortiz Guarneros y la FGJEM. El presidente del tribunal únicamente acude como invitado, no como participante activo de dichas mesas, pues se refieren únicamente a prevención del delito, no a impartición de justicia.

Presiones

Un día antes de la nueva fecha de audiencia, Arenas recibió otra llamada inesperada, esta vez era Ulises Bravo, hermano del gobernador Cuauhtémoc Blanco quien le pidió que “resolviera conforme a derecho” en el caso del “Diablo”, en lo que el magistrado considera otra forma de presión, esta vez de personas allegadas al Ejecutivo local. Esa diligencia también se difirió para agosto próximo.

Carlos Arenas concluyó su cargo como magistrado del tribunal local el pasado 19 de julio y se desconoce quién llegará en su lugar para votar en la audiencia de apelación en la que se resuelva el caso del “Diablo”.

“Sí tenemos confianza en que la Sala resuelva correctamente porque hay dos magistradas que continúan integrándola, Guillermina Serafín y Carmen Aquino, quienes tienen mucha experiencia en la materia y les tenemos confianza, sin embargo, si confirman la libertad de este sujeto que asesinó a tres personas nosotros vamos a hablar; jurídicamente, pero sí lo vamos a hacer muy fuerte, porque no es posible que se sostenga la libertad de un sujeto al que le encontramos las pertenencias de las víctimas en su domicilio”, advirtió el fiscal Carmona Gándara.

Arenas dio a conocer que no es la primera vez que el presidente del tribunal local intenta “marcarle línea” para resolver en determinado sentido en un asunto.

Conforme a su denuncia, el magistrado presidente Gamboa le pidió favorecer al exsubsecretario de Evaluación y Seguimiento de Obras Públicas, Sergio Beltrán Toto, acusado por la Fiscalía Anticorrupción de Morelos junto con otros exfuncionarios de ocasionar daño patrimonial a la entidad durante la administración de Graco Ramírez al adjudicar directamente un contrato por más de 90 millones de pesos, pese a que la legislación local establece que en contrataciones de más de dos millones de pesos las dependencias deben realizar licitaciones.

Además, Beltrán Toto fue señalado por legisladores locales de recolectar dinero público de obras de Morelos para la campaña del excandidato a la gubernatura Rodrigo Gayosso Cepeda, hijastro de Graco Ramírez.

Luego de que la juez Trejo Reséndiz liberó a “El Diablo” el Ministerio Público federal del caso la denunció ante la Fiscalía Anticorrupción al considerar que hubo irregularidades en su resolución.

“No tenemos un embate contra el Poder Judicial, la institución es de nuestro respeto. Yo pertenecí al Poder Judicial muchos años y no tengo ningún encono ni un embate. Simplemente nuestra responsabilidad es ser firmes en la persecución de los delincuentes y no es posible que un delincuente de tan alta peligrosidad, que además es familiar de alguien que está vinculado a proceso por otro feminicidio (es primo hermano de alguien apodado ‘El Neto’ que permanece en prisión preventiva; y es familiar de otra femenina vinculada a proceso por secuestro), no puede ser que las autoridades de administración de justicia no resuelvan conforme a derecho. Nuestros señalamientos son estrictamente jurídicos”, comenta Carmona.

Luego de la liberación del “Diablo” y de la denuncia presentada contra la juez Trejo Reséndiz el presidente del tribunal, Jorge Gamboa afirmó públicamente que “mete las manos al fuego” por la juzgadora.

No obstante, el fiscal Carmona señala: “Entre las funciones de un presidente de tribunal no está la de defender las resoluciones de jueces y magistrados porque solamente representa al Poder Judicial y administra sus finanzas, no tiene intervención en funciones jurisdiccionales”.

Los señalamientos de Arenas contra el magistrado presidente del tribunal forman parte de las líneas de investigación de la Fiscalía Anticorrupción contra la juez Trejo Reséndiz.

“Contamos con datos de prueba en la carpeta de investigación que acreditan su presunta responsabilidad en el ilícito y con este nuevo elemento (la denuncia de Arenas) estaríamos en próximos días solicitando una audiencia para que esta persona que funge como juez comparezca ante uno de sus homólogos a responder sobre los delitos que le impute la Fiscalía Anticorrupción”, explica en entrevista Juan Salazar, titular de esta última dependencia de la FGJEM.

Salazar confirma que en esta investigación la fiscalía estatal solicitó los informes de las llamadas realizadas entre el hermano de Blanco Bravo y el magistrado Arenas, así como el historial de las llamadas de la juez Trejo para verificar si también ella fue presionada para liberar al “Diablo”.